Por Guillermo Olivera Díaz*
El año 1992, Alan García pasaba por serios aprietos penales, porque pendía sobre su cabeza una grave denuncia constitucional por una sarta de ilícitos, relativos a varios aviones franceses Mirage, cientos de millones de dólares del Perú depositados en el BCCI y los inmuebles que tempranamente poseía en Chacarilla, Miraflores y Naplo. Eran los enigmáticos prolegómenos del gobierno de Fujimori.
Alguien le recomendó mi nombre como su posible defensor, pero me buscaron y supieron que estaba en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Me imagino que el acoso penal lo atormentaba, por lo que un actual juez penal de Lima me llamó por teléfono. Fui raudo en tren de Sevilla, España, a Cambridge y desde el aeropuerto de Heathrow, Londres, tomé un avión a Lima. Oblé todo con la mía; nunca fui resarcido.
Llegué a nuestra capital, me reporté y al día siguiente un ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima me condujo a la residencia alanista en Chacarilla. Estaba con cierta avidez esperando mi llegada, pues pese a que recién lo conocía, nos apabulló con sus preguntas de corte penal. Quizá pretendía examinarme, pues el 8-4-1991 Fujimori había aprobado un nuevo Código Penal y el mismo año otro de Ejecución Penal por sendos Decretos Legislativos, redactados por una Comisión ad hoc pero visados en el SIN de Montesinos.
Eramos tres los contertulios, Alan, César y yo. En la extensa conversación-examen de pronto surgió una pregunta inesperada, tal cual una digresión, que ahora cobra actualidad. Alan quería que le informemos sobre la “conmutación de la pena”. Como yo estaba apenas llegado al Perú, corrí traslado de la pregunta a César, quien ensayó una respuesta, a la cual, recuerdo con nitidez, Alan la desaprobó, hasta casi la ridiculizó, lo cual sugiere que estaba interrogando sobre un tópico que ya había leído, en su calidad de abogado.
Ahora que se sabe que las conmutaciones de penas se han vendido a condenados por narcotráfico, en mayor medida, luego del trámite que concluía la Comisión de Gracias Presidenciales, presidida por Miguel Facundo Chinguel, contando con la asesoría especializada del abogado Manuel Huamán Montenegro, condenado por narcotráfico y liberado por beneficios penitenciarios, y otros 39 asesores más, debo suponer que para contratar a tanta gente abogadil también los examinó sobre las conmutaciones de penas, las mismas que se han aplicado religiosamente, por un tanto alzado, si se trataban de supuestos que estaban prohibidos.
¡Alan, desde el lejano año de 1992, ya se interesaba en la suerte de la conmutación de pena, de sus faltriqueras, pero no en el destino de los conmutados! Soy testigo ex propia sensivus!
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11-4-2013
