Por Gustavo Espinoza M. (*)
Vivimos un caso inédito en la política peruana y que probablemente no ha ocurrido tampoco en otros países en muchos años: los tres últimos Jefe de Estado de nuestro país viven hoy en ascuas, procesados —con claro y definido fundamento— por graves cargos de corrupción y otros.
Se trata de los mandatarios que tuvieron en sus manos las riendas del Poder en nuestro país entre 1985 y el 2011, es decir, durante 26 años. Fue —de acuerdo a la versión oficial— un “prolongado periodo democrático”, pero realmente reflejó lo que comúnmente se llama el imperio de la cleptocracia.
Hay que deslindar, con delicadeza de cirujano para extraer de ese escenario un periodo breve: los siete meses de gestión del Presidente Valentín Paniagua Corazao, que asumió el gobierno no por voluntad popular sino por decisión parlamentaria en noviembre del 2000, y lo condujo hasta julio del 2001, cuando lo entregó a Toledo, uno de los encausados hoy. Paniagua, fue honrado.
Se trata de asuntos distintos. También de etapas diferentes de la vida institucional. Pero en el fondo, corresponden a un mismo estilo de gestión, aquel que lleva a los presidentes electos a colocar piloto automático en la nave oficial, y dejar que ésta se desplace sola en el marco del modelo impuesto por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, mientras ellos hacen de las suyas.
De los casos en cuestión, el más grave corresponde a Alberto Fujimori, porque suma cuatro rasgos complementarios: dictadura inapelable, corrupción generalizada, violación sistemática de los Derechos Humanos y sometimiento servil a los planes del FMI y la CIA.
Como se recuerda, Alberto Fujimori fue electo por voluntad ciudadana en 1990 y dio un volteretazo espectacular a muy poco de iniciada su gestión. Había prometido formalmente enfrentar la política de “shock” alentada por la derecha, y resolvió aplicarla en dosis de caballo.
La expresión más dramática del hecho fue el mensaje de su ministro de economía, Juan Carlos Hurtado Miller, quien luego de anunciar los “reajustes de precios” acordados, pidió que Dios proteja a los peruanos, porque su gobierno los había dejado en el mayor desamparo.
Hoy, Hurtado Miller —prófugo de la justicia durante once años— goza de una inaudita “detención domiciliaria”, como si no fuera responsable casi de nada. Abierta protección y amparo le brinda la clase dominante.
Fue el suyo el “ajuste” neoliberal en materia de política económica. Pero a él le sucedieron las reformas laborales ideadas bajo el pretexto de “desregular las relaciones de trabajo” y que arrasaron todos los derechos de los trabajadores y sus conquistas sociales alcanzadas a lo largo de los últimos cien años. Y se sumó a eso la denominada “estrategia antisubversiva” que fue una política de exterminio brutal que hoy la “gran prensa” comparte y saluda.
Por eso el núcleo de acusaciones contra Fujimori es múltiple y deja muy corta la sentencia que cumple el reo: 25 años en un centro recreacional de la Policía, no constituye una sanción, sino un notable nivel de impunidad.
No obstante, el propio Fujimori, su entorno familiar que conserva significativos niveles de Poder económico y político; su partido, hoy llamado impúdicamente “Fuerza Popular”; la Mafia corrupta y el 80% de los medios de comunicación liderados por El Komercio lo amparan y se unen a la campaña por su liberación. Por lo demás, “el chinito de la yuca” tiene servicio de internet, muro de Facebook, correo electrónico y Twitter. Se comunica con el mundo sin restricción alguna. Es un privilegiado mondo y lirondo.
Su liberación sería, por cierto, el primer paso. Obtenida, vendría el segundo: el reconocimiento nacional por su gestión que, como dicen los suyos, “sacó al país de la crisis, y lo pacificó”. En otras palabras, acabó con la inflación gracias al gigantesco “paquetazo” y terminó con el terrorismo porque éste desapareció. Tal hecho ocurrió, sin embargo, porque fueron suspendidas las acciones de ese corte, ejecutadas por la estructura armada del Estado contra la población. En otras palabras, los autores de las principales acciones terroristas dejaron de implementarlas, y entonces el terrorismo se esfumó.
El sustento de esa propuesta parte de diversas facetas. Una de ellas es la necesidad de “construir la unidad nacional”. La otra, la exigencia de “dejar el pasado atrás”. En otras palabras, renunciar a “la venganza” y forjar un “proceso de reconciliación nacional” ¡Seductoras palabras, por cierto!
