Los biólogos que laboran en bancos de sangre están en riesgo de ser reemplazados en su ejercicio profesional de no modificarse esta normativa discriminatoria emitida por el MINSA

Con el objetivo de fundamentar la necesidad del profesional biólogo en los bancos de sangre a nivel nacional, y exigir el respeto de sus competencias una comisión del Colegio de Biólogos del Perú (CBP) llegó al Congreso de la República para solicitar la modificación del Decreto Supremo N.° 017-2022-SA, en sus anexos, que coloca al profesional biólogo de manera opcional y excluyente en los bancos de sangre.

 

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El gobierno de Dina Boluarte llega a su segundo Mensaje a la Nación por 28 de julio en el curso interminable de su profunda crisis de legitimidad. Producto de una fortuita, forzada y convenida convivencia con la derecha y el fujimorismo, no tiene más horizonte que el de la restauración de los poderes enraizados en un capitalismo excluyente y sostenerse con los reflejos autoritarios que comparte con sus aliados, dos líneas que se expresan claramente en los múltiples cambios constitucionales perpetrados con impunidad y descaro por un Congreso casi tan rechazado como la Presidenta.

 

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Cobros realizados por el Concesionario, a través de su empresa vinculada, por el empleo del E-Pass, se hicieron por montos adicionales a la tarifa del peaje, incumpliendo el contrato de concesión.

La Contraloría General detectó un cobro irregular a los usuarios del Sistema de Cobro Electrónico denominado “E-pass” del Proyecto Vías Nuevas de Lima, quienes tuvieron que pagar montos adicionales a la tarifa del peaje, sumando un total de S/ 8 151 804 en el periodo diciembre de 2015 a febrero 2024. Dicho monto, además, constituye un beneficio indebido a favor de la empresa encargada del cobro que está vinculada al consorcio concesionario.

 

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Lady Camones Soriano (APP), aprobó hoy, por mayoría, acusar al exministro de Salud, Víctor Zamora Mesía, por la presunta infracción al artículo 9 de la Constitución y por comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales durante la pandemia del COVID–19.

 

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