Una vez más el fujimorismo sirve de caballito de batalla a empresas envilecidas. Esta vez la bancada de legisladores sumisos a Keiko Fujimori está promoviendo un proyecto de ley para permitir que empresas que violen las normas municipales sean protegidas del cierre, incluso ponen en peligro la seguridad de los clientes o no respetan el límite de decibeles permitido.
Ante tal despropósito, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, expresó su preocupación a través de RPP, medio donde el impresentable legislador Hernando Guerra García defendió el proyecto de norma, que fue aprobada por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.
El fujimorista Guerra García, al alabar dicho Proyecto de Ley, N.° 4952-2022, denigró el control municipal tildando de “arbitrario”, durante el debate que sostuvo con Canales en RPP.
Canales aseguró que se trata de una “ley mordaza para los vecinos” porque los municipios no podrían actuar contra los negocios que infrinjan normas o atenten contra los residentes, por ejemplo. los locales nocturnos que hacen ruido excesivo, sobrepasando los decibeles permitidos; o los restaurantes insalubres y agregó que desde enero ha recibido miles de llamadas de vecinos con denuncias contra negocios del distrito.
“Si sabes que en las noches es 60 el máximo (de decibeles), ¿por qué tienes que tener 80 o 90? Si tu aforo es de 200 personas, ¿por qué tienes que tener 480 personas? Si te dicen que tienes que tener Defensa Civil, ¿por qué no tienes tu certificado de Defensa Civil o lo tienes vencido? Todo eso conduce al respeto de la vida”, preguntó.
Sobre los infractores, Canales explicó que el procedimiento durante la fiscalización contempla sanciones como los cierres temporales, pero los empresarios pueden subsanar las observaciones presentadas.
Guerra García aduce que si se aprueba el proyecto los municipios no podrán hacer “cierres arbitrarios” y que el cierre debe ser la máxima sanción, restringida a aquellos negocios que sean “un peligro para la vida”; por lo que consideró que primero debe haber “sanciones preventivas”.
La Municipalidad de Miraflores en un comunicado rechaza la aprobación de este proyecto de ley, al considerar que “evidencia una postura a favor de la informalidad, la discriminación, la impunidad y el libertinaje en materia comercial”.
