En defensa del trabajo y del valor agregado
La Oroya: Su reestructuración o liquidación huele a podrido.
Escribe: Jorge Manco Zaconetti (*)
Desde sus inicios cuestioné la privatización fragmentada de la empresa minera estatal Centromín a principios de la década de los noventa por la ausencia de planeamiento estratégico, y los evidentes intereses creados con el futuro del más importante complejo minero metalúrgico que tiene el Perú en La Oroya, que está paralizado desde mediados del 2009 hasta la actualidad, y donde resulta previsible mayores conflictos y afectaciones a los intereses del Estado y los trabajadores.
Esta realidad está generando ingentes pérdidas al fisco por concepto de impuestos y tributos dejados de percibir por más de 350 millones de dólares, compras de energía a privados por más de 150 millones de dólares, y particularmente se ha dejado de comprar más 3,400 millones de dólares por concepto de concentrados de cobre, zinc, plomo, plata a las empresas mineras que operan en el centro del país, con lo cual en lugar de producir y exportar productos mineros refinados, se están exportando concentrados de menor valor, y se están dejando de producir 19 subproductos adicionales de uso industrial que se obtenían antes del proceso metalúrgico.
Esta paralización con sus pérdidas millonarias como es evidente no afectan solamente a la empresa minera Doe Run Perú y a su multimillonario accionista Ira Rennert, especialista en la compra de empresas quebradas y el cobro de seguros millonarios. En lo fundamental tiene consecuencias sobre los más de 4,000 trabajadores directos e indirectos con sus familias que dependen del empleo demandado por Doe Run Perú y el poder de compra generado, que permite la reproducción de la vida cotidiana de La Oroya y en el valle del Mantaro.
Si bien hasta ahora en un esfuerzo la empresa minera titular del complejo ha pagado el 70% de las remuneraciones de sus trabajadores con los excedentes de su única mina operativa, la Mina Cobriza ubicada en Huancavelica-Churcampa, asumiendo un compromiso en el marco de la responsabilidad social, estos recursos resultan limitados y en el futuro próximo se dejarían de abonar, si procede el evidente despojo sobre la propiedad que Doe Run Perú adquirió sobre el complejo minero de La Oroya gracias a un cuestionado contrato firmado en la privatización que tiene como principal responsable al actual ministro del sector Ing. Jorge Merino Tafur.
Se debe tener presente que la unidad minera de Cobriza apenas aportaba el 20% de los requerimientos de los concentrados de cobre en la fundición y explicaba el 5% de sus ingresos, lo cual obligaba a la compra de concentrados a otras empresas mineras de la pequeña y mediana minería. Esta es la importancia productiva que tenía primero Cerro de Pasco, luego la estatal Centromín, operando el complejo metalúrgico integrado con las unidades mineras.
En verdad, esta es la “madre del cordero” en los problemas del complejo minero metalúrgico de La Oroya, pues al haber sido privatizado separado de las unidades mineras como Andaychagua, San Cristóbal, Cerro de Pasco, Morococha, Casapalca, y transferidos valiosos derechos mineros a vil precio, se fracturó la unidad técnico-material existente entre el complejo refinero y las minas.
Como en su momento lo expresó el patriarca de la minería peruana, don Alberto Benavides de la Quintana, el primer presidente del comité responsable de la privatización de Centromín (ayer COPRI, hoy Proinversión), cuando afirmaba que: “pretender vender el complejo minero metalúrgico de La Oroya sin unidades mineras, es como querer vender un automóvil sin motor, un absurdo”
Al no estar de acuerdo con la privatización por partes de lo que fue la más importante empresa minera del país, Centromín, Benavides de la Quintana renunció al cargo, siendo los nuevos miembros responsables de la privatización los que procedieron a la venta subvaluada y fragmentada de la minera estatal, avalados por un estudio de la consultora Macroconsult que justificaba la viabilidad en el largo plazo del Complejo de la Oroya con la unidad de Cobriza.
Evidentemente el tiempo ha demostrado la fragilidad e irresponsabilidad histórica de tal opción, que se agravaron con la crisis financiera del 2008, cuando se derrumbaron las exportaciones de Doe Run Perú en el mercado norteamericano que concentraba el 30% de sus ventas, y se generaron los problemas de pago con sus proveedores tales como Mra. Buenaventura, Mra. Volcan, Glencore y en especial del grupo Cormin que estableció la denuncia ante el Indecopi, buscando la reestructuración y el control de La Oroya.
No tengo la más mínima simpatía o compromiso con la empresa minera Doe Run Perú, pero habiendo sido asesor laboral en algún momento del sindicato de trabajadores obreros, reconozco la capacidad y eficiencia de sus trabajadores que ahora se debaten en el subempleo, y donde por la antigüedad en el tiempo de servicios, con una población importante con servicios por encima de los 20 años, están en el límite de la jubilación, y sus derechos deben ser asegurados.
