Jans Erik Cavero Cárdenas*
Durante mucho tiempo, los gobiernos han prometido tanto para Ayacucho, que luego de tomar conocimiento sobre el ofrecimiento del Consejo de Ministros, celebrado en Tambo – La Mar, presumo que se trata de palabras, y más palabras. En esta sesión descentralizada, el Ejecutivo se comprometió a transferir más de 3 mil millones de soles para la ejecución de diversas obras de inversión e infraestructura. De esta manera, se pretende cubrir la ausencia del Estado a partir de transferencias presupuestarias.
Sin embargo, reducir las carencias sociales a un asunto estrictamente monetario resulta bastante simplista. Prescindir de una planificación adecuada para implementar políticas sociales, improvisando intervenciones públicas meramente coyunturales, redundará en un derroche fiscal perjudicial para el Estado. He ahí, el pretexto perfecto de los neoliberales para despotricar de toda intervención estatal, aduciendo supuesta incapacidad.
Durante más de una década Ayacucho fue asolada por la violencia socio política, y aunque este factor no sea el único determinante para el subdesarrollo, contribuyó al incremento de la brecha social, la desigualdad, y la pobreza. A partir del año 2000 se inició un crecimiento económico sustentado básicamente en la pequeña y mediana empresa (MYPES), empresas familiares, cadenas productivas. Pero al lado de este desarrollo modesto, emergieron, o se hicieron más visibles, otras lacras: Lavado de dinero, narcotráfico, corrupción, inseguridad ciudadana.
Conociendo el escenario, se puede planificar estratégicamente, y solo después, disponer de los recursos económicos para lograr una intervención pública eficaz. Si esto no se entiende, asistiremos a un nuevo fracaso, perdiendo oportunidades, tiempo, presupuesto. Un ejemplo paradigmático de la improvisación gubernamental fue el Plan VRAE, reducido a simples transferencias dinerarias de algunos ministerios, supuestamente para lograr el desarrollo del valle. ¿Cuál ha sido el resultado? Inexistencia de agua potable para consumo humano, precarios establecimientos de salud, educación y agricultura alarmantes; inexistencia de corredores viales asfaltados.
Desde la implementación de este plan por el gobierno anterior, continuado por el actual gobierno, con cambio de etiqueta (VRAEM), el Estado ha derrochado cientos de millones de soles, sin considerar los presuntos actos de corrupción perpetrados en la ejecución de obras, proyectos y programas. El gobierno debe entender que la margen izquierda del valle padece enormes carencias sociales. Lima, la gran empresa, y la clase política, celebran la primicia de que el Perú es el país con mayor crecimiento de Latinoamérica. Pero, ¿qué tan significativo es un crecimiento económico con enormes brechas sociales?
Esta realidad cruda desnuda otro hecho fáctico: Los gobiernos regionales y municipales que ha tenido Ayacucho han sido incapaces de aportar a la solución del problema, al igual que los congresistas que hoy representan a la región. Lo más grave es que a nivel de gobierno regional uno es más corrupto que el otro y más inepto que el antecesor. El Presidente de la República advirtió luchar contra la corrupción, pero estuvo sentado en la mesa al lado del Presidente Regional Wilfredo Oscorima, quien afronta varios procesos penales por corrupción. Humala o desconoce la situación jurídica de Oscorima; o lo sabe, pero lo ignora por estrategia; o lo sabe y no actúa porque no le compete.
Por lo tanto, ¿sería sensato transferir al Gobierno Regional más de 3 mil millones de soles?, ¿sería prudente entregar presupuestos significativos a municipios, OPDs, unidades ejecutoras, que cuentan con funcionarios incompetentes?, ¿sería responsable encomendar dinero público a denunciados y/o procesados por corrupción? He revisado algunos casos denunciados, y aunque no ejerza función jurisdiccional, creo que Oscorima, sus gerentes generales, y algunos gerentes de línea, deberían estar presos.
El Presidente Humala tampoco sabe de la denuncia penal que se promovió contra Wilfredo Oscorima por lavado de dinero. Desconozco el estado actual de la denuncia en fiscalía, pero discrepo abiertamente del peritaje que determinó la inexistencia de desbalance patrimonial en los negocios de Oscorima. Si aún el caso está en apelación, la Procuradora Príncipe Trujillo debería exigir un peritaje que ponga énfasis en el origen de la fortuna, y no tanto en el estado financiero contable de las empresas, que por pertenecer al rubro de la diversión y el ocio deben ser rentables.
Si el Estado no lucha frontalmente contra el lavado de activos, experimentaremos la institucionalización de otra lacra, salvo que se sostenga que todo el dinero que se mueve en el país tiene un origen lícito. En el Perú, y en otros países, se lava dinero. Tradicionalmente se decía que los espacios propicios para el lavado eran los casinos, grifos, hoteles; sin embargo, el lavado ha trascendido estos espacios y ha llegado a universidades privadas, cooperativas, empresas familiares. No bajemos la guardia.
