Herbert Mujica Rojas
La Oficina de Recursos Humanos de Cancillería, en el Informe 011 de fecha 9 de diciembre-2020 y con la firma de la responsable de entonces, embajadora Fátima Trigoso Sakuma, dice en su punto IV Delimitación de la responsabilidad funcional:
“4.1 Presuntos infractores
-Embajador Néstor Francisco Popolizio Bardales. Representante Permanente ante la Sede de Naciones Unidas.
-Embajador Hugo Claudio de Zela Martínez, Embajador del Perú en Estados Unidos de América.
-Embajador José Manuel Domingo Boza; Ministro Consejero, Pedro Alberto Rubín Heraud.
4.2 Presuntas conductas infractoras:
-Conocer de graves irregularidades funcionales, así como presuntos maltratos y abusos laborales por parte del Jefe de la Misión del Perú en Israel y haber omitido cumplir con las normas y utilizar los canales institucionales para la investigación y sanción de esos actos, los cuales fueron de conocimiento público masivo, generando una grave afectación a la imagen del Servicio Diplomático.
-Haber propiciado la denuncia de esas irregularidades funcionales y los presuntos maltratos y abusos, por parte del Jefe de Misión en Israel, en un medio de prensa masivo con la finalidad de crear un escándalo mediático que derivó en la destitución del mencionado Jefe de Misión y acarreó un grave descrédito institucional.
4.4 Aparente gravedad de las conductas infractoras
Las presuntas faltas atribuidas a los funcionarios diplomáticos comprendidos en el punto 4.1, serían muy graves, en tanto se trata de funcionarios que ejercieron los puestos más altos en la Cancillería.”
En castellano simple, el 2018: tanto el No. 1 (Néstor Popolizio) como el No. 2, Hugo de Zela, ambos embajadores, el primero canciller y el segundo, viceministro, estuvieron muy al tanto de cuanto operativizaba Boza con la ayuda de Rubín.
Antes que se abriera la investigación interna en julio 2018 en Cancillería, sobre lo acontecido en la Misión en Israel, Popolizio ya había condenado, un mes antes, junio 2018, a Fortunato Quesada, al sacarlo de su puesto en Tel Aviv y contribuyó con su cese y desafuero del servicio diplomático. El anuente De Zela estuvo al tanto de cuanto ocurría.
Popolizio y de Zela fueron juez y parte al saber todo de antemano, en el 2018, como lo demuestran fehacientemente los 31 folios que contienen los diálogos por Whatsapp entre Boza y Rubín. Quesada estaba sentenciado de antemano dado que todo estuvo previamente coordinado.
Fortunato Quesada afirmó: “Popolizio y de Zela personifican maldad y crueldad funcional en Cancillería”.
A posteriori, 2021, cuando Allan Wagner asumió por tercera vez el cargo de Canciller hizo oídos sordos a las numerosas y potentes cartas del embajador Quesada y, sin pena ni gloria, dio al traste con las esperanzas que se tuvo en que corrigiera el más que demostrado complot para defenestrar a un embajador y echarlo del servicio.
Que se sepa durante el ejercicio de Oscar Maúrtua como canciller por segunda vez, 2021-2022, no se trató nada de este tema.
La inacción actual del canciller Landa está enviando un mensaje totalmente equivocado al servicio diplomático, donde nadie debe tener corona ni inmunidad o impunidad como es el caso del ex canciller Popolizio y el ex viceministro de Zela a quienes no se ha aplicado ninguna de las sanciones previstas para casos tan graves como éste.
¿Que imagen está proyectando el ministro Landa que es catedrático de Derecho y no lo aplica en Cancillería? El espíritu de cuerpo para proteger los absurdos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hacen mucho daño. O ¿qué intereses ocultos existen?
La descomposición institucional es hoy más evidente que nunca. Torre Tagle no es infalible.
Cuanto más pronto se resuelva el caso del embajador Fortunato Quesada, mejor presentación de Cancillería ante el pueblo peruano que aún no sale del asombro de cómo fue gestado y llevado a cabo un complot revanchista e indecente.
