El Ministerio Público citó a la presidente Dina Boluarte para que declare sobre el presunto delito de genocidio de manifestantes (incluso no manifestantes) perpetrado durante las protestas realizadas en diversas regiones del Perú en diciembre de 2022 y enero de este año, en las cuales exigieron su renuncia y nuevas elecciones.
La mandataria deberá responder este 31 de mayo por la investigación preliminar que realiza la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de genocidio en consecuencia de las muertes en las protestas ocurridas en diciembre del 2022 y enero del 2023.
Otros sujetos involucrados en la investigación son el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola; el exministro Pedro Angulo (quien le precedió en el cargo), además de los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes. También está citado el actual ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.
Boluarte deberá acudir a rendir su manifestación debido a que el Poder Judicial declararó fundada en parte la tutela de derechos presentada por la Procuraduría General del Estado, que buscaba ser incluida en la investigación, por la declaración del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola ante la Fiscalía de la Nación.
Previamente, la cuestionada fiscal de la Nación, Patricia Benavides, había suspendido la toma del testimonio de la mandataria hasta que la tutela de derechos presentada por la Procuradoría sea resuelta por el juez supremo Juan Carlos Checkley.
En tanto, una y otra vez Boluarte dice que no hubo masacre, cuando los muertos son más de 60, e incluso culpó de ello al detenido expresidente Pedro Castillo, a quien tildó de ser el “asesino sentado en la Diroes”.
