Estos días mantienen un silencio sepulcral en torno a las muertes en La Parada todos los otrora defensores de derechos humanos, antes fogosos combatientes contra estos crímenes perpetrados incluso contra terroristas.
Como la CIA, la USAID y otras instituciones, a través de diversas ONG, financian con fines políticos la defensa de los derechos humanos para sólo algunos casos, estos defensores, más conocidos como rábanos caviares, mercenarios de la palabra, no tienen ningún interés en esas muertes, mucho menos si van a poner en evidencia a uno de ellos, como Susana Villarán, que presionó a la policía para soltar una cortina de humo que cubra las noticias del día de la aprobación del proceso de revocación contra ella.
Uno que gustaba lucir una aureola de gran defensor de DD. HH. es Javier Diez Canseco. Está mudo en el caso La Parada. Vemos que no le interesan de verdad los derechos humanos. Otros intereses ocupan su tiempo, pagado por todos los peruanos, para favorecer a sus familiares y amigos, que se beneficiaron con su proyecto de la ley sobre acciones, mientras a su vez su despacho desdeñaba inquietudes que los ciudadanos le alcanzaron para que luche contra la corrupción.
Sobre esto, El Comercio y Perú.21 publican un editorial y una nota que arroja luces sobre las andanzas de Diez Canseco:
Editorial del diario El Comercio, 30.10.2012
Javier Diez-Canseco, la historia de un robo
Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre el controversial proyecto del congresista Javier Diez Canseco para convertir las denominadas “acciones de inversión” en acciones comunes. No es para menos. Después de todo, se trata de una propuesta que beneficiaría a su ex esposa y a su hija, titulares, respectivamente, de 90.049 y 12.030 acciones de inversión de la empresa Backus. Lo esperable, a fin de cuentas, es que el valor de mercado de dichas acciones, que no otorgan derechos políticos en la sociedad, aumente una vez que exista la posibilidad de canjearlas por acciones que sí lo hagan, como sucedería si se aprobase la propuesta legislativa.
El conflicto de interés en el que se involucró el señor Diez Canseco (y que ameritó que la Comisión de Ética del Congreso recomiende sancionarlo con una suspensión) ha distraído a la opinión pública de una injusticia aun mayor escondida detrás de su propuesta. Nos referimos aquí a la profundización de la confiscación perpetrada en 1970 por Juan Velasco Alvarado a miles de peruanos. Ese fue el año en el que el dictador forzó a las empresas a entregar acciones a las “comunidades industriales”, que agrupaban a los trabajadores, buscando así hacerlas dueñas de la mitad del negocio a pesar de que ellas no habían realizado aporte de capital alguno. En 1977 dichas acciones fueron transformadas por ley en las llamadas “acciones laborales”, que fueron entregadas a los trabajadores individualmente y que ya no incorporaban derecho a voto en la junta general. En años posteriores se les cambió de nombre a “acciones de trabajo” y luego a “acciones de inversión”.
Esta no es otra que la historia de un robo. No se puede llamar de otra manera a un acto estatal que interfirió en el contrato social de una empresa para quitarle parte de su capital (y por un tiempo parte de su derecho a decidir sobre el negocio) a quienes invirtieron en ella.
Hoy el señor Diez Canseco pretende disfrazar de justa su propuesta de restituir a las acciones de inversión el derecho a votar en la sociedad bajo el argumento de que “en ningún otro país hay acciones con derechos disminuidos”. Lo que quizá él no note es que probablemente ello no suceda en otras naciones porque en pocos lugares ha existido un gobernante con el descaro del señor Velasco Alvarado para institucionalizar el robo (ni congresistas con tanta perseverancia como la suya para repotenciar esta institución). A diferencia de lo que cree el parlamentario, su proyecto de ley en vez de corregir una injusticia no haría más que profundizarla.
Por lo demás, la Comisión de Ética del Congreso no debería detener su investigación sobre los posibles beneficiados por la propuesta al llegar a la familia del legislador. Y es que esta no sería la única ni, por lejos, la más beneficiada con este canje de acciones, pues es de conocimiento público que muchas de las acciones de inversión ya no se encuentran en manos de trabajadores, sino que fueron adquiridas por diversos grupos económicos. ¿Será acaso que detrás de la propuesta del legislador socialista se esconden los intereses de más de un especulador capitalista?
