Poder Judicial niega haber concedido amparo a galerías incendiadas en Mesa Redonda
Sobre las versiones municipales que apuntan al Poder Judicial acerca de amparos para que puedan seguir operando las galerías que se incendiaron el viernes último, dicho poder del Estado desmintió los hechos.
Recordaron que en algunos medios de comunicación se ha señalado que las galerías " La Cochera", y "Mercado Central", ubicadas dentro del complejo de "Mesa Redonda", han venido funcionando gracias a una autorización otorgada por el Poder Judicial a través de medidas cautelares dictadas en Procesos de Amparo, lo cual es falso.
Explican que "La Cochera" vino funcionando con la autorización administrativa correspondiente. Y en el caso de la Galería "Mercado Central", las dos demandas de Amparo y la medida cautelar planteadas para asegurar su funcionamiento fueron declaradas improcedentes por el Poder Judicial. Es más, de acuerdo con lo propalado por diversos medios de prensa el 7 de diciembre de 2011, la Municipalidad de Lima Metropolitana autorizó dicho funcionamiento a través de un acta de compromiso (conciliación) suscrita entre su Gerente de Seguridad Ciudadana y los comerciantes involucrados.
No obstante, reconocen que existen problemas generados por un uso distorsionado de medidas cautelares en procesos de Amparo, por lo cual, a iniciativa del mismo Poder Judicial, la Comisión Nacional Anticorrupción por unanimidad aprobó una propuesta de reforma del Código Procesal Constitucional destinada a establecer un tratamiento de estas medidas cautelares que, sin perjudicar el derecho de acceso a la justicia de todo ciudadano, permite revertir los cuestionamientos hoy existentes.
Cuestionaron que esta propuesta de reforma no solamente no fue acogida por el Congreso de la República, sino que se ha habilitado que la misma vaya al archivo sin un pronunciamiento definitivo sobre el particular. Por este motivo la Presidencia del Poder Judicial, apuntalando su propia iniciativa en este tema, que en su momento fue respaldada por unanimidad por el Ministerio de Justicia de aquel entonces, el Tribunal Constitucional, los representantes de los gobiernos regionales y locales, la CONFIEP y diversas entidades públicas y privadas, enfatiza que, buscando hacer cumplir la iniciativa legislativa ya ejercida por la Sala Plena de la Corte Suprema, insistirá con el proyecto de ley que en su momento presentó con el apoyo de toda la Comisión Nacional Anticorrupción.
La Presidencia del Poder Judicial solicita públicamente al Presidente del Congreso y al Presidente de la Comisión de Justicia de esa misma institución que impulsen un rápido debate y aprobación de esta iniciativa, recogiendo así el amplio consenso existente para contar con un tratamiento normativo distinto del actual, y cercano al ya planteado por el Poder Judicial del Perú y un conjunto de instituciones públicas y privadas.
