Pobladores de la amazonía piden que Gobierno los escuche
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Después de que los enfrentamientos en Bagua cobraran la vida de efectivos policiales y nativos, el Gobierno parece no haber entendido que para impulsar la economía es necesario tomar en cuenta la sociedad multicultural del Perú. Se pueden manifestar nuevos enfrentamientos sociales si se insiste en no prever las consecuencias de favorecer a empresas mineras, sin velar por el bienestar de la población.
Tres poblaciones de la amazonía manifiestan su rechazo ante la decisión del Gobierno de abrir paso a las mineras sin tomar en cuenta el impacto ambiental.
La población awajún-wampis del Cenepa (Amazonas) reclama desde hace cuatro años la restitución de 88,744 hectáreas que el Estado tomó del parque nacional Ichigkat Muja para darlo en concesión a la minera Afrodita.
Cuatro años también tiene la solicitud de los secollas-boras del Putumayo (Loreto) para que la zona del Güeppi sea convertida en un parque nacional.
Ambas poblaciones han manifestado a las autoridades del gobierno central que no aceptan actividades mineras ni petroleras en sus tierras.
En el sur de la amazonía, los harakmbut que pueblan Inambari (Madre de Dios) se mantienen alertas para impedir que la petrolera Hunt Oil vuelva a ingresar a la reserva comunal Amarakaeri.
Ahora pretenden levantarse para evitar que se siga construyendo la hidroeléctrica de Inambari, por temor al daño a la biodiversidad especialmente en el Parque Nacional Bahuaja Sonene.
Según el presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa, Zebelio Kayap, las comunidades awajún-wampis están cansadas de no recibir respuesta a los oficios enviados al Ministerio de Energía y Minas.
Zebelio Kayap afirma que el Gobierno dio autorización de ingreso a la minera Afrodita y que concesionaron la Cordillera del Cóndor cuando ya se había firmado un acta con Inrena para crear allí el parque Ichigkat Muja en un área de 152 hectáreas, que fue recortada sin respetar el documento firmado.
Los nativos del Cenepa exigen al Estado que cumpla el acta de creación del parque en el área acordada y que se les delegue su vigilancia y administración. También piden revocar concesiones mineras en el Cenepa por incumplir el derecho a la consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT, así como el retiro de las empresas Afrodita y Dorato.
Asimismo desconocieron el Estudio de Impacto Ambiental de la minera Afrodita, no solo porque las audiencias públicas se hicieron fuera del Cenepa sino porque decidieron rechazar toda actividad extractiva en esta zona fronteriza.
Además Zebelio Kayap denunció la presencia de minera Sierra Dorada en la comunidad Nueva Vida, la misma que ha construido una draga flotante en el río Marañón, sin licencia social.
El 8 de noviembre del año 2005, representantes de los ministerios de Energía y Minas, Relaciones Exteriores y Defensa, así como del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el propio Instituto Nacional de Recursos Naturales y la minera Afrodita, se reunieron para tratar la exploración minera en la Cordillera del Cóndor.
Ahí acordaron que Inrena debía emitir un informe a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Minem “en el cual dé opinión técnica favorable para la exploración minera de la Cia. Minera Afrodita, en la Cordillera del Cóndor”.
La nueva opinión de Inrena se emitió el 11 de enero del 2006. La solicitud a Inrena se hizo, según el Minem, porque la concesión fue antes de crearse el área natural protegida.
(Con información de La República)
