Escribe: Néstor Roque Solís (*)
Las Universidades Públicas cada día se convierten sutilmente en instituciones privadas que se mueven de acuerdo al mercado, y todo tiene precio para el estudiante o egresado. A pesar de los recursos que transfiere el Estado a las Universidades Públicas, estas casi todas, padecen crisis académica, Administrativa y económica. Mientras tanto, para las Universidades Privadas es un negocio redondo para sus promotores y accionistas nacionales y extranjeros.
En mi estancia en Chile he participado en varios diplomados y seminarios en las Universidades Adolfo Ibáñez, Diego Portales y la misma Universidad de Chile. También he desarrollado cátedras en la Universidad de Santo Tomas y su Centro Tecnológico de Investigación y Desarrollo, y realmente son instituciones académicas y empresariales de alta competitividad para la sociedad chilena y el mercado global.
En Chile no se evalúa el conocimiento sino la competitividad del profesional. En Chile no se presenta dos kilos de papeles de Curriculum Vitae, solo es necesario dos o tres hojas de lo que sabe hacer el candidato a un puesto de trabajo. En todas las Universidades Públicas y Privadas se desarrollan consultorías especializadas y participan en los concursos de proyectos de inversión del Estado y de la Cooperación Técnica Internacional.
Y por supuesto que en las Universidades chilenas se investiga mucho, por eso el país del sur, que es la mitad en población y en territorio del Perú, ya tiene firmados 70 TLC y exportan 7 mil productos con valor agregado, mientras que nuestro país no llega a exportar 4 mil productos con toda la riqueza natural y biológica que tiene sus regiones.
Las tradicionales Universidades Públicas del Perú: democráticas, gratuitas, con autonomía académica, han sido sacudidas progresivamente y poco o nada conservan hoy de aquellos rasgos que dieron su partida fundacional. Los argumentos y justificaciones para generar los cambios en las distintas Universidades Públicas son los mismos: una supuesta hipertrofia de la matrícula; creciente ineficacia; divorcio respecto de las necesidades del país, poca utilidad del conocimiento producido (causa de la baja absorción en el mercado laboral de los egresados); supuesta inexistencia de recursos públicos para destinar a una actividad de escaso rendimiento, y carencia de docentes calificados.
Toda esta precaria situación universitaria del país, justificaría reducir las matrículas, dejar de lado los créditos para pasar a un sistema de módulos y bachilleres, cambiar planes de estudio. Vincular la Universidad al mercado como sinónimo de la sociedad; categorizar y actualizar a los profesores. Las nuevas medidas que se implementen pueden ubicarse en dos grandes rubros vinculados estrechamente entre sí por las consecuencias que provocan: financiamiento y autonomía.
La reducción de presupuestos para las Universidades Públicas (UP) empieza con diferentes variantes, pero con un eufemismo, "racionalidad administrativa", que ocasiona verdaderos ahogos financieros compensados, y en parte disimulados, por las libertades para vender conocimientos, servicios, proyectos, investigaciones, cursos, consultorías, etc. en el marco de las políticas de libertad de mercado.
Cada día se abre subrepticiamente la vía privatizadora de la UP, que mercantilizó su actividad aun manteniendo la apariencia y rasgos estatales. Estas actividades para el mercado produjeron dos efectos inmediatos. Uno, que se debía producir lo que el mercado demanda, abandonando las líneas de investigación desde objetivos científicos y sociales que no coinciden necesariamente con los intereses de quienes pueden pagar y comprar esos conocimientos. Dos, así se empezó a advertir el primer nivel de discriminación de universidades y facultades según las ofertas más acordes con el mercado. Además, produjo discriminación en el interior del cuerpo docente, con ingresos diferenciados según la cercanía del poder político de la cúpula que hoy mantienen las UP.
El programa de categorización de docentes está relacionado con el de incentivos a la investigación. Promete a los docentes un aumento de su ingreso y, según la categoría que se le asigne, acceder a ciertas funciones, como jurado de concursos, dirección de becas, de investigaciones y otros méritos. Las comisiones evaluadoras, que en algunos casos no se conocen, aplican criterios, pautados por el programa, meramente cuantitativos (cuántos diplomados, libros o artículos publicados; cuántas tesis dirige o a cuántos congresos ha asistido, etc.) y todo termina con una clasificación de 1 al 10.
La exigencia de que el investigador sea además docente y a la inversa, que en principio es correcta, en las condiciones actuales de reducción presupuestaria y de cargos expulsa del sistema u obliga a inventar tareas o asumir cargos que no están en el interés ni en las posibilidades del docente-investigador. A su vez, la investigación debe ser acreditada y esto también requiere de veedores, consultores, evaluadores que deben aplicar las pautas fijadas por el programa. Al combinar luego la categoría con el cargo y la dedicación semiexclusiva o exclusiva, resulta el monto del ingreso que el docente cobra en forma mensual.
Los ingresos de los docentes ya no dependen de su calidad académica, ni de la importancia científica o social de sus investigaciones, ni de su preocupación por la docencia de las nuevas generaciones, sino más bien de su habilidad para ganar concursos presentando kilos de papeles de Curriculum devaluados y muchas veces comprados en el momento preciso. La carrera así desatada entre los docentes los conduce a un esfuerzo burocrático, administrativo, formal, para conseguir todavía su magro ingreso mensual.
Los mexicanos llaman a la gran mayoría de la planta docente pobresores, reconocen que este sistema chantajea a la actividad académica y la prostituye con la entrega de títulos desacreditados sin los avales del caso, sometiéndola a reglas que van haciendo caer del sistema a muchos que no llegan a cumplirlas. Esto produce una discriminación pavorosa, un crecimiento del individualismo y la competitividad, el abandono de la mística docente y de la investigación, el debilitamiento de los contenidos y un achatamiento de la actividad comunitaria.
Existen algunos docentes en la cúpula de los privilegios, una casta académica que integra la alta dirección, las comisiones, las asesorías, los jurados, las líneas editoriales, el control de la producción de conocimientos. Aunque en su mayoría se trata de intelectuales que lograron reconocimiento por su aporte al pensamiento crítico, en la actualidad han abandonado esa función, al menos esto sucede en algunas UP.
Se hace necesario el debate político para definir qué universidad queremos para el país. El nivel de pobreza, la miseria campesina, la obsolescencia de las tecnologías agrícolas e industriales, la problemática ecológica, las catástrofes naturales no pueden ser meras denuncias, ese panorama tétrico responde a un diagnóstico permanente, y plantea a las UP retos muy difíciles, que tienen que ver con la necesidad de la formación de cuadros profesionales en todas las áreas, con capacidad de hacer investigación con objetivos nacionales, elaborando una categoría de prioridades que respondan en primer lugar a nuestros intereses y no a un modelo impuesto desde arriba hacia abajo.
Así se priva a los pueblos del recurso estratégico de la investigación tecnológica, científica y social. Desempeñar un papel central en la formación de excelentes profesionales en cada área y relacionar la producción de ciencia y tecnología con el conocimiento científico y el compromiso social, constituye un verdadero desafío para las UP. Se trata de construir y recuperar a la Universidad Pública como institución estratégica al servicio de una sociedad democrática, justa y solidaria para todos, caso contrario, estaremos en zozobra: como un naúfrago aferrado a un madero en la tormenta global.
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(*) Ex Profesor Universitario en Chile y en el Perú