Esta cuestión es particularmente inquietante cuando reparamos en el hecho reportado ayer por el diario “Perú21”: la primera versión del proyecto del señor Diez Canseco (presentada a fines del 2005 y prácticamente igual al proyecto de ley actual) fue diseñada por su ex asesor financiero, quien es titular de más de tres millones de acciones de inversión en la empresa Backus.
Los sucesos tienen visos de no ser nada más que otro caso de mercantilismo; es decir, del uso del Poder Legislativo para beneficiar a un grupo particular en perjuicio del resto de peruanos. Así, pues, parece que a esta propuesta de profundizar el robo de Velasco Alvarado le cae bien la frase de Marx: la historia se repite a sí misma, primero como tragedia, luego como farsa.
En Perú.21 del 29.10.2012 se lee:
El origen del proyecto de Diez Canseco
Hay un nuevo elemento a tomar en cuenta en el caso del legislador. Óscar Berckemeyer, su exasesor, es titular del fondo que controla 3’390,992 acciones de inversión de Backus.
NO ES CASUALIDAD. El interés de Javier Diez Canseco por las acciones de Backus tiene su historia. (Martín Pauca)
Un nuevo elemento a tomar en cuenta surge en el caso del proyecto de ley presentado por el congresista Javier Diez Canseco que beneficia –según lo admitió– a su exesposa e hija con un pretendido canje de acciones de inversión por comunes y que ha motivado que la Comisión de Ética Parlamentaria recomiende que se le sancione con una suspensión de 90 días: Óscar Berckemeyer Prado, exasesor del legislador, controla 3’390,992 acciones de inversión de Backus.
Berckemeyer es el titular del 97% del capital social del Fondo Popular 1 – Renta Mixta, donde se encuentran estacionadas las más de tres millones de acciones de inversión de Backus. Este fondo es administrado por Popular S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (Popular SAFI), constituida en enero de 2006 por el propio especialista.
El exasesor fue, durante muchos años, directa e indirectamente, accionista minoritario de la principal empresa cervecera del país.
En agosto de 2001, Berckemeyer ingresó a trabajar como asesor en la comisión investigadora de delitos económicos y financieros perpetrados de 1990 a 2001, presidida por Diez Canseco.
En la sesión reservada del 27 de agosto de 2001, el parlamentario informó a los otros miembros sobre la colaboración de Berckemeyer, destacando “que tiene a su cargo un programa económico y es un especialista en el tema de bolsa”. En la memoria de la comisión –concluyó en junio de 2002– también se resaltó su participación.
PRIMER PROYECTO
A fines de febrero de 2005, Javier Diez Canseco presenta el proyecto 12422/2004 que propone el canje de acciones de inversión por acciones comunes o redimirlas por su valor nominal en dinero. Según ha admitido el legislador, dicha iniciativa fue elaborada por su exasesor Berckemeyer.
Pocos días después, Carmen Montero Checa, exesposa del legislador, adquiere 90,049 acciones de inversiones. En los registros contables de la empresa, en 2006, Berckemeyer figuraba como poseedor de 1’356,973 acciones de inversión, que luego aumentaron hasta que llegó a controlar 3’390,992 de estos títulos. El proyecto aprobado en la Comisión Permanente, en febrero de 2006, fue observado por el Ejecutivo.
El resto es historia. La hija de Diez Canseco compró 12 mil acciones de inversión en 2009 y en 2011, tras retornar al Congreso, el parlamentario presenta una nueva iniciativa que reactivó su propuesta del canje de acciones. Según reconoció, el proyecto 564-2011 es una copia del que hace seis años elaboró su exasesor financiero Óscar Berckemeyer.
SABÍA QUE
- En el libro El faenón cervecero, Diez Canseco acusa a Pedro Pablo Kuczynski de haber vetado su primer proyecto.
- En dicha obra, el legislador dice que la decisión del gobierno toledista per-mitió la venta a bajo precio de las acciones de Backus.
- Diez Canseco tiene como antecedente la autoría del proyecto de ley que favoreció al padre de su asesor Javier Mujica Petit.
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