En un Comunicado Público publicado el 27 de marzo, el Colegio de Notarios de Lima y la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, a través del Notario Mario César Romero Valdivieso, titular de ambas instituciones, dieron a conocer que la Ley N.º 30313, promulgada un día antes, el 26 de marzo, pese a sus buenas intenciones, perjudica directamente a los ancianos, a las personas discapacitadas, a los ciudadanos con carencia de recursos económicos, especialmente a los más pobres, y a aquellos que cuentan con escaso tiempo para realizar gestiones, entre las que se hallan las de tipo notarial.
El Comunicado informa que la Ley N.° 30313, entre otros aspectos, ha establecido que, a partir del 27 de Marzo de 2015, las actuaciones notariales, referidas a actos de disposición o gravamen intervivos de bienes inmuebles, sólo podrán ser realizadas ante el Notario de la provincia en donde se ubican los mismos; precisando, a continuación, que ello “significa que los ciudadanos (personas naturales, jurídicas, entidades financieras, bancarias, comisiones liquidadoras, entre otros), necesariamente deberán trasladarse, para estos actos notariales, que incluyen el otorgamiento de poderes, hasta la provincia de ubicación de los inmuebles”, hecho que “generará graves consecuencias por la dificultad o incluso la imposibilidad de poder hacerlo por circunstancias como la ancianidad, impedimento físico, falta de recursos económicos, disponibilidad de tiempo, entre otros factores”.
El Colegio de Notarios de Lima y la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú hace hincapié en que, no obstante resultar loable la intención del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo de dictar medidas que busquen enfrentar la suplantación de personas y la falsificación de documentos que han significado el despojo de propiedades por mafias organizadas, les resulta impostergable advertir al país el peligro de este tipo de medidas. Los Notarios enfatizaron, además, que se encuentran, al igual que los Poderes del Estado, comprometidos en una lucha frontal contra las mafias inmobiliarias, la suplantación, la falsificación, el crimen organizado, la corrupción, el lavado de activos y cualquier otra forma de delito.
Finalmente, el Comunicado exhorta al Congreso de la República a efectuar las medidas correctivas pertinentes, tomando en consideración las circunstancias mencionadas, las que ya han sido, en su oportunidad, puestas en conocimiento del Parlamento y del Poder Ejecutivo.
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