En el mismo sentido debo reconocer por la propia información producida por el organismo regulador Osinergmin sobre las inversiones ambientales realizadas por Doe Run a pesar de las postergaciones en el cumplimiento del Programa de Adecuación Minero Ambiental (PAMA). Se debe advertir que con inversiones ambientales superiores a los 330 millones de dólares a diciembre del 2008 se habían superado con creces la mayoría de los compromisos asumidos en la privatización del complejo.
Restando sin embargo las propias obligaciones contractuales de inversión del propio Estado sobre los suelos contaminados en La Oroya anteriores a la privatización; estos compromisos fueron asumidos posteriormente por la empresa estatal Activos Mineros y su incumplimiento ha generado juicios internacionales, sin embargo nadie ha demandado la restructuración de esta empresa estatal creada a fines del gobierno del presidente Alejandro Toledo, para evadir los numerosos juicios que arrastraba la liquidación de Centromín Perú.
En síntesis, la inversión más importante en la construcción de la planta de ácido sulfúrico para captar el dióxido de azufre del circuito de cobre ha quedado inconclusa, con un avance del 50% por los problemas financieros ocasionados por la crisis económica de fines del 2008. Se cumplió con el levantamiento de las plantas de ácido sulfúrico en los circuitos de plomo y zinc, el tratamiento de aguas pesadas, reduciendo los niveles de contaminación de plomo, cadmio y arsénico, en relación a los niveles de la gestión estatal, y de esto poco o nada dicen las ONGs ambientalistas.
El faltante de inversión en la planta del circuito de cobre se estima en más de 150 millones de dólares, que racionalmente solo se podrían financiar con los ingresos y utilidades que genere la puesta en marcha inmediata del complejo metalúrgico, en el marco de un programa de inversiones que la empresa Doe Run Perú está dispuesta a respetar. Así, resulta un contrasentido condicionar el cumplimiento de la planta de ácido sulfúrico para después autorizar el funcionamiento de la fundición, al menos que se pretenda favorecer a terceros que están ávidos por el control del complejo minero metalúrgico.
¿QUIÉN ES CORMIN?
Parece que los dados están cargados para favorecer al Consorcio Minero (Cormin) una empresa filial de Trafigura Beheer BV una gigante transnacional que opera básicamente en el transporte y almacenamiento de combustibles y granos a nivel mundial, con más de 25 instalaciones en Europa, el Medio Oriente, Asia, Sudamérica y África. En nuestro país por los serios cuestionamientos ambientales por la contaminación de plomo en la planta de almacenamiento del Callao ha cambiado de nombre denominándose Impala Perú desde abril del 2011.
Además, en el Perú el grupo Trafigura Mining Group opera a través de su filial Iberian Minerals que cotiza en la bolsa de Toronto, la Compañía Minera Condestable S.A. que explota las minas de Condestable y Raúl en el distrito de Mala Cañete al sur de Lima; éstas producen básicamente cobre y algo de plata.
Como empresa especializada en el comercio mundial de mercancías hace uso y abuso de los llamados “precios de cobertura” con su asegurada Natixis con la cual opera en diversas partes del globo. Ello ocasiona millonarias pérdidas al fisco y a sus trabajadores, pues venden la tonelada de cobre a precios fijados entre el 2006 al 2011 sobre los 4,400 dólares la tonelada, cuando los precios de mercado superan de lejos los 8,000 dólares. Solamente el diferencial de precios de cobertura entre el 2008 al 2010 superan los 130 millones de dólares, de los cuales el fisco no capta su participación por el impuesto a la renta.
Es más, Trafigura con su filial Iberian Minerals opera de tal manera la Compañía Minera Condestable que por acuerdo de directorio esta tuvo que asumir un endeudamiento por más de 155 millones de dólares para financiar el proyecto de Minas de Aguas Teñidas en España, lo cual en la práctica constituye una transferencia de excedentes, donde una empresa minera de un país subdesarrollado resulta financiando la inversión de un proyecto minero en Europa.
Como Trafigura Mining Group tiene también el 100% de las acciones de la minera Catalina Huanca Sociedad Minera SAC ubicada en la provincia de Víctor Fajardo- Ayacucho, donde opera básicamente con las llamadas contratas y bajos salarios, con serios cuestionamientos ambientales.
Por ello, estamos advertidos de los manejos nada transparentes de Cormin-Trafigura en nuestro país, y las buenas relaciones de sus funcionarios con el actual Ministro de Energía y Minas tal como lo reporta el artículo periodístico del Diario 16, asimismo reproducimos el artículo del consultor César Gutiérrez sobre el futuro de La Oroya y lo que debiera hacerse para defender el interés público y de los trabajadores en especial.
