Falta de legislación y celeridad en la justicia pone en riesgo negocio de las franquicias en el Perú, advierte experta en el tema

Falta de legislación y celeridad en la justicia pone en riesgo negocio de las franquicias en el Perú, advierte experta en el tema

Alerta que la informalidad campea en este sector ante pasividad de las autoridades y de cámaras de comercio y franquicias.

Actualmente existen alrededor de 50 franquicias Made in Perú y se estima que 100 mil empresas tienen condiciones para franquiciar su marca.

La falta de una Ley de Franquicias que establezca las garantías que sean necesarias para el adecuado desarrollo de este formato de negocio en el país y se eviten, así, abusos, incumplimientos de contratos y hasta estafas por parte, principalmente, de los propietarios de las marcas convertidas en franquicias, impide el despegue de este floreciente sector en donde hoy por hoy campea la informalidad.
Así opinó la periodista Heidi Castrillón, especializada en temas de comercio exterior y franquicias. “Con asombro vemos que este rentable modelo de negocio que funciona en el Perú desde 1993 no cuenta con una ley expresa y se rige únicamente a través de contratos que por lo general no se cumplen estrictamente. Se requiere, por tanto, de una norma que promueva y aliente estos negocios, que establezca las condiciones que determinan que una marca sea considerada franquicia con el fin de evitar que más gente sea estafada”, advirtió Castrillón, al referir que la informalidad a llegado a tal punto que a buena parte de las franquicias peruanas se les conoce con el nombre de “franchichas”.

El mercado total de franquicias en el Perú, según cifras oficiales, mueve alrededor de 860 millones de dólares anuales, correspondiendo 140 millones a franquicias Made in Perú.

Hoy en día el mercado nacional viene experimentando un segundo boom de franquicias, y es que actualmente en el país 170 franquicias, de las cuales 48 son marcas peruanas y 122 extranjeras, principalmente estadounidenses.

Las franquicias peruanas han logrado abrir 311 locales a nivel nacional –el 67% en Lima y el 33% en ciudades del interior del país como Arequipa, Ica, Piura, Trujillo, Cajamarca, Cusco, Chiclayo, Huancayo, Ayacucho y otras–, así como 75 establecimientos en 16 países del mundo, seis de los cuales constituyen el 67% de la presencia internacional peruana.

Y no sólo eso, se calcula que por lo menos unas 100 mil empresas peruanas tienen las condiciones y están a la espera de una oportunidad para franquiciar su marca.

En nuestro país – afirmó Castrillón- la franquicia no es, en definitiva, un negocio de bajo riesgo sino todo lo contrario, debido, principalmente, a la inexistencia de una ley que sirva de estímulo para una inversión segura y confiable y que sea capaz de proteger y defender los derechos de los inversionistas ante el apetito voraz de empresarios inescrupulosos o "franquiciantes chicha”.

“Mientras estos malos empresarios abandonan a su suerte a quien les adquirió su franchicha, se dedican a hacer relaciones públicas, aparecer en medios de comunicación, ofrecer charlas en universidades presentándose como empresarios o franquiciantes exitosos pese a haber sido capaces lanzar al mercado las ya conocidas franquicias informales o que en el fondo no son tales, provocando que el franquiciado pierda todo o buena parte de su inversión. Y no sólo eso, pues quien invierte en una franquicia adquiere otros contratos con terceros (empleados, alquileres, publicidad) los cuales se ven seriamente afectados por el incumplimiento e irresponsabilidad del que vendió la marca”, refirió.

Caso concreto

Señaló que un caso bastante elocuente es el de la franquicia “Mis Costillitas”, restaurante dedicado al rubro de costillas y parrillas. Los dueños de esta marca –señaló- incumplieron el contrato que tenían con un cliente al permitir la apertura de un nuevo local en una zona que le habían vendido como exclusiva. Asimismo, usan el poder económico que tienen para desprestigiar a su cliente en el sistema financiero y bloquean los procesos de arbitraje, buscando asfixiar económicamente a quien confió en ellos y en el negocio de franquicias.

Sin duda, el Estado debe controlar y fiscalizar tanto a los empresarios franquiciantes como a los franquiciados, aseveró la experta.

Afirmó que los órganos administrativos, como el INDECOPI, deben implementar unidades especializadas en franquicias. Asimismo, las cámaras de comercio y franquicias tienen que dejar de ser entidades decorativas o parcializadas con los dueños de las marcas para pasar a asumir un rol promotor y de vigilancia que impida la pérdida de credibilidad y confianza en este tipo de negocio.

De igual forma, agregó, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben actuar con celeridad frente las denuncias de abuso, incumplimiento de contratos, así como a delitos mayores que generan grandes perjuicios a personas que buscan hacer empresa en el país a través de las franquicias.

“Una salida intermedia, de tránsito a una ley, sería la creación de un Código de Ética que propicie la autorregulación este sector. A través de dicho Código se establecerían pautas y compromisos que deberán cumplir las partes contratantes para asegurar el mejor desenvolvimiento de la franquicia”, enfatizó Castrillón.

Debemos –dijo- aspirar a alcanzar la excelencia y lograr que al menos el 80% de las franquicias peruanas obtenga la certificación de calidad ISO 9001 en los próximos años, y eso se hace con una adecuada legislación, que defienda este concepto de negocios tan rentable y con tanta proyección en el país.

“El Gobierno y los empresarios serios y responsables del país pueden hacer que la historia de las franquicias en el Perú tenga muchísimos episodios de éxito, teniendo como grandes protagonistas al Perú y su maravillosa gente”, indicó finalmente.