El Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa que declara haber lugar a la formación de causa penal contra la exlegisladora aprista Luciana León Romero, por ser presunta autora de los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso en agravio del Estado.
La votación se realizó a cabo por separado, es decir, delito por delito. En consecuencia, el presunto delito de tráfico de influencias agravado recibió el voto aprobatorio de 73 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.
El presunto delito de cohecho pasivo impropio obtuvo 74 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones; y el de peculado doloso por apropiación, recibió el voto aprobatorio de 75 congresistas, dos en contra y tres abstenciones.
Para aprobar esos supuestos se requería del voto de 50 congresistas, es decir, la mitad más uno de los miembros del Congreso, menos el total de los integrantes de la Comisión Permanente, puesto que se encuentran impedidos de votar, de acuerdo a la Constitución y el Reglamento del Congreso.
La decisión de la representación nacional fue tomada después de escuchar el Informe Final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por parte de su titular Lady Camones Soriano (APP) y de la congresista delegada del caso, Susel Paredes Piqué (CD-JPP), así como la defensa de la acusada y el debate parlamentario correspondiente.
LA ACUSACIÓN
La congresista Camones Soriano fue enfática al señalar que la investigación respectiva, que se inició con la presentación de la denuncia formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, el pasado 11 de marzo del 2022, tuvo todas las garantías de procedimiento y el derecho a la defensa.
En ese sentido, dijo que la Denuncia Constitucional N.° 240 identificó los supuestos delitos de los que se acusa a la exparlamentaria y los corroboró con evidencias presentadas.
Por su lado, Paredes Piqué refirió que se atribuye a la denunciada haber gestionado en favor de la Municipalidad de La Victoria el financiamiento de obras públicas entre los años 2017 y 2018.
Para ese efecto, habría hecho gestiones ante funcionarios de los ministerios de Economía y Finanzas; y Vivienda, Construcción y Saneamiento, para después direccionar la ejecución de las obras a consorcios o empresas vinculadas a Alexander Peña Quispe, presunto líder de la organización criminal “Los intocables ediles de La Victoria”.
Así también se le atribuye haber recibido sumas de dinero a cambio de sus gestiones, y haber contratado a “trabajadores fantasmas” para recibir su remuneración en beneficio propio.
Paredes Piqué aludió a mensajes de chat a través de su celular en los que se registraría la verosimilitud de los hechos denunciados.
EL DEBATE
Durante la participación de los parlamentarios, Elías Varas Meléndez (PB) pidió “separar la paja del trigo” y no confundir el cumplimiento de la gestión parlamentaria con los delitos de cohecho, peculado y tráfico de influencias. Asimismo, que sea el Estado el que investigue y sancione, si tiene que sancionar.
Los congresistas Pedro Martínez Talavera y Wilson soto Palacios (AP) llamaron la atención para cuidar que no se criminalice la función de representación.
Entretanto, la congresista Ruth Luque Ibarra y Roberto Kamiche Morante (CD-JPP) pidieron restituir en la acusación el presunto delito de organización criminal, que la Comisión Permanente desestimó.
Ruth Luque Ibarra planteó una cuestión previa para que se analice este aspecto de la denuncia, pero la titular de la subcomisión señaló que tenía que ser la mesa directiva la que tome la decisión, ya que podría presentarse una acción de amparo en contra del cuestionamiento y afectar todo el proceso.
Más adelante, el pedido fue declarado improcedente.
Por su parte, la congresista Rosangella Barbarán Reyes (FP) hizo hincapié en la lección que tiene el caso para los jóvenes, como es ingresar a servir al Estado para beneficiar a la población, pero también advirtió que es necesario cuidar que se acuse fácilmente una gestión. Para ello, recomendó que las acciones tengan que hacerse de la forma más transparente.
Similar opinión tuvo la congresista Noelia Herrera Medina (RP), Bernardo Pozo Nunura (SP) y Tania García Ramírez (FP), entre otros, quienes pidieron dejar un precedente en la lucha contra la corrupción y dejar que sean el Ministerio Público y el Poder Judicial los que se encarguen de la investigación del caso.
LA DEFENSA
La excongresista León Romero calificó su presencia en el Congreso como un honor para dar la cara y decir su verdad. Asimismo, dijo que es oportunidad para aclarar que no fue con el allanamiento de su casa para enterarse de las comunicaciones que hizo, sino que fue ella la que entregó su celular y la clave, porque no tenía nada que esconder.
Señaló que su caso fue producto de una venganza y para “llevar luces a otro lado” y dejar de lado denuncias contra el expresidente Martín Vizcarra. Asimismo, que las acusaciones contra ella no han sido corroboradas ni que existan audios con su voz y menos mencionar la existencia de “tamalitos”.
Por su lado, indicó “haber colgado las zapatillas” en política, no pertenecer a ningún partido político ni tener intención de ello.
Su abogado Humberto Abanto Verastegui sostuvo que su patrocinada está acusada de dos delitos por un solo acto, y que eso no es posible en el derecho.
También sostuvo que las acusaciones se basan en publicaciones periodísticas y en supuestas declaraciones de colaboradores eficaces, a quienes se les daría todo tipo de credibilidad y no a la parte acusada.