En verdad, el Estado como tal no puede abstenerse en reconocer que fue por decirlo amablemente un error la privatización fragmentada de Centromín. Tampoco puede dejar de reconocer los propios incumplimientos en la remediación ambiental de los suelos de la ciudad de La Oroya que se debían de financiar con los aportes y penalidades abonados por Mra. Antamina, por el diferencial entre inversión proyectada y la inversión ejecutada. En el mismo sentido, no puede evadir la responsabilidad que tiene la empresa estatal Activos Mineros que sustituyó a Centromín en sus obligaciones contractuales.
De allí, la responsabilidad del Congreso de la República y en especial de la Comisión de Energía y Minas de legislar para preservar ante todo el interés nacional y regional, asegurando la reapertura del complejo minero de La Oroya con plazos razonables para asegurar compromisos de inversión de parte de Doe Run Perú con su desistimiento de juicios internacionales al Estado. Si se tiene en cuenta que las mayores obligaciones en el actual proceso de reestructuración empresarial residen en el Estado, los trabajadores y en la empresa matriz, es posible una solución satisfactoria al menos que se quiera “encender la pradera en la región central del Perú”.
La Oroya en Manos del Humalismo
César Gutiérrez
Ya que la gran transformación prometida por el Humalismo no se dio, ni se dará, pues ella era entendida como una variación de las relaciones de poder, donde los que hoy no son tomados en cuenta podrían revertir su situación y a cambio tenemos el sometimiento gustoso y militante al establishment, es bueno recordarle a la pareja gobernante que los electores no solo se necesitan una sola vez, ni un voto es despreciable para político con sapiencia. En ese orden de ideas una ciudad de 21,000 habitantes, como La Oroya, al menos por interés electoral, ya que tengo mis serias dudas de la sensibilidad social de los inquilinos transitorios de la Casa de Pizarro, debe ser considerada.
Tanto por el poder ejecutivo como el legislativo, el gobierno tiene en sus manos la suerte de esta ciudad enclavada en las alturas de los Andes. De manera lamentable e ignorante su futuro se maneja como si solo se tratara de una discusión fenicia de acreedores y deudores, poniendo como telón de fondo la contaminación ambiental y su efecto en las personas, convertida en coartada, cuando debería ser uno de los ejes de la discusión.
Nadie podrá negar que intereses de grupos empresariales existen. Una refinería-fundición de minerales, que agrega valor económico a la producción de concentrados, como el Complejo Metalúrgico de La Oroya y una mina donde se extraen cantidades significativas de minerales de alta cotización como la plata, el cobre y el indio; como Cobriza, son delicioso manjar para “traders” y productores mineros, como lo son: Cormin, de la multinacional de la comercialización de “commodities”, Trafigura y de la minera local con talla internacional, Buenaventura. Nada mal les vendría hacerse de las dos unidades de negocios, así que la intervención de estudios de abogados, comunicadores ambientales, económicos y sociales, no es a nombre del purismo del mundo verde y de las aves cantoras que nos hacen despertar con sus dulces silbidos.
El pretexto de los desencuentros de la troika acreedora: gobierno-Cormin-Buenaventura y la empresa Doe Run Perú, es el pesado lastre llamado Programa de Adecuación Medioambiental (PAMA). Mucho se podrá decir a favor y en contra de: postergaciones; incumplimientos, donde el estado no puede exonerarse y deudas. Ahora lo que compete es actuar con pragmatismo y responsabilidad, para ello la indesligable pareja Heredia-Humala, debería escuchar a las partes: acreedores empresariales e institucionales, deudores y trabajadores. Luego tomar las decisiones en absoluto privado, sin consejerías que susurren al oído, pues no habrá opinión inocua. Una ronda de conversaciones para tomar conocimiento y la toma de decisiones no tendrá razón alguna para que sea haga en menos de 48 horas, no solo porque es el tiempo suficiente, sino porque es el plazo que queda para encontrar una salida para salvar a la ciudad de La Oroya.
El gobierno tiene el absoluto control de las decisiones que se tomen, lo que ocurra será de su responsabilidad. Por un lado es el integrante mayoritario en la junta de acreedores y por otro tiene la mayor bancada en el Congreso, donde en su mesa directiva, desde Marzo pasado, hay una ley pendiente de discusión y votación, que será elemento determinante.
