Rocío Ferrel
Muchos podemos condenar la vacancia presidencial invocando la incapacidad moral permanente, pero en realidad hay culpables de ello, quienes precisamente ahora se rasgan las vestiduras y azuzan a los jóvenes a marchar exponiéndolos a ellos y sus familias a los contagios por la pandemia y a que nos coja una segunda ola de coronavirus.
Sin ser abogados, muchos sabíamos hace muchos años que la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente podía prestarse a interpretaciones antojadizas y abusivas que podrían precipitar lo que ha sucedido.
Sin embargo, los que lo sabían mejor, que son los abogados y politólogos con actividad política y social o en las ONG, nada hicieron por impulsar una reforma constitucional, una precisión del Tribunal Constitucional, y mucho menos una nueva Constitución, puesto que la heredada de la dictadura fujimorista tiene mucho que corregir.
Muchos de ellos, dedicados a la política, privilegiaron sus propios intereses y los de las ONG básicamente se dedicaron a hacer aquello por lo cual les pagan, seguir consignas, atizar titulares o mover a la prensa para justificar sus sueldos y satisfacer su ego y afán de figuración.
Son como esos técnicos malos, que esperan que un aparato o vehículo se malogre por no hacer mantenimiento preventivo y sólo atinan a realizar reparaciones cuando la falla se presenta, y peor, cuando arrastra graves consecuencias.
Fácil es ahora para ellos lanzar a la gente a la movilización en medio del COVID-19. Ya hemos visto cómo en los Estados Unidos y en Europa las protestas han multiplicado las infecciones a un nivel mayor que en la primera ola, al punto que ahora en Italia, Francia, Bélgica y otros países están rebasando o a punto de rebasar su capacidad hospitalaria. Por supuesto, las muertes también ya amenazan con superar al número de la primera ola.
Mucho peor podría golpear al Perú una segunda ola, teniendo una infraestructura de salud, recursos, personal y presupuesto muy por debajo de lo que se maneja en esos países.
No se necesitaba ser adivino para saber que esta vacancia podría darse, con mucha mayor probabilidad con un presidente con pocos aliados en el Congreso, cuyo abogado Aníbal Quiroga tiene el desparpajo de decir que la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente se reduce al número de votos, como si nada significase el equilibrio de poderes, la democracia, el sentido común ni la noción de justicia.
¿Dónde estaban entonces los oenegeros para promover los frenos legales que se requerían? ¿Dónde estaban los abogados del Estado para adelantarse con propuestas en ese sentido? ¿Dónde estaban los partidos políticos (todos tienen abogados) para presentar sus planteamientos legales?
Simplemente se durmieron, por ello deberían sonrojarse, ahora que sucedió lo que no se quería, de empujar a la gente a contagiarse a las marchas, y mucho peor, buscar protagonismo político para salir ganando en las próximas elecciones, pese a que hasta el propio Vizcarra ha aceptado la vacancia. No estuvieron a la altura.
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