El ministerio del Interior (Mininter), en lugar de combatir la delincuencia que azota a diario a los ciudadanos, ahora enfoca sus esfuerzos a pretender parametrar el trabajo de los periodistas durante las protestas, con el pretexto de la seguridad, elaborando para ello un protocolo. Se trata de una pretensión autoritaria, basada en la ignorancia y el desparpajo, que debe ser frenada.
Ya se ha constatado actos autoritario del régimen de Boluarte contra la libertad de prensa y de información, por ejemplo al herir a un periodista de EFE que cubría los incidentes, y al amenazar a civiles para que no filmen los actos de represión, lo cual es intolerable.
Ante ello, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) cuestionó dicho protocolo de seguridad señalando que se trata de intromisión en la labor periodística que atenta contra la independencia que requiere para ejercer su derecho de expresión.
“Es una intromisión que pone en riesgo la necesaria independencia con la que debe contar un periodista en el ejercicio de sus derechos de expresión”, subrayó el CPP a través de un pronunciamiento y exigió el archivamiento inmediato del descabellado proyecto de ley.
El CPP criticó que dicho mamoetrto ni siquiera incluya una definición de la libertad de expresión ni de la libertad de prensa colocando a la Policía Nacional en un estatus de creadora de parámetros y lineamientos del trabajo periodístico durante las protestas.
“La PNP figura como creadora de parámetros y lineamientos durante las coberturas de protesta, cuando los periodistas deben tener absoluta libertad para reportear como consideren conveniente. Por ejemplo, sugiere ubicaciones ‘adecuadas’, lo que supone un direccionamiento de la cobertura”, cuestionó el comunicado.
Además, el proyecto de ley del Mininter “No se menciona la prohibición de confiscar, retener, destruir o alterar material periodístico ni detener arbitrariamente a periodistas, por parte de las fuerzas del orden”, subraya el CPP.
Sobre estas pretensiones autoritarias, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) calificó de “peligrosa” la porque implica “una regulación, bajo supervisión policial, de la cobertura periodística de las protestas”.
El IPYS recordó que lo normal es todo lo contrario, pues se debe “prohibir a los efectivos de fuerzas armadas o policiales cualquier acto de intimidación o violencia contra las y los periodistas”. Como se recuerdan son hechos que se han dado en la realidad durante este régimen de Boluarte.
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) llamó la atención por la forma “exprés” del Ejecutivo de haber elaborado el proyecto de ley.
“Las afectaciones a la visión de colegas como Rudy Huallpa (Puno) y Marco Antonio Ramón Huaroto (Lima), al igual que la impunidad en los casos de Alonso Chero y Alonso Balbuena, durante las coberturas de protesta del 14N, demuestran que el problema de fondo es la sanción a los agresores”, indicó la ANP.
Finalmente, una alerta fue emitida por la Defensoría del Pueblo: “Advertimos que el proyecto de protocolo de seguridad de periodistas en su versión actual no asegura una labor periodística libre de violencia ni garantiza el goce efectivo de las libertades de expresión e información”.