Un hecho factual es que dada la liquidación en marcha de Doe Run Perú, no habrá nadie quien se haga cargo de la planilla de los 2,500 trabajadores del Complejo Metalúrgico, cuya cuantía con beneficios sociales incluidos, asciende a 143 millones de dólares para el plazo de 30 meses mínimos que la planta estaría cerrada hasta que pueda operar cumpliendo los estándares ambientales. Eso tiene un nombre, el cierre de la ciudad, pues el principal empleador que genera la economía de la zona, es la unidad productiva referida.
La salida no es nada difícil, solo requiere firme decisión: obligación garantizada razonablemente, de cumplimiento del PAMA; pago asegurado a los acreedores y reinicio inmediato de operaciones. Así nadie perdería, salvo que la visión sea otra, como la oportunidad de deshacerse de un operador e ingresar a otros interesados. Tengan en cuenta que en operaciones mineras nadie está libre de culpas, así como hoy hay campaña de desprestigio sobre una, ella es completamente intercambiable, mañana podrá haber sobre cualquiera que esté en el control, todas tienen techo de vidrio y nadie puede escamotear su pasado.
Artículo Publicado el 20 de Mayo 2012 En www.generacción.com
Artículo periodístico de Diario 16
“Hasta que el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, abandonó todo decoro. El pasado martes 22 (de mayo), a las 5 de la tarde, Ricardo Trovarelli, quien sería amigo íntimo del titular del sector y presidente de Cormin-Trafigura, habría presidido en la sala de reuniones del propio viceministerio de Minas, una reunión con los líderes sindicales de Doe Run Perú (DRP), para intentar que firmen un proyecto de convenio laboral de liquidación que más bien parecía una “carta de sujeción”, que mencionaba un programa de evaluación y la reasignación de los puestos sin que se priorice el reinicio de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO).
El ciudadano argentino Trovarelli, muy sonriente, con una luminosa corbata amarilla, un terno plomo y una camisa celeste, se paseaba –según fuentes- a sus anchas en el local ministerial escoltado por Rosario Patiño, representante del MEM en la Junta de Acreedores, el propio asesor principal del ministro Edwin Regente y la secretaria general Fiorella Moreno. Por parte de los trabajadores encabezaban la delegación Luis Castillo, secretario general de la Federación Minera; Royberto Guzmán del Sindicato Metalúrgico; Eduardo Rojas, del sindicato unitario (pro Cormin-Trafigura), entre otros.
Los trabajadores estaban sorprendidos. Porque, por si fuera poco, era Cormin-Trafigura el único acreedor minero en el cónclave, como para que les quede claro a los trabajadores quién es el que realmente ‘corta el jamón’ en el MEM y de paso en la Junta de Acreedores de DRP.
Los trabajadores, sorprendidos, han ensayado una primera respuesta en publicaciones en La Oroya: Merino y Trovarelli se conocen desde 1991 cuando ambos gerenciaban almacenes vecinos de minerales en el Puerto del Callao. Luego, en el 2001, Merino como presidente de Centromin privatizó este almacén de 76 mil metros cuadrados a favor de Cormin-Trafigura, con una concesión del terreno a razón de un alquiler mensual de US$ 75 mil, es decir, menos de un dólar el metro cuadrado y vendiendo el 100 % de esta filial de Centromin a la bicoca de US$ 1 millón.
Esta amistad, que levanta suspicacias, podría provocar también muchos recelos en la primera dama, Nadine Heredia, porque este almacén de Cormin- Trafigura ha sido demandado por 300 pobladores contaminados por plomo del Callao (Puerto Nuevo) bajo el expediente MC-199-09 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Niños de los colegios contiguos, María Reiche y República de Venezuela vienen protestando sin mayor éxito. El MEM, sin embargo, en actitud cómplice con esta empresa se niega a revelar los resultados del informe de la consultora Ground Water Internacional -contratada por el Estado en el 2010 –a los afectados pese a haber sido requeridos por la Ley de hábeas data, por la abogada Sandra Barros. Otro indicio de la fuerza de Trovarelli en el MEM. ¬
UNA VERDADERA MILONGA
En la cita, que duró dos horas, Trovarelli conminó: “Yo me estoy preocupando porque se respeten sus derechos” y a renglón seguido les presentó el proyecto de convenio de tres hojas para que estampen su firma.
Luis Castillo respondió: “Yo tengo que consultar con las bases en una asamblea” a lo que la doctora Patiño, jugando en pared con Cormin-Trafigura (como lo hace en las juntas de acreedores de DRP) sin ningún reparo, acotó con dureza, “¡Si usted es el dirigente para qué tiene que consultar con las bases!”.
Palabras sobran. La historia sobre el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) se seguirá escribiendo hoy viernes 25, cuando se reúnan los acreedores para elegir a la empresa liquidadora. El ministro Merino debería recordar aquel adagio de “cuando las barbas de tu vecino veas rasurar pon las tuyas a remojar”.
(*) Investigador UNMSM
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