Por Gustavo Espinoza M. (*)
Quizá si la primera consecuencia de la reelección del Comandante Hugo Chávez Frías en la República Bolivariana de Venezuela el pasado 7 de octubre, haya sido el incremento de las presiones del gobierno de los Estados Unidos sobre el Perú.
La Casa Blanca pareciera decir en tono quejumbroso: si ya perdí Caracas, que no se me vaya a ir Lima. Cinturón de castidad, le pongo, más siete candados, para que no pierda su doncellez, sino conmigo.
A esa oscura voluntad hay que añadir la aviesa campaña que libra la oligarquía peruana y sus acólitos en la “prensa grande”, orientada a distorsionar lo que ocurre en ese país, en el que el pueblo toma en sus manos el forjamiento y la construcción de una nueva sociedad.
Ya antes, a fines del año pasado, visitó el Perú Robert Gates, quien fuera el Secretario de Estado para los Asuntos de la Defensa de la administración norteamericana entre el 2008 y el 2011. Vino, sin duda, en cumplimiento de misiones especiales porque tuvo a bien visitar Palacio de Gobierno y entrevistarse con las más altas autoridades de nuestro país. También estuvo Roberta Jacobson, Secretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en el gobierno yanqui.
En estas semanas, sin embargo, han llovido asistencias más definidas. Después del 7 de octubre tuvo lugar la cita de los ministros de Defensa de América, celebrada 24 horas después de los comicios venezolanos. El encuentro, cuyo escenario fueron las costas del Uruguay, tuvo formalmente la tarea de “pasar revista” al mapa político continental, y en él, tuvo un trato casi privilegiado el ministro de Defensa del Perú, Pedro Cateriano, una personalidad del entorno de Vargas Llosa que hoy desempeña funciones “de confianza” en la estructura del Estado.
Luego de eso vino aquí el señor León Panetta, actual titular de ese portafolio y quien tiene a su cargo la aplicación de las orientaciones que emanan de la Casa Blanca y que muestran la preocupación del gobierno americano por lo que ocurre en nuestra región. Por si su visita no hubiese sido suficiente, inmediatamente después arribó a nuestro suelo la señora Hillary Clinton, la actual Secretaria de Estado de los Estados Unidos, importante personalidad que intervino —fue la excusa formal— en un encuentro orientado a combatir la exclusión de la mujer en el escenario global.
En esa ocasión, la esposa del expresidente Clinton tuvo a bien compartir presencia con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet y con la esposa del cuestionado Presidente de Honduras, elegido el año pasado en comicios ciertamente irregulares patrocinados por Washington.
¿Qué pretende el gobierno de los Estados Unidos con estas renovadas y reiteradas presiones? Seguramente sólo lo sabrán con precisión las paredes del edificio gubernamental peruano, pero también los funcionarios de gobierno de nuestro país, empezando por el presidente Humala, quien debiera informar a la opinión pública acerca del tema en cuestión.
Y es que resulta altamente sospechosa esta insistencia yanqui, que bien parece una manía, y que busca tomar por el cuello a las autoridades peruanas para no dejarles actuar con ninguna libertad. En el fondo, es el miedo, lo que mueve a los gobernantes de los Estados Unidos que suponen —quizá— la existencia de un cierto “cordón umbilical” que podría unir al Palacio de Miraflores con nuestra capital.
La embajadora de los Estados Unidos en el Perú, Rose M. Likins se encarga de vigilar que no se presente la menor muestra de ello. Y para tal efecto mete sus narices en todo: en las reuniones, los acuerdos, las visitas, los encuentros, y otros, que tienen lugar aquí. Su mirada presta, pretende percibir a trasluz para ver qué divisa y saber, por ejemplo, si el “modelo chavista” encuentra algún nivel de reciprocidad en nuestra patria. La tenebrosa campaña contra Javier Diez Canseco —a quien no se le puede achacar ninguna conducta impropia— bien puede estar digitada por sus “nexos” ubicados en distintas esferas.
