Víctor Medina Calderón (*)
Conforme está establecido, el Sistema de Seguridad Social en el Perú está basado en la creación de un fondo común al que contribuye obligatoriamente todos los trabajadores en proporción al monto de sus remuneraciones. Este fondo , que es de todos, sirve para financiar las prestaciones necesarias para protegerse frente a contingencias como la invalidez, la vejez, la muerte, la viudez, la orfandad. Tales prestaciones son exigibles , por los cotizantes del fondo , cuando se dan las circunstancias previamente establecidas por el sistema público de la seguridad social.
Por otro lado, el Sistema Privado de las AFPs se basa en la formación de fondos individuales de cada trabajador. Si el importe de su respectivo fondo no es suficiente para solventar los gastos que origina la contingencia, no se puede disponer de los fondos de los demás afiliados. Las AFPs son empresas privadas que sustituyen a ESSALUD. Tienen la función de recaudar la aportación mensual de cada trabajador e invertirla en negocios de manera que rinda utilidades. Al llegar a los 65 años de edad cada trabajador utiliza ese dinero para contratar una póliza de seguro que le posibilite una pensión de jubilación.
Ultimamente, debido a la discusión sobre la inseguridad y riesgo que generan las AFPs para los asegurados que se han acogido al sistema privado de pensiones, la modalidad de cobro de las comisiones por parte de las AFPs , además del elevado pago por el servicio de administración del fondo,entre otros, se han generado serias dudas acerca del sistema privado de pensiones y en el Congreso de la República se ha solicitado no solo la reforma del Sistema Privado de Pensiones sino también la reestructuración del Sistema Público de Pensiones y por supuesto la Reorganización de ESSALUD.
Para nadie es un secreto, la grave crisis financiera en ESSALUD para los próximos cinco años con un déficit que se estima al 30% del PBI, lo cual obliga a las autoridades aprobar una reforma financiera para darle viabilidad a la Institución.
Se ha llegado a un punto en que la compleja situación financiera de ESSALUD no puede resolverse sólo con medidas meramente administrativas y asistenciales, sino con la reestructuración financiera de la Institución; lo cual conlleva, en primer lugar , a la autonomía de ESSALUD del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado ( FONAFE ), cuyo directorio preside el ministro de Economía y Finanzas; que ,desde que ello ocurre, ha obstaculizado su desarrollo financiero y gestión autónoma.
Otro aspecto a tener en cuenta en este breve comentario, es acerca de la precariedad de un equilibrio financiero en la Institución basado en estudios actuariales, casi en su mayoría realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que contemplan preponderantemente la variable demográfica, pero sin la adecuada ponderación de los componentes financieros, económicos y sociales cuya fuerte incidencia en esas proyecciones está ampliamente demostrada. Aunque flexibilizando en algo
rigideces anteriores, los modelos actuariales, siguen partiendo en lo esencial de supuestos de estabilidad general, crecimiento sostenido del PBI y regularidad del proceso inflacionario , que no serán en nuestro medio por un buen tiempo reales – dados sobre todo los efectos de una grave crisis financiera internacional-. De allí , la necesidad de cambiar la metodología en los estudios actuariales, sobre todo en lo que atañe al uso de costos históricos hospitalarios iguales para los diversos servicios que brinda ESSALUD ; así como la necesidad de evaluaciones anuales y no quinquenales y proyecciones socio-económicas que reajusten y complementen dichos estudios actuariales , en consonancia con la realidad inestable que puede sobrevenir en los próximos años de crisis internacional y cuyos efectos se den en nuestro país.
Finalmente, en este orden de ideas, como una forma futura de administrar la crisis y la producción de los servicios asistenciales y financieros de ESSALUD, resulta oportuna la creación del BANCO DE LA SEGURIDAD SOCIAL en reemplazo del FONAPE.