La idea tiene una base muy simple: asegura que el gobierno de Fujimori tuvo “aciertos y errores”. Los “errores”, fueron excesos. Y los aciertos, decisivos. No importa, entonces. Por lo demás, todos los gobiernos del mundo tienen aciertos y errores ¿no es así? Lo importante -aseguran- es que nos colocó en un sitial “alto” en la región. Y en éste, como en todos los casos, “la ingratitud es mala consejera”.
Es claro que las cosas no son de ese modo. Millones de peruanos fueron lanzados por años a la pobreza más absoluta. Perdieron bienes, viviendas, postas médicas, hospitales y escuelas. Millares quedaron sin puesto de trabajo y sin empleo. Miles fueron encarcelados, torturados o asesinados. Poblaciones enteras, fueron arrasadas. Y el cerebro de los peruanos dejó de pensar influido por los mensajes que la prensa “chicha” y a TV “basura”, nos daban día a día.
Ninguna gratitud le corresponde. Simplemente condena justa y merecida a quien, puesto en evidencia, fugó del país para ponerse a buen recaudo en la patria de sus ancestros donde tentó una carrera política que lo condujo a la derrota. Allí, entre sus paisanos, fue por lana y salió trasquilado. Y volvió aquí, por más lana.
El otro procesado es Alan García. Y tiene todas las de perder. Recientemente el Poder Judicial vio el caso de los escuadrones de la muerte que funcionaron durante su primera gestión, entre 1985 y 1990. Y hoy la Megacomisión que preside el congresista Sergio Tejada lo investiga por delitos muy graves de distinto orden, pero vinculados al narcotráfico, a la “guerra sucia” y al usufructo de los bienes del Estado en provecho propio, personal y aun familiar.
También García —que tiene un mundo de plata en sus manos— está desesperado y recurre a maniobras de todo tipo para salvarse. Se niega a ser investigado, presenta recursos legales, recusa a la comisión que lo tiene entre ojos, ataca al congresista Tejada con alevosía y ventaja, y se muestra como víctima de una “venganza política” asegurando que lo que buscan es inhabilitarlo para que no pueda ser candidato en 2016. Su máxima aspiración -la suya y la de los suyos- es competir en esos comicios y “pasar” a la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Podría lograrlo. Recursos, no le faltan.
Por lo demás, tiene a su disposición buena parte del tinglado del Poder: Autoridades de primer nivel en el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder Legislativo, lo amparan con descaro y desvergüenza en procura de “blanquear” su imagen y librarla de los graves cargos que afronta. Incluso los medios de comunicación elogian sus “calidades de Estadista” y su “probada experiencia”. En otras palabras, le auguran éxito en sus propósitos.
Alejandro Toledo es el tercero. Presidente entre 2001 y 2006, ahora anda envuelto en un frangollo que lo tiene atenazado: no sabe explicar de dónde sacó plata para comprar inmensas viviendas ni ostentosas oficinas. Sus explicaciones, confusas y contradictorias, no convencen a nadie.
Curiosamente a él, ni a sus ministros, se les acusa por lo que podría denominarse “delitos de gestión”. No dicen que robaron al Estado, ni que tomaron recursos del Tesoro Público. Dicen solamente que él tiene mucha plata, y que no sabe, ni puede, explicar por qué, ni de dónde. Y en eso, está enredado.
Hay que recordar un caso: en su momento, una hoy ex-Presidenta de Panamá, la señora Mireya Moscoso, apareció con una pila de dólares en sus cuentas. Tampoco supo explicar el origen de su extraña fortuna. Después se supo que había recibido jugosos depósitos provenientes de los Estados Unidos porque liberó a Luis Posada Carriles, el terrorista cubano-americano que estaba detenido en Panamá. La recompensaron, sin duda. ¿No podría ser algo así lo de Toledo? Después de todo, sirvió a los yanquis contra Cuba con el mismo ahínco y servilismo que la Moscoso. Pero Toledo, como la panameña, no puede revelar el origen de su fortuna, y por eso miente y miente.
Lo real, es que tenemos tres ex-Presidentes en salmuera y la ciudadanía exige, en todos los casos, investigación seria y sanción. ¡Y vaya que tiene razón!
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
