Jans Erik Cavero Cárdenas*
El Poder Judicial ha dado una lección en Ayacucho. Ha condenado, en primera instancia, a Edmundo Esquivel Vila, exgerente del investigado Hernán Garrido Lecca en el Ministerio de Vivienda; exgerente y Administrador del Gobierno Regional de Ayacucho; e integrante del Cuerpo de Gerentes Públicos. Se trata de una condena judicial a un servidor que estuvo vinculado a la gestión actual de Wilfredo Oscorima.
Precisamente, cuando Esquivel fue designado gerente suscribió un contrato PNUD, mintiendo en su declaración jurada. Pero ¿por qué mintió? Porque al ser trabajador nombrado del gobierno regional estaba prohibido de contratar vía PNUD. Lo hizo, afirmando que no tenía vínculo laboral. Por este hecho, Esquivel fue condenado al haber cometido, según el juez Ayala, el delito de Falsedad Genérica. Pudo ser gerente a cambio de una retribución modesta; sin embargo, mintió y posteriormente cobró 11 mil soles que luego devolvió al Ministerio de Economía y Finanzas. Por esta razón, también se consumó el delito de Cobro Indebido.
Dos años de pena privativa de libertad más inhabilitación para ejercer cualquier público se impuso a Esquivel Vila, quien también tendría responsabilidad penal en el famoso Caso FORSUR que se viene investigando en el Congreso de la República. Aunque se trata de una resolución en primera instancia, el pueblo decente y la reserva moral de la región esperan que la segunda instancia confirme la resolución. Caso contrario, se avalaría la impunidad y ello significaría un retroceso en la lucha contra la corrupción.
Una vez que la segunda instancia confirme la resolución judicial, Esquivel Vila no solo será expectorado del Cuerpo de Gerentes Públicos, sino además debería ser sometido a proceso administrativo sancionador, por el que podría ser destituido de la Dirección Regional de Agricultura. El artículo 29 del Decreto Legislativo 276 prevé la destitución automática cuando hay condena penal privativa de libertad por delito doloso. Para ello, debe designarse a una Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, compuesto por gente capaz. Recordemos que la comisión presidida por Ochoa Sotomayor, ex asesor de Germán Martinelli, absolvió a Esquivel Vila por estos hechos.
Este paso firme que ha dado el Juez Ayala es saludable pero insuficiente. Existen trabajadores y extrabajadores del gobierno regional que tienen denuncias y procesos pendientes y hasta hoy nada de nada. Pensé que con el Nuevo Código de Procedimientos Penales los plazos se iban a reducir, sobre todo en lo que respecta a delitos contra la Administración Pública. Me equivoqué. Wilfredo Oscorima, Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, tiene denuncias penales; no obstante, no existe acusación alguna que yo recuerde, menos aún sentencia condenatoria.
Carlos Palomino Arana, asesor presidencial, también fue denunciado penalmente. Se trata del Caso 1606015500-2012-19-0 sobre denuncia penal contra Oscorima y Palomino por la comisión de los presuntos delitos de Peculado y Malversación de Fondos en agravio del Estado. Los hechos que dieron pie a esta denuncia fueron aquellos vinculados a la ejecución del Hospital Mariscal Llerena (Contrato de Ejecución de Obra 687-2010). El 30 de enero de 2012 se aperturó investigación en este caso. ¿Qué pasó después de casi año y medio? ¿Se archivó el caso? Parece que sí, pues de otra forma no se entiende cómo los denunciados están vivitos y coleando. En todo caso, el Procurador Anticorrupción debe explicarle a la ciudadanía el estado situacional de este y otros casos. Lo real y evidente es la existencia de un hospital regional destruido.
Hay un hecho particular que merece comentario: Oscorima tiene previsto transferir a la Corte Superior de Ayacucho un presupuesto del gobierno regional que permita la construcción de su tercera planta. Pero, ¿es esto ético?, ¿puede un potencial procesado por la justicia por delitos de corrupción realizar donativos en favor de quienes lo podrían sentenciar? No. Pero para el Presidente de la Corte Superior de Ayacucho, se trata de un convenio entre el gobierno regional y la corte, demostrando que la ética no importa cuando se trata de obtener un beneficio para la judicatura. La Corte Suprema de Justicia debería estar al tanto de este hecho y sentar una posición institucional.
Además de Esquivel, ¿hay otros casos similares? Por Cobro Indebido y Falsedad Genérica, deberían ser procesados y sancionados Gregorio Huayhualla, Severino Castillo, Carlos Infante, Necías Taquiri. Los 2 primeros, por haber percibido presuntamente sus pensiones de jubilación y remuneración a la vez. Ambos, desde mi perspectiva, debieron suspender el cobro de sus pensiones. Los 2 últimos, por no haber solicitado licencia sin goce de haber, previo a la asunción de sus cargos en el gobierno regional, percibiendo presuntamente doble remuneración del sector público.
Lo paradójico es que Infante y Taquiri son comunicadores sociales, conductores de un programa radial, estando incapacitados para dar lecciones de moral y ética.
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