Por segunda vez, la Procuraduría del Medio Ambiente del Minam, denunció al ciudadano estadounidense Dennis Melka, fundador de Cacao del Perú Norte, empresa responsable de la deforestación de más de 13 mil hectáreas de bosques en la Amazonía.
El portal Convoca.pe informó que esta medida se dio luego de que en mayo de este año la Fiscalía Especializada en Delitos de Materia Ambiental de Loreto declaró infundada la primera denuncia contra el empresario y otros funcionarios por atentar contra los bosques amazónicos.
Según la Procuraduría, la empresa tomó posesión, de manera irregular, sin la documentación requerida, “de tierras con aptitud boscosa como si fueran predios rurales con la finalidad de deforestar la selva (…) acciones totalmente lesivas para el ecosistema”.
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“El empresario estadounidense, que también cuenta con la nacionalidad checa, fundó desde 2010 una veintena de empresas con sede en Loreto y Ucayali, donde estas compañías han deforestado más de 13 mil hectáreas para producir palma aceitera y cacao con la ayuda de funcionarios de los gobiernos regionales involucrados, de acuerdo a la investigación ‘Amazonía arrasada’, publicada por Convoca, Oxfam y Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales”, señaló el portal de investigación periodística.
Cacao del Perú Norte también ha sido acusada de apropiación ilícita de tierras, recurriendo siempre a las amenazas y amedrentamientos a los agricultores, como lo han afirmado varias personas que habitan en Tamshiyacu (Loreto).
Desprotegidos
Juan Luis Dammert, investigador de Oxfam, señala que los afectados se sienten abandonados por las autoridades, ya que necesitan asesores y abogados para defender sus predios, y en vez de ello encuentran normas difíciles de comprender y excesiva burocracia.
“Deben hacer trámites que ni siquiera entienden bien, nadie los ayuda… digamos que los han empapelado, los ha llenado de leyes”, explica Dammert, quien narra de manera amplia este caso en un reciente libro Acaparamiento de tierras en la Amazonía peruana: El caso Tamshiyacu, publicado por Oxfam en Perú y Wildlife Conservation Society (WCS).
En muchos casos, los agricultores no cuentan con un título de propiedad, sino solo tienen una constancia de posesión. “En la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria (DISAFILPA) del gobierno regional de Loreto informó que el problema son los límites de los terrenos debido a que no están correctamente georreferenciados y, al ser una zona en conflicto, lo primero que debe lograrse es que ‘ambas partes se pongan de acuerdo para volver a inspeccionar la zona y que finalmente se pueda continuar con el proceso de titulación”, afirma Convoca.pe.
Ver además:
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http://www.actualidadambiental.pe/?p=45999