Por Guillermo Olivera Díaz*
El publicitado pedido de pronunciamiento, buscando cobijo, de la Defensoría del Pueblo que ha formulado Alan García, debe ser declarado Improcedente, pues, según el Artículo 162.° de la Constitución Política invocado por el cuitado quejoso, a ella sólo le compete “defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad”, cuando exista formalmente abierta y en curso alguna investigación congresal, judicial, fiscal, policial o administrativa en contra de alguien, con nombre y apellidos, en la que el abuso estatal florezca en detrimento del investigado.
Ningún declarante puede aducir, como lo hace impropiamente el quejoso García, la “afectación sistemática de sus derechos constitucionales”, al debido proceso parlamentario, con violación del principio de legalidad-taxatividad por imprecisión de la figura legal delictiva imputada, exceso del plazo razonable, ausencia de cargos concretos, irregularidad en la citación que lo nombró como investigado. En su desesperación e ignorancia supina de la temática penal quiere que le precisen la “norma legal que tipifica las irregularidades del ejercicio de su atribución presidencial” al indultar y conmutar penas a condenados por tráfico ilícito de drogas.
Este último quejido es una exageración de marca mayor, ya que eso corresponde al antejuicio político. Impropiamente se funda en la sentencia del Tribunal Constitucional, de 8-8-2012, recaída en el Expediente N.° 156-2012-PHC/TC, relativo a un proceso de antejuicio y no de comisión investigadora que ve un asunto de interés público. ¿Habrá entendido, si es que las leyó, las 24 páginas de este fallo?
La Comisión Investigadora de la Gestión Presidencial 2006-2011, que inició sus funciones el 21 de noviembre del 2011, no ha abierto proceso alguno contra ninguna persona, llámese Alan García, Miguel Facundo Chinguel o el otrora condenado por tráfico ilícito de drogas, Manuel Huamán Montenegro, entre muchos que ha citado a declarar y casi todos han dado su versión, han dicho, pues, esta boca es mía. Investiga, entonces, la compleja gestión presidencial que hubo entre el 2006 y el 2011, para cuyo objeto Alan García ha prestado su manifestación dos veces, por espacio de unas tres horas cada una.
¿De qué exceso de plazo razonable habla, Alan García, si él, como persona natural, no viene siendo investigado los 600 días que refriega ha dejado de ser presidente, tampoco los 365 días que el Congreso otorgó como término a la Comisión, plazo que ha sido renovado por un año más, sino sólo por las seis (6) horas que han durado sus dos declaraciones? ¿De qué afectación de su derecho al debido proceso, si no está formalmente procesado, investigado o acusado?, pues la apertura de investigación en curso es respecto de un asunto de “interés público”: la gestión presidencial 2006-2011 y no de la persona, y sólo ésta goza de derechos y no la gestión realizada.
Los derechos humanos que la Constitución protege corresponden a las personas, como es el caso del debido proceso. Pretender que se viola el principio de legalidad-taxatividad, porque no se le ha precisado la “figura legal” delictiva imputada, ni señalado la “norma legal que tipifica las irregularidades” en que habría incurrido al conmutar (rebajar) penas a 3,207 narcotraficantes al ejercer su atribución presidencial, es ser protagonista de una ignorancia supina superlativa, en su calidad de abogado indocto en materia penal, pues estos extremos se cumplen en el procedimiento de acusación constitucional, al que aún no está sometido. Lo estará sin duda.
Por estas razones, entre otras, también el Defensor del Pueblo debe hacer lo mismo que el Fiscal de la Nación, que ha rechazado la solicitud alanista, pues contra Alan García no existe aún ninguna investigación formal abierta, sólo en la cual se vulneraría o no el debido proceso parlamentario.
La investigación congresal en curso es respecto, repito, de la gestión presidencial del 2006 al 2011; en ella no se investiga o procesa formalmente a nadie, a ninguna persona, sino que se cita a los protagonistas de esa gestión, se reciben sus declaraciones, así como las de terceros, para advertir lo que realmente pasó y recomendar o sugerir lo que debe hacerse, seguramente el proceso de denuncia constitucional por delitos contra Alan García, a cargo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que es un ente diferente a la Megacomisión Tejada.
Podríase decir, como licencia literaria, que la “gestión presidencial 2006-2011 está en el banquillo” de los acusados, pero Alan García todavía No. ¡Más adelante lo estará!
Será la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la que abra investigación contra él, actúe la probanza respectiva, reciba de nuevo su declaración, intervengan testigos o peritos, ejercite ampliamente su defensa, en cuyo trámite deben evitarse violaciones de su derecho al debido proceso, que es un derecho fundamental de la persona formalmente investigada y acusada.
¡Alan, creyéndose víctima de afectación al debido proceso legal, ha cruzado la esquina sin llegar a ella; se ha adelantado ostensiblemente y con demasiada prisa a los sucesos del futuro antejuicio o acusación constitucional que contra él vendrá, inexorablemente!
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26-4-2013