Tres son los eslabones que mueven la frenética actividad de Washington en nuestra tierra: la asistencia militar, la protección a la inversión foránea principalmente trasnacional y norteamericana y la orientación de nuestra política exterior que la reacción interna la liga a la permanencia de Rafael Roncagliolo en Torre Tagle.
El tema de la asistencia militar tiene, por cierto, sus bemoles. En el pasado, se relacionó con la “asistencia” de la DEA en la llamada “campaña antidrogas”; pero hoy extiende sus tentáculos mucho más allá. Tiene que ver, en efecto, con el ingreso regular de efectivos militares de los Estados Unidos en el Perú en lo que constituye una suerte de invasión silenciosa. Pero también con la implantación de bases militares de los Estados Unidos en nuestra tierra, en una circunstancia en la cual la administración yanqui prepara con fruición planes guerreristas en otros escenarios de nuestro tiempo.
La política norteamericana, en efecto, busca desencadenar conflictos militares en las regiones del mundo en las que existe petróleo. Y una de las más ricas en la materia es la franja del Orinoco en la Venezuela de nuestro tiempo. Y no hay que olvidar que en este terreno, Washington no opera en solitario. La OTAN comparte sus aventuras.
Quizá por eso ocurrió un hecho que debiera preocupar hondamente a nuestros pueblos y que describe el periodista venezolano Ernesto Villegas en su documentado libro “Abril, golpe adentro”: En el año 2001, se detectó en España un hecho inaudito: En la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas de España se incluyó un curso de Estado Mayor —“Operativo Balboa”— que contemplaba una operación imaginaria de intervención militar en un “país marrón”, cuyas coordenadas geográficas —a más de sus antecedentes y su historia— coincidían sorprendentemente con Venezuela. Al año siguiente se produjo —como se recuerda— el Golpe de Estado de Pedro Carmona Estanga, en colusión con las embajadas de España —de Aznar— y USA, frustrado por el coraje y la combatividad del pueblo venezolano.
Los otros dos elementos de la estrategia yanqui, se complementan. Tienen que ver, por cierto, con el caso “Conga”, aún no resuelto en forma definida: y con el rumbo de la política exterior, que la Casa Banca busca torcer a cualquier precio.
Este incremento de las presiones yanquis sobre las autoridades peruanas coincide, adicionalmente, con un conjunto de acciones extremadamente cuestionables por parte de distintas estructuras del Estado peruano que han dictado, por ejemplo, una sentencia a favor de connotados fujimoristas liberándolos tramposamente de la ejecución extrajudicial de combatientes del MRTA en la residencia nipona en 1997; y una exigencia constante para que se conceda un “indulto” indebido al más importante reo en cárcel que tiene la Mafia en el Perú, Alberto Fujimori Fujimori.
Mientras los ministros del Gabinete Jiménez se pasan los días discutiendo nimiedades con los parlamentarios de la “oposición” en las comisiones del poder Legislativo, la ofensiva destinada a desacreditar y aislar al Presidente Ollanta Humala arrecia en todos los niveles, sin encontrar la respuesta apropiada del Jefe del Estado, ni de la opinión pública. Un Ollanta arrinconado es el sueño que incuban algunos porque si se diera esa figura, un solo golpe de mano bastaría para apartarlo del poder y abrir paso a “nuevos comicios” en los que la Mafia se presentaría en nombre de la “renovación política”… con Keiko Fujimori a la cabeza.
Alarma que esto ocurra, cuando los planes golpistas del Imperio del Imperio dieron al traste con la democracia en Honduras y arrasaron al gobierno de Lugo en Paraguay. Una aventura similar en e Perú bien podría suceder si el pueblo no toma conciencia de la situación creada y no se alista para afianzar el único camino hacia el futuro, el que buscó con afanoso empeño en los comicios de junio del año pasado (fin)
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / http://nuestrabandera.lamula.pe
