La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos envió un oficio al régimen de Dina Boluarte exigiendo informar sobre la violación de derechos humanos en la represión de protestas ordenada por su régimen.
El requerimiento fue presentado mediante oficio que detalla información sobre los asesinatos perpetrados por las fuerzas del orden en las protestas, estigmatización, violaciones al debido proceso y otros abusos.
Según La República, el documento se refiere a la respuesta a la protesta social desde que Boluarte asumió la presidencia tras la vacancia de Pedro Castillo, el 7 de diciembre dl 2022, y señala que “se ha recibido información de que la situación de vulnerabilidad de personas del sector campesinos y de pueblos indígenas ha incrementado”, mencionando la cifra de fallecidos tomando nota de informes de la Defensoría del Pueblo, así como la declaración de Estado de Emergencia en distintas regiones del país desde diciembre de 2022.
El requerimiento señala que han recibido información de que “los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias de manifestantes; así como se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías o bajo algún tipo de custodia”.
Además, indica que, según autopsia sy análisis forenses “ todas las muertes en Puno habrían sido causadas por heridas de bala”, donde en seis personas fallecidas se habrían detectado restos de municiones de fusil AKM.
Mencionan el allanamiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que albergaba a manifestantes, por parte de la Policía; así como las detenciones arbitrarias contras personas que se encontraban en las instalaciones.
Señala que se reportó que la “respuesta policial y militar operativa ante las protestas viene acompañada de un discurso oficial que señala estar 'en guerra' y que califica a las personas que protestan como 'enemigos' o terroristas', lo que ha servido para justificar un actuar ofensivo por parte de las Fuerzas Armadas”.
Por lo expuesto, la ONU expresa su “profunda preocupación”. “Nos inquieta el aparente uso indebido del derecho penal y el poder fiscalizador del Estado para judicializar personas que ejerzan su derecho a la reunión pacífica”, indican.
El documento recuerda que “es deber del Estado, desde todos sus poderes e instituciones, asegurar a todas las personas la posibilidad de expresarse pacíficamente sus opiniones sin ningún temor, así como de ejercer sus derechos de libertad de asociación y reunión”.
La ONU da plazo de 60 días al Gobierno peruano para responder a la solicitud y sobre las medidas adoptadas “para garantizar que todas las personas ejerzan sus derechos de libertad de expresión y reunión pacífica”.
A esto se suma que brinden detalles respecto a "las políticas vigentes y los programas de formación para prevenir el uso excesivo de la fuerza" en manifestaciones, medidas adoptadas para garantizar el debido proceso, las facultades otorgadas a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en las protestas; entre otro aspectos más.
“A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al gobierno de su excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”, expresan.
