El 21.° Juzgado Penal Liquidador de la Corte de Lima programará otras subastas de bienes del general EP (r) y de otros personajes condenados por corrupción.

El Poder Judicial entregó al Estado peruano dos millones veinte mil seiscientos setenta dólares americanos (aproximadamente siete millones 500 mil soles) por concepto de ejecución de sentencia del proceso penal seguido contra el general EP (r) José Villanueva Ruesta por el delito de enriquecimiento ilícito.

 

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El excongresista Daniel Salaverry rechazó el pedido de la Fiscalía, que pide para él ocho años de prisión por el presunto delito de peculado.

El exparlamentario aseguró que la Fiscalía le ha “inventado” el delito de peculado aduciendo que ha “utilizado los viáticos que se le entregan a los miembros” de su despacho congresal.

 

Daniel Salaverry set 2018

Herbert Mujica Rojas

Desde hace años, flotas pesqueras, china y de otras nacionalidades, operan a partir de la milla 201, frente al dominio marítimo peruano, y se dedican a la pesca de la pota o calamar gigante. Estas naves se observan por instituciones dedicadas al análisis de datos satelitales, como Global Fishing Watch o HawkEye360 y por embarcaciones peruanas que se cruzan en su ruta.

 

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Desclasificados. Informes norteamericanos reportan que en los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori se encubrió a militares que cometieron ejecuciones extrajudiciales, como en el caso Cayara. También menciona la crueldad de los senderistas que asesinaban a los campesinos que se oponían a sus actividades.

Archivo de Seguridad Nacional reveló las drásticas vulneraciones de derechos humanos que se ejercieron durante los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori, en plena época de terrorismo.

 

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Elizabeth Prado

En el vigésimo aniversario del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publicó documentos desclasificados sobre el conflicto armado interno en el Perú, los mismos que detallan graves violaciones de derechos humanos de los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori, y de las huestes de Sendero Luminoso.

Los cables e informes de inteligencia detallan la brutal estrategia contrainsurgente del Gobierno peruano de “no tomar prisioneros” y los esfuerzos que desplegó para proteger de la justicia a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de atentar contra derechos fundamentales.