Por Rocío Ferrel
El rating lo maneja en el Perú la empresa IBOPE, la cual en televisión mantiene un monopolio pese a su cuestionable desempeño y tecnología obsoleta, gracias a una mafia que la encumbró desde tiempos de la dictadura fujimorista.
Dueña absoluta de la verdad sobre los niveles de sintonía del público, esta empresa se dedicó a proclamar que los programas basura, que envenenan la mente de niños y adultos, son los que obtienen mayor rating, y así dictaba y dicta qué programas deben desaparecer.
Claro está, IBOPE nunca admitió que los programas educativos o culturales tengan importante audiencia, pese a que al público peruano le agradan. Ejemplo de ello era el concurso “Lo que vale el saber”, que dirigía el desaparecido Pablo de Madalengoitia, y que era uno de los preferidos en su tiempo.
El canal del Estados sometido al rating
Tras los cuestionamientos a la excesiva figuración de la primera dama Nadine Heredia en Canal 7, la directora del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), María Luisa Málaga Silva, se presentó ante la comisión de Fiscalización del Congreso para responder sobre estas acusaciones.
Además de justificar que se exhiba a Heredia siempre en las actividades de los ministros, en lugar de tener agenda propia de Primera Dama, Silva dijo muy suelta de huesos que la presencia de Heredia se debe a que “De acuerdo con los estudios de rating que manejamos, las actividades oficiales, incluyendo las de la Primera Dama, tienen mayor aceptación en el público”.
Claro está, instituciones a cargo del gobierno pagan o pagaron millones a IBOPE por estudios de rating, por ejemplo EsSalud, sin importar la cuestionable calidad de esta empresa, que claramente ha servido (¿sigue sirviendo?) a intereses políticos.
Ejemplo de ello es la marginación de IBOPE a RBC, por no contratar sus servicios, lo cual fue avalado por los gobiernos de Alan García y el de Ollanta Humala, que no contrataron espacios en RBC por ese motivo. RBC demostró, contratando a una encuestadora independiente, que no es cierto que carezca de público simpatizante, sino que programas como “Habla el Pueblo” figuran entre los primeros lugares.
Esta situación demuestra que no hay la tal mentada “gran transformación”. El plan de envenenamiento y producción de basura televisiva, que también contribuye a la exacerbación de los instintos y la violencia, continúa en marcha.
Un canal del Estado no tiene por qué correr al vaivén de supuestos ratings; su deber es informar y educar, con mayor razón si la mayor parte de canales difunde basura, lo cual parecen no entender los burócratas mediocres e ignorantes enquistados en el aparato estatal; lo mismo que la Primera Dama, que acepta esta aberración pese a que es comunicadora profesional, y así gustosa antepone su figura al deber que tiene el Estado en cuanto a contenidos.
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