La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH), tras su visita al Perú, elaboró un informe que señala que el Estado peruano violó de forma grave los derechos humanos al hacer un uso excesivo de la fuerza durante las protestas que se realizaron en todo el país exigiendo la renuncia de la mandataria y adelanto de elecciones tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.
“La respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”, indica el informe, citado por La República. En Lima, Ica, Arequipa y Cusco, la reacción de las fuerzas del orden, a cargo del Gobierno, estuvo “caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”, sostienen.
“Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados”, explican.
Ayacucho y Puno, masacre
En Ayacucho y Puno se cuentan 10 decesos, la comisión exige que las investigaciones deben darse con “debida diligencia y con un enfoque étnico-racial”. Además, denuncia que, al haber sido perpetradas por efectivos de la PNP y FF. AA., “las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”. “Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, reza el texto.
En Juliaca, la CIDH argumenta que la grave violación de derechos humanos no solo habría sido contra manifestantes, sino también contra terceras personas ajenas a las protestas sociales, es decir, lo que sucesivamente hemos visto en vídeos grabados por testigos y periodistas.
Manipulación para estigmatizar a indígenas y campesinos
La CIDH constató un “deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización”contra personas indígenas y campesinas, a las que se les calificada de “terroristas”, “terrucos”, “senderistas”, “cholos” o “indios”, entre otras formas despectivas.
“Estos mensajes no son inocuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población”, indican.
Finalmente, recomiendan diálogo e investigaciones por fiscalías especializadas en derechos humanos, no como está actuando la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien creó un equipo especial para investigar las muertes, que estará dirigido por la fiscal Marena Mendoza Sánchez, quien hasta febrero de este año veía casos civiles.
Recomienda, tras las investigaciones, juicios por jueces independientes, competentes e imparciales y con observancia de las garantías del debido proceso. De encontrarse responsables, las personas perpetradoras deben ser sujetas a las sanciones penales correspondientes. Las víctimas de violaciones de derechos humanos deben ser reparadas de manera íntegra”, agrega el informe.
La CIDH pide que se incrementes los recursos del Ministerio Público “para asegurar el cabal desempeño de sus funciones de prevención e investigación del delito” y aumentar las fiscalías especializadas en derechos humanos.
