Por no contar con el voto de respaldo mayoritario de sus integrantes, la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por el congresista Hernando Guerra García, desestimó debatir el proyecto de ley del Ejecutivo para adelantar las elecciones generales a octubre del presente año y recortar el mandato de la presidente Dina Boluarte y de los congresistas.
La decisión se tomó por 11 votos a favor 10 en contra y una abstención, al ser consultada la cuestión de orden del congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, en aplicación del artículo 78 del Reglamento del Congreso. Para que procediera el debate se requería el respaldo de 14 congresistas.
Según el artículo 78 del Reglamento del Congreso no se puede debatir ninguna proposición de ley que no tenga dictamen, salvo que lo dispense la mitad más uno del número de los Representantes presentes en el Congreso, previa fundamentación por escrito del Congresista o los Congresistas que soliciten la dispensa.
Si la proposición de ley o resolución legislativa es rechazada, el presidente ordenará su archivo. No podrá presentarse la misma proposición u otra que verse sobre idéntica materia hasta el siguiente período anual de sesiones.
La cuestión previa se votó luego que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro, expuso los alcances del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, para acortar el periodo de mandato presidencial y de los congresistas,
La iniciativa legislativa proponía el 8 de octubre del 2023 como la fecha tentativa para realizar las elecciones generales y que las nuevas autoridades inicien su mandato el 1 de enero del 2024, en referencia al Poder Ejecutivo, y el 30 de diciembre del 2023, para el Poder Legislativo. Asimismo, enfatizó que este nuevo periodo culminaría en julio del 2028.
En el caso de los parlamentarios andinos, el documento planteaba que su mandato culmine el 31 de diciembre de 2026, por lo que sus sucesores serán elegidos en los comicios regionales y municipales de ese año y cumplirán con su labor hasta el 27 de julio del 2028.
En otro momento de su exposición, Tello Alfaro afirmó que se buscaba dejar sin efecto la aplicación del plazo estipulado en el artículo 4 de la Ley N° 26859, por lo cual el Congreso sí podría aprobar las leyes necesarias para la realización de las Elecciones Generales de 2023.
Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) José Luis Salas Arenas afirmó que ante la situación de emergencia que atraviesa el país, es necesario acortar los plazos indicados el 15 de diciembre del 2022 en la sesión plenaria del Congreso de la República, por lo cual se deberán omitir las elecciones primarias, requiriendo de esta manera, un plazo de 230 días para implementar las elecciones generales, luego de realizada su convocatoria.
Además de la suspensión de las elecciones primarias, el titular del JNE afirmó que, para acelerar el adelanto de elección, es necesario modificar los hitos electorales referidos a la convocatoria de elecciones, aprobar las fechas límites para afiliación y desafiliación de las organizaciones políticas, entre otros.
En ese sentido, expuso ante los integrantes de la comisión dos cronogramas electorales, con las fechas tentativas para que los comicios se realicen en octubre del 2023 y abril del 2024.
Asimismo, el jefe del Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto Salinas, tomó la palabra para respaldar los cronogramas presentados por el JNE e indicó que la institución que dirige brindaría el apoyo técnico a los partidos políticos para que se realicen las elecciones internas, las que suplantarían a las primarias.
Durante su exposición, Corvetto Salinas propuso algunas reformas electorales como permitir la entrega periódica mensual del listado de personas fallecidas por parte del RENIEC y poder depurar el padrón electoral, incrementar a seis el número de miembros de mesa suplentes, incorporar causales de excusa a los miembros de mesa, obligar a todos los candidatos a consejeros y regidores a presentar información financiera consejeros y regidores, ampliar la jornada electoral y diferenciar la multa electoral por no asumir el cargo de miembro de mesa, la cual estaría basado en los niveles de ingresos.
Asimismo, Carmen Velarde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil solicitó a la representación nacional, modificar los artículos 83, 107, 201, 2022 y 203 de la Ley electoral, para facilitar la labor de la institución que dirige y agilizar la elaboración de los procesos electorales.
