La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, que preside la congresista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), aprobó por mayoría (14 votos a favor y 9 en contra), el dictamen que reforma el sistema previsional de nuestro país.
Se trata del dictamen recaído en los proyectos de ley nros. 118/2021-CR, 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2278/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR y otros, que proponen la “Ley de reforma del sistema previsional peruano”.
La propuesta tiene por objeto efectuar modificaciones en los sistemas público y privado de pensiones, así como incorporar un régimen de aportes complementarios a aquellos aportes obligatorios dispuestos en dichos sistemas y establecer un fondo de cobertura para garantizar el pago de una pensión mínima a sus afiliados.
Además, tiene por finalidad, lograr que sus beneficiarios accedan progresivamente a una pensión digna y justa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución.
Asimismo, la propuesta es aplicable a todas las personas mayores de edad, afiliadas o no al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de Pensiones (SPP), siempre que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en estas.
El dictamen establece la modernización del Sistema Nacional de Pensiones mediante la sustitución del régimen de reparto por un régimen de asignación de cuentas individuales de capitalización acumulativa (CICA) de sus afiliados, que tendrá las mismas características que las ofrecidas por las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
La norma, de ser aprobada por el Pleno del Congreso, regirá desde el 1 de enero del 2024, está estructurada por nueve capítulos, siete disposiciones complementarias finales, dos disposiciones complementarias modificatorias y una disposición derogatoria.
Entre otros aspectos se establece, también que los trabajadores independientes afiliados al Sistema Privado de Pensiones que perciban ingresos mensuales que constituyan rentas de cuarta categoría o quinta categoría, tendrán que aportar obligatoriamente para su jubilación.
El dictamen quedó expedito para ser debatido en el Pleno del Congreso.
