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Por escándalo del presunto proxeneta Chibolín. Roxana del Águila es una exjefe de Migraciones con una trayectoria muy sospechosa, por ejemplo en las licitaciones de pasaportes, así como la deficiente entrega de pasaportes que obligaba a los ciudadanos a formar largas colas, lo que hacía sospechar de la existencia de una mafia que aceleraba estos trámites a cambio de coima, en cumplimiento de la ley de la coima: donde hay un trámite que demora allí hay un coimero.

El Poder Judicial dispuso el impedimento de salida del país por 15 días contra la exjefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Roxana del Águila, investigada junto con Andrés Hurtado, alias Chibolín, por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del estado.

Resulta inadmisible que el Congreso de la República continúe promulgando leyes que favorecen al crimen organizado, alertan

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) culpó al Congreso de la República por las numerosas muertes de peruanos a manos de la criminalidad organizada debido a que se ha dedicado a promulgar leyes en favor de la delincuencia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informa que se ha iniciado el programa de evacuación de nuestros connacionales que se encuentran en zonas de riesgo en el Líbano.

El Papa Francisco aprobó la expulsión de diez sujetos integrantes de la secta Sodalicio de Vida Cristiana por una serie de abusos graves  denunciados por las víctimas, comunicó la Conferencia Episcopal Peruana. Llama la atención que siendo una secta abusadora y codiciosa la decisión no haya sido cerrar la secta, podrida hasta el tuétano, y excomulgar a los depravados.

La Fiscalía de la Nación presentó al Congreso una denuncia constitucional contra Luis Alberto Otárola acusándolo de haber presuntamente instigado el delito de colusión simple y agravada, en agravio del Estado cuando ejercía las funciones de presidente del Consejo de Ministros.

Con pose de heroína, la congresista fujimorista Patricia Juárez encabezó al grupo de congresistas que recibieron a los transportistas que ayer paralizaron sus actividades y marcharon exigiendo seguridad ante la ola de extorsión y asesinatos que los golpea. Los parlamentarios anunciaron que verán los proyectos de ley para tipificar el terrorismo urbano, sin embargo estos impresentables tienen hasta ahora lograron promulgar la ley, pese a que se presentaron los textos correspondientes desde hace un año y tres meses.

Para facilitar la lucha contra las bandas de extorsionadores y la ola de delincuencia, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en los distritos de Ate, Villa el Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chosica, en Lima Metropolitana; así como en el distrito de Ventanilla. en la provincia Constitucional del Callao. Durante su vigencia la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Asegurando no presentar desbalance patrimonial

El fiscal José Domingo Pérez solicitó al despacho del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el archivo de la investigación que se le abrió por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, argumentando que no existe desbalance patrimonial en sus ingresos y egresos.

Delia Muñoz abogada especializada en derechos humanos y derecho internacional, advirtió que el Perfil de Cumplimiento dispuesto por la Sunat en el Decreto Legislativo 1535 (y reglamento promulgado con DS 320-2023-EF) vulnera derechos de las personas jurídicas.

El ministro de Educación Morgan Quero al parecer estuvo durmiendo mientras los transportistas anunciaban los días previos una paralización para hoy en Lima y recién poco después de las seis de la mañana de hoy emitió un comunicado suspendiendo las clases escolares y disponiendo su realización por internet.