Al acudir a la citación de la Fiscalía, la presidente Dina Boluarte mostró una total falta de respeto por la vida de los ciudadanos peruanos al menospreciar a los abogados de los familiares de los fallecidos durante la masacre de manifestantes en las protestas realizadas en diciembre de 2022 y enero de este año para exigir su renuncia y nuevas elecciones.
La mandataria se presentó ayer en el despacho de la fiscal de la Nación, para responder por la muerte de 49 civiles. En cambio, sí respondió a las preguntas de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su adjunto Marco Huamán, quienes la favorecieron con interrogantes sencillas, generales, sin detalle de los hechos y sin repreguntas.
Como si Boluarte fuese una analfabeta o persona que desconoce nuestro idioma, su abogado Joseph Campos Torres se arrogó el papel de “intérprete” de las preguntas de los fiscales intentando desviar la materia, por lo cual debió ser frenado por la fiscal de la Nación, pues los fiscales le advirtieron que no podía actuar de esa forma.
Durante la cita, la Procuraduría señaló que la interrogada parecía leer sus respuestas de unas hojas, pero Boluarte explicó que solo se trataba de unos apuntes con números y fechas de resoluciones que había llevado, por lo cual Benavides le prohibió leer o dar la impresión de que leía, notificándole que sus respuestas debían ser espontáneas, de lo que recordara sobre los hechos materia de investigación.
Las preguntas de Benavides fueron unas 20, seguidas por las interrogantes de la Procuraduría y los abogados de las víctimas, pero Boluarte menospreció a estos últimos al no querer responder.
Su abogado Joseph Campos, adujo que Boluarte se acogió a su derecho al silencio y que la Corte Suprema todavía no resuelve la apelación presentada por la Fiscalía contra la resolución del juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley de autorizar la participación de la Procuraduría y los abogados de las víctimas en la investigación y los interrogatorios. Sin embargo, Boluarte tenía el deber moral de responder y no lo hizo.
Boluarte dijo que se enteró de las muertes por la prensa
Boluarte dijo a Benavides que se enteró de las muertes por las protestas por la prensa, pero los fiscales no repreguntaron si accedió a reportes de inteligencia sobre dichos decesos. No es creíble que los responsables no hayan omitido la elaboración de estos informes y menos que los ministros de Defensa e Interior no los hayan requerido para informar de primera mano a Boluarte, como debería ser.
La mandataria alegó que ella no conocía los planes operativos que de las Fuerzas Armadas y la Policía para enfrentar la protesta social porque no era su “facultad” conocer los planes operativos.
También dijo que la Presidencia no es ejecutiva ni decide nada, que es el Consejo de Ministros el que evalúa, discute y toma las decisiones de gobierno que se requieran.
Además, aseveró que ella no tiene relación o vínculo directo con los militares y policías, sino que se dirige a ellos a través de los ministros de Defensa o del Interior y agregó que su gobierno solo emite directivas generales y compete a cada sector aplicar ejecutar las acciones necesarias para cumplir con los objetivos previstos.
Ayudada por Benavides
Como si fuese su amiga, Benavides no le preguntó por qué no destituyó de inmediato a los ministros responsables de las operaciones que terminaron en masacre. Por el contrario, como se sabe, a uno de ellos, Alberto Otárola, entonces ministro de Defensa, tras la masacre lo premió colocándolo en el cargo de presidente del Consejo de Ministros, hecho que debería ser valorado por la justicia, del mismo modo en que se valoró en su momento que la dictadura fujimontesinista premió a los asesinos del grupo Colina con ascensos.
