El régimen autoritario de Dina Boluarte presentó un cantinflesco proyecto de ley para aumentar las condenas que se cometan durante un estado de emergencia, pero busca castigar a los manifestantes y no a las fuerzas del orden que durante los estados de emergencia perpetren asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos.
Para su propósito, el Ejecutivo ha presentado un proyecto de Ley al Congreso que busca modificar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal, el mismo que fue remitido con una carta dirigida al presidente del poder Legislativo, José Williams.
El proyecto argumenta que el objetivo es reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan” la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados” cometidos durante la vigencia de un estado de emergencia, sin embargo, resulta extraño que no mencione a las fuerzas del orden, sobre cuya represión hay numerosos vídeos que muestran desde asesinatos hasta desmanes: arrojo de piedras y hasta posibles incendios.
Todo se oriente a los manifestantes, por ello citan al Tribunal Constitucional (TC), que estableció que si bien existe el derecho fundamental a la manifestación, esta no ampara el uso de la violencia como un fin o mecanismo. El TC también indica que “los autores de los desmanes, actos violentos o delitos deben ser sancionados sin reprimir a todos los que participan de la protesta”.
Según el proyecto, el violar domicilio tendría una pena no mayor a 2 años de cárcel, lo actual, a pena de entre 2 y 4 años. Si mediante violencia se obstaculizan vías de comunicación o impide el libre tránsito, pasa de lo actual, de entre 5 a 10 años de cárcel a entre 6 y 10 años. Las formas agravadas de usurpación pasan de lo actual, de entre 5 y 12 años de cárcel a entre 8 y 15 años.
La pena por el daño agravado a un inmueble ajeno pasa de entre 1 y 6 años de cárcel a entre 4 y 8 años de cárcel. La del peligro por medio de incendio o explosión pasa de entre 3 y 10 años de cárcel a entre 4 y 12 años.
Muchas veces las modificaciones a las leyes se realizan cuando la realidad demuestra que la normatividad no es suficiente o adecuada para determinados fines, pero no se trata de ver la mitad del panorama, sino todo, pues si en estado de emergencia se ha constatado que las fuerzas del orden perpetraron delitos, esta mitad de la realidad es de mayor gravedad porque se trata de abuso del monopolio del uso de la fuerza que tiene el Estado.
Se trata pues de un paso más de el régimen hacia la dictadura, pues no le basta con cerrar calles con sus aliados alcaldes o dispersar a los manifestantes para acallar la protesta, sino que busca mayores condenas, mientras hasta ahora no hay condena ejemplar para los militares o policías violadores de los derechos humanos.
Si bien es cierto que cuando las protestas se cometen actos de vandalismo, generalmente por infiltrados, éstos deben ser reprimiedos, pero en todos los países civilizados se recurre a un trabajo profesional, dispersando o deteniendo, no abaleando, lo cual resulta mucho más condenable cuando no vemos que se abalee a sicarios, secuestradores o asaltantes peligrosos.