(*) ex asesor financiero y actuarial del IPSS
ex Gerente Macro Regional del Sur (82-85)
El anuncio de la presidenta argentina, Cristina Fernández, de que el Estado declara de utilidad pública y sujeto a la expropiación 51 por ciento de las acciones pertenecientes a Repsol-YPF ¡ Cuidado¡ Si el gobierno actual, persiste en participar en la construcción del Gasoducto del Sur, teniendo como socios al consorcio Kuntur-Odebrecht, estaría consolidando el “faenón gasífero” e incurriendo en un acto de corrupción, por cuanto no se estarían defendiendo los intereses de los peruanos de la Macro Región Sur, quienes deben ser los primeros beneficiarios del gas del lote 88 y por el contrario se pretendería favorecer a empresas cuestionadas a nivel continental en actos de corrupción, sobre todo en nuestro país.
BREVE HISTORIA
A fines del año 2008, en diversos medios de prensa y televisivos en Lima y Arequipa, denuncié que no hubo concurso público en la contratación de Kuntur Transportadora de Gas (KTG) y que se optó – en complicidad con los responsables de la conducción energética en época del ex presidente Toledo- por el de “ solicitud de parte” de dicha empresa; que, según el decano del Colegio de Ingenieros del Perú , ing Carlos Herrera Decalzi, “carecía de transparencia”.
Asimismo, que KTG era una nueva empresa –liderada por Samuel Gómez ( una suerte de Caanan del “faenón petrolero”) – que no acreditaba ninguna experiencia en la construcción de gasoductos ni mucho menos en el transporte de gas; y, que tampoco acreditaba tener el financiamiento necesario para llevar a cabo dicha construcción. El tiempo nos ha dado la razón; resultó ser testaferra del verdadero dueño del proyecto: Odebrecht.
Que la presencia de Odebrecht en el accionariado del consorcio encargado de la construcción del gasoducto, representaba un factor de riesgo y de inseguridad , toda vez que su historial negativo como empresa constructora en América Latina y en nuestro país en particular ( Hidroléctrica San Gabán, Irrigación de Olmos, Carreteras Interoceánicas del Norte y Sur, Tren Eléctrico en Lima, etc, etc) , dejaba mucho que desear.
Que la participación de Petroperú como accionista en la construcción del Gasoducto Andino del Sur, tenía igualmente su historia. Resulta que el asesor publicitario y palaciego brasileño-argentino Luis Favre , habría conseguido que la empresa estatal avale la gestión de financiamiento por más de 3000 millones de dólares a Odebrecht . Que para ello se habría valido de la vieja amistad con Humberto Campodónico, presidente de Petroperú, quien en los años setenta coordinaba en la UNI las acciones del grupo trosquista, mientras que en San Marcos lo hacían Luis Vásquez y Ricardo Napurí y en la Argentina Luis Favre y su hermano, bajo la dirección de Silvio Frondizi, responsable del trosquismo en América Latina.
Recordábamos que Luis Favre era socio de Vladimir Garreta, en la empresa publicitaria a cargo de la campaña del candidato Ollanta Humala, y que desde mucho antes mantenía relaciones empresariales con Odebrecht y fue acusado y procesado en Brasil por actos de corrupción en la construcción del Aeropuerto de Río de Janeiro y en otras obras públicas viales y de viviendas.
Que, en repetidas oportunidades el gerente general de KTG, informaba que ellos tenían asegurado el financiamiento de más de 1300 millones de dólares y que incluso no requerían de la Garantía de Red Principal (GRP) – que ayudó al financiamiento del Gasoducto Camisea-Pisco, pagado por todos los peruanos en los recibos de luz eléctrica-. Todo ello resultó una grosera mentira y sirvió simplemente para tender la camita a Odebrecht, quien finalmente conseguiría el aval de Petroperú en una operación tremendamente riesgosa y que refleja la falta de transparencia y seriedad de los responsables de la conducción de la empresa estatal.
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