El Tribunal Consittucional (TC) buscaría impedir la devolución en forma individual de los aportes al Fonavi realizado por todos los trabajadores que contribuyeron con el fono.
El fallo del 26 de octubre, resuelve declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados del Callao contra la ley de devolución de dinero del Fonavi, publicada el 8 de diciembre del 2010.
Sin embargo, dispone “interpretar el artículo 1 de la ley N 29625, en el sentido de que la devolución de ‘los aportes de sus respectivos empleadores, el Estado y otros en la proporción que les corresponda debidamente actualizados’, se destinará a un fondo colectivo y solidario, con el objeto de lograr satisfacción de la necesidad básica de vivienda de los fonavistas que así lo requieran por su falta de acceso adecuado a este derecho fundamental”.
Asimismo, dispone que el Poder Ejecutivo “expida el reglamento a que se refiere esta sentencia, en un plazo no mayor de 60 días hábiles”.
Con ello, se busca desaparecer de un plumazo el derecho de los fonavistas a la devolución económica individual, lo que está contemplado en la referida ley de devolución.
Ante ello, el presidente de la Asociación de Fonavistas del Perú, Andrés Alcántara, señaló que “somos testigos de una actitud delincuencial por parte de los miembros del TC, porque pese a que no pueden modificar la ley con una resolución, dictan este fallo confuso con el que solo se busca favorecer la postura del Ministerio de Economía, de afectar nuestros derechos”.
Dijo que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y denunciarán constitucionalmente a los magistrados que avalaron el cuestionable fallo. Cuestionó también que “mientras se busca favorecer a transnacionales e intereses económicos como en el caso de los bonos agrarios, acá se pretende perjudicar al pueblo”.
El fallo contó con el aval de Ernesto Álvarez, Óscar Urviola, Juan Vergara, Ricardo Beaumont, Gerardo Eto Cruz, y los votos singulares de Carlos Mesía y Fernando Calle.
Con información de La Razón, 01.12.2012
