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Cifras sobre falsificación han sido reconocidas por la Digemid y autoridades
En relación a las declaraciones vertidas el día de hoy por el señor Ministro de Salud, en RPP, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Nacionales, ADIFAN, expresó:
1. La cifra señalada por la institución, referida a que el 30% del mercado de medicinas peruano está constituido por productos “bamba”, no sólo responde a los resultados obtenidos en las pesquisas que ha llevado adelante la DIGEMID (y que el propio Ministro reconoce que su incidencia estadística alcanza dicho porcentaje), sino que, además, ha sido corroborada por la División de Policía Fiscal, la que, además, ha confirmado que sólo en Lima y el Callao la Policía ya ha incautado 4.5 toneladas de fármacos adulterados, en mal estado y de contrabando. Esta información apareció en el diario La República el día 11 de setiembre de 2009 y está colgadas en la página web http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090911/20/node/217411/todos/13.
Algo más, el porcentaje señalado por ADIFAN mal puede ser calificado por el Ministro como exagerado, cuando el propio Jefe de la DIGEMID, doctor Víctor Dongo Zegarra, señaló:
a) Al Diario La República, edición del 20 de abril de 2007, que “El mercado nacional de medicinas mueve US$ 650 millones al año. Eso significa que los peruanos gastamos US$ 160 millones en medicinas falsificadas (ello corresponde al 25% de las ventas totales)”; y
b) A la Comisión de Salud del Congreso de la República, el 23 de setiembre de 2009, que “El Perú se ubica en el cuarto lugar entre los diez países con más problemas de falsificación de medicamentos después de Rusia, China y Corea del Sur, alcanzando a un 40% del mercado nacional”.
2. Nos preocupa que el Ministro de Salud, en vez de acelerar los mecanismos de fiscalización que la Ley N° 29459 le faculta, exprese que va a esperar el máximo plazo para emitir su reglamentación y, en tanto ello no ocurra, no garantice a los peruanos un eficiente mecanismo de control de la calidad de las medicinas en el Perú; máxime cuando anuncia que pronto el Ministerio de Salud llevará adelante una Compra Centralizada de Medicinas, de más de S/. 245’000,000.00.
ADIFAN exige que, previa a dicha compra, el Ministerio de Salud lleve adelante la fiscalización de los laboratorios participantes; de forma tal que sólo puedan competir aquellos que garantizan que los productos que ofertan no afectarán la salud de los peruanos. Nuestra posición no responde a un ánimo por evitar la competencia (como sibilinamente se ha insinuado), pues nuestros productos compiten incluso internacionalmente, siendo exportados a Estados Unidos, Italia, Argentina, Colombia y Chile, entre otros; países en los que existe una alta vigilancia sanitaria y a cuyas autoridades nuestros laboratorios se han sometido pasando satisfactoriamente todo control de calidad.
Nuestro pedido institucional, que en cualquier parte del mundo debiera ser respaldado por el respectivo Ministro de Salud (pues entendemos que el principal interesado en que esté garantizada la calidad de las medicinas que compra el Estado y que se comercializan en el país, debiera ser el propio Ministro de Salud), tiene un objeto preventivo (que es el que debe regir en aspectos que afectan la salud de los ciudadanos), para evitar lamentaciones posteriores, como las que se han producido en el vecino país de Bolivia, en el que importadores vendieron al Estado medicinas vencidas y adulteradas (ver página web http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20091211/eske-vendio-medicamentos-al-estado_49191_85964.html).
3. El Ministerio de Salud no puede ampararse en la reciente dación de la Ley N° 29459 para indicar que SÓLO A PARTIR DE DICHA NORMA cuenta con facultades para implementar la exigencia de la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura a los laboratorios extranjeros que importan medicamentos al Perú (y de ahí la demora en emitir e implementar un Reglamento), toda vez que desde enero de 2009 (esto es, HACE MÁS DE UN AÑO), con la dación del Decreto Supremo N.° 001-2009-SA, por el que se aprobó el Reglamento del artículo 50° de la Ley General de Salud, ya se había impuesto esta obligación a la Autoridad Nacional de Salud, que incluso debía exigir la respectiva acreditación a más tardar el 17 de enero de 2010. En ese sentido, no entendemos la justificación que se utiliza para sustentar la demora en el actuar.
Finalmente, ADIFAN deja constancia que recurre a la prensa, pues desde enero de 2010 ha remitido a diversas instancias del Ministerio de Salud sendas comunicaciones alertando irregularidades y formulando denuncias contra malos operadores y proveedores de medicinas, sin haber recibido hasta el día hoy respuesta formal alguna (ver página web de ADIFAN).
