Félix Jiménez*
Las AFP han mostrado ser, aquí y en el propio Chile cuyo modelo copiamos, auténticas instituciones extractivistas. Siempre ganan, pero pagan pensiones muy por debajo de los ingresos percibidos antes de la jubilación. La tasa de reemplazo (proporción de la remuneración promedio cubierta por la pensión) en el año 2014 fue de 40%. Lo más probable es que, debido a su alta varianza, la tasa de reemplazo sea inferior al 20% para por lo menos el 50% de sus afiliados. En Chile, para este mismo porcentaje de afiliados con pensión, la tasa de reemplazo no supera el 15%.
De acuerdo al estudio de Cruz Saco, Mendoza y Seminario, profesores de la Universidad del Pacífico, «las comisiones son tan elevadas que la rentabilidad de las AFP es más de cuatro veces la de los fondos que administran desde el 2000. (…) El rendimiento de las AFP está vinculado estrechamente a las comisiones de administración cuyo pago es independiente de la evolución del valor cuota de los fondos. Ello implica que aún durante situaciones de crisis financiera, las AFP continúan recibiendo ingresos por comisiones mientras que los rendimientos de los fondos podrían ser negativos».
El carácter rentista o extractivista de las AFP es evidente. Son instituciones diseñadas para «extraer ingresos y bienestar» de los trabajadores y pensionistas en beneficio de sus propietarios. El intento de alargar la esperanza de vida de sus afiliados y con ello aumentar sus beneficios y reducir las pensiones, en colusión con la SBS, fue otra muestra bochornosa de su rentismo. La pensión promedio que otorgan estas instituciones, según información de 2014, es de 977 soles, solo 30% más que el salario mínimo.
La propuesta de reforma que no se discutió
Las AFP no participan activamente en el desarrollo del mercado de capitales en soles, ni en la generación de cambios tecnológicos en sentido amplio, y menos en las innovaciones que requiere el propio sistema financiero. Su carácter extractivista le hace daño al desarrollo y al bienestar de la población. Urge transformarlas radicalmente construyendo un sistema de pensiones redistributivo, solidario y de carácter fundamentalmente público. Prolongar su existencia no tiene sentido.
Es bueno recordar la propuesta de reforma que hicimos en el Plan La Gran Transformación 2011-2016. Según esta propuesta el sistema de pensiones debía sustentarse en dos pilares (página 173):
a. Un pilar público que garantice pensiones de jubilación para todos y que esté constituido por dos componentes: a) El contributivo-obligatorio (base de este primer pilar) en el que se otorgue una pensión de acuerdo a la edad y al número de cuotas aportadas. La afiliación en este sistema contributivo sería obligatoria para todos los trabajadores activos, tanto asalariados como independientes cuya aportación estaría en función de sus salarios o ingresos; y, b) el no contributivo, en el que se otorgaría una pensión básica para todos los adultos mayores de 65 años. Esta opción sería financiada básicamente por impuestos.
b. El pilar privado, complementario y no alternativo al primero, totalmente voluntario. Estaría basado, como es ahora, en cuentas de capitalización individuales para trabajadores asalariados e independientes. Los aportes se determinarían en función del nivel de ingresos que excede al tope establecido para determinar las contribuciones al pilar público.
De acuerdo con esta propuesta, entonces, a la pensión del sistema público se le adicionaría una pensión complementaria en función de lo aportado y del rendimiento del fondo de su cuenta de capitalización. Pero, además, el sistema de pensiones propuesto tendría una cobertura universal porque tiene un componente no contributivo, Pensión 65, focalizado precisamente en sectores de la población más vulnerables.
Modificaciones a esta propuesta de reforma
Lo que debe guiar esta reforma es el carácter público que debe tener todo sistema de pensiones, carácter que ha sido desvirtuado por las AFP. La sociedad en su conjunto se beneficia cuando los jubilados y las personas de sectores vulnerables perciben pensiones que les permite vivir su vejez con decencia y dignidad.
Con este fin planteamos una modificación de la propuesta anterior, incorporándole las medidas de cambio que se han sugerido en el reciente debate sobre el tema. Se mantendría Pensión 65 con una cobertura mayor y un monto de pensiones más alto.El monto de la pensión inicialmente planteado fue de 250 soles, pero este gobierno lo redujo a la mitad.
En primer lugar, se debe reformar el actual sistema público contributivo que gestiona la ONP para que el pilar público propuesto seconstituya en parte fundamental delsistema de pensiones. Su reforma puede contemplar la introducción de una administración con un directorio independiente, con un buen gobierno corporativo y con equipos de inversión especializados y calificados. Su objetivo debería ser rentabilizar y acrecentar el fondo, para que la tasa de reemplazo se ubique por encima del 80%. Se puede subastar periódicamente la administración financiera de este fondo, con normas que aseguren su autonomía frente a los gobiernos de turno.
En segundo lugar, el pilar privado, complementario y totalmente voluntario, puede tener dos opciones. Las cuentas individuales de capitalización como las que hay ahora y el ahorro individual en cuentas bancarias a plazo fijo abiertas periódicamente mediante subastas en el sistema bancario con el propósito de conseguir la más alta tasa de interés.
En tercer lugar, en el período de transición, de llevarse a cabo la reforma, deben liberarse los fondos acumulados por las actuales AFP en un porcentaje de determinen los propios aportantes, en los siguientes casos: a) cuando sus afiliados cumplan los 65 años y/o cuando decidan jubilarse; b) cuando el afiliado sufra una enfermedad terminal; y, c) cuando el afiliado menor a los 65 años desee invertir su dinero en la compra de una vivienda.
A modo de conclusión
Esta propuesta de reforma es para debatir. Con las críticas, comentarios y otras propuestas complementarias se puede mejorar. Lo que sí no podemos permitir es que un sistema fracasado siga afectando a sus afiliados.
*Economista Ph.D.
Profesor Principal de la PUCP
Diario Uno, 05.12.2015
