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Óscar ugarte, responsable del IGSS

Por Herberth Cuba Garcia

La tramitología kafkiana que padecen los ciudadanos en el sector salud.  

La muerte por falta de atención médica es un drama que aún azota a nuestro país. Una gestante atendida por el Seguro Integral de Salud (SIS), al acudir a una emergencia para dar a luz en un hospital, ahora a cargo del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), los administradores observaron que la pareja de la gestante tenía seguro en Essalud (el SIS como el IGSS pertenecen al ministerio de Salud). En consecuencia, el futuro recién nacido gozaba de 2 seguros: el de la madre, a través del SIS (Minsa) y el del padre a través de Essalud. Paradoja del destino, el niño falleció en el vientre materno en una sala de espera, entre la burocracia de los 2 seguros. Este drama ha desnudado la ineficacia e ineficiencia del modelo de organización sanitaria vigente.

En nuestro país, se ha legislado con pulcra claridad sobre cada uno de los seguros de salud que poseen los ciudadanos: Essalud, sanidades militares, sanidad policial, Seguro Integral de Salud (SIS), los seguros médicos privados. La propaganda oficial señala que aproximadamente 27 millones de  habitantes, (de los 30 millones que somos) poseen algún tipo de seguro. Sin embargo, cada seguro es autónomo en su gobierno, en los requisitos de sus afiliaciones, en los servicios que provee a sus afiliados, en las contribuciones, en las formas y calidad de atención, en su estructura de costos y precios, etc.

Cada seguro posee sus propios establecimientos de salud para sus propios afiliados. Además, ahora los seguros privados -a través de un proceso de integración vertical- han comprado sus propias clínicas y en consecuencia sus pólizas direccionan a sus afiliados hacia sus propias clínicas.

Este modelo de salud ha sido descrito acertadamente como fragmentado y segmentado. No hay diálogo ni cooperación entre estos tipos de seguros. Además, ningún seguro posee establecimientos de salud en todo el país con todas las capacidades resolutivas que necesita la población. Un policía que tiene una emergencia médica en Cora Cora, Ayacucho, donde no existe establecimiento de la sanidad policial, deberá pagar de su bolsillo su atención en otro establecimiento, sin posibilidad de reembolso alguno. Igual suerte corren todos los demás afiliados a los demás seguros de salud.

Este gobierno ha ensayado la llamada intercambiabilidad de servicios, a través de un decreto legislativo que permanece hasta la fecha como inaplicable. El decreto legislativo promulgado es engorroso y burocrático y no señala a ningún organismo responsable de implementarlo. Este vacío de la norma impide su cumplimiento por parte de los ministerios, que son pares en cuanto a su jerarquía. Por cierto, cada seguro está a cargo de un ministerio diferente.

Se ha promulgado un paquete de 23 decretos legislativos, llamado de “reforma de la salud!, sin embargo no hay ninguno que fortalezca al Ministerio de Salud como líder del sistema nacional de salud que incorpora a todos los ministerios que hacen salud, por lo tanto el MINSA no puede liderar esa tarea.

El modelo fragmentado y segmentado sigue incólume, peor aún, se ha fortalecido a través de los seguros privados. Los pacientes y ciudadanos gastan de su propio bolsillo para atención médica y medicamentos a pesar de tener un seguro médico. O inclusive pueden ser víctimas de la burocracia  frondosa del sistema de salud pública, como en el caso del bebé nonato que hemos mencionado. ¿Increíble? No… es el Perú.


16 de enero del 2015