Pensión mínima para un Perú solidario
Por Humberto Campodónico
A principios de julio se puso en marcha en Chile la pensión solidaria que beneficiará a 600,000 adultos mayores de 65 años de edad. La pensión será de 114 dólares mensuales y beneficiará a una parte de la población mayor que no pudo ahorrar para la vejez.
Dijo la presidenta Bachelet: "Este es un paso gigantesco para terminar con la pobreza y la indigencia en la tercera edad, así como para avanzar hacia niveles de mayor equidad y justicia social". Si el presidente García hubiera anunciado algo parecido el 28 de julio, una buena cantidad de peruanos pensaría que "este no es un gobierno que favorece a los ricos" y que todos estamos en el mismo bote: todos nos beneficiamos del crecimiento económico y de las grandes ganancias que obtienen las empresas.
Esta política no solo se aplica en Chile. Según el analista John Scott, los programas de pensiones no contributivas se aplican en Brasil (destina el 1.3% del PBI, sobre todo para ancianos en los sectores rurales); Bolivia (0.9% del PBI para un programa universal), Uruguay (0.62 del PBI) y Costa Rica (el 0.3% del PBI).
La pensión mínima universal no excluye a los sistemas de capitalización individual (AFP). En Argentina existe el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, compuesto por dos regímenes: el Régimen Público de Reparto y el de Capitalización Individual. En el primero se otorga la prestación básica universal a todos los argentinos mayores de 65 años y a las argentinas mayores de 60 años.
En Chile, uno de los principales obstáculos que enfrentó el gobierno de Bachelet fueron las AFP. Su argumento: "Si se otorga una pensión universal, entonces hay menores incentivos para seguir aportando al régimen de capitalización individual". Así, las AFP demostraron que no les interesa el bienestar de los mayores, sino simplemente garantizar que van a seguir percibiendo las comisiones que cobran a los aportantes.
La cuestión de fondo es que las reformas a los sistemas pensionarios efectuadas con el modelo chileno, si bien han logrado aumentar enormemente los fondos que administran las AFP, no han logrado ampliar la cobertura que se mantiene en los mismos niveles de antes de la reforma.
Así, por ejemplo, según el Banco Mundial (cumpliendo con la promesa de seguridad en el ingreso de los mayores de edad en América Latina, 2005, www.worldbank.org), en el Perú solo el 11% de la Población Económicamente Activa tiene acceso a una pensión, uno de los más bajos de América Latina. En ese mismo estudio, el BM recomienda un sistema de varios pilares (entre los que están la pensión mínima para la tercera edad y, también, el régimen de capitalización individual).
En el Perú, existen varios estudios sobre la pensión mínima, entre ellos algunos documentos no publicados del MEF (aunque usted no lo crea), informes de la Defensoría del Pueblo y sectores académicos. Casi todos coinciden en afirmar que sí es posible la pensión solidaria para la tercera edad, como dice el Banco Mundial. Según el último censo, en el Perú hay 1'764,000 personas mayores de 65 años (urbanos y rurales, ricos y pobres), de los cuales solo 628,000 están en la 19990 y la 20530, a los que se suman 76,000 pensionistas de las AFP. Esto hace que 1'058,000 peruanos (el 60% de los mayores de 65 años) no tenga pensión alguna. Entonces, ¿por qué no discutimos sobre una reforma integral del sistema de pensiones y sus formas de financiamiento, acerca de una pensión para los ancianos pobres, comenzando por los rurales?
¿Cuál sería el monto de la pensión? Habría que hacer números, pero podría ser, por ejemplo, medio sueldo mínimo. Pedro Francke afirma que una pensión de 200 soles mensuales para todos los ancianos pobres costaría S/. 120 millones mensuales, apenas el 0.5% del PBI (que en el 2007 fue S/. 342,000,000 millones). También puede contemplarse contribuciones extraordinarias de las empresas, con el objetivo de un Perú solidario y digno, que se ocupa de sus mayores.
Nada de eso, sin embargo, se escucha en los mensajes de 28 de julio, que hablan de un Perú que crece, crece y crece, pero en el que la riqueza se concentra más, porque no se redistribuye.
Todos los artículos del autor pueden ser leídos en: www.cristaldemira.com
Esta política no solo se aplica en Chile. Según el analista John Scott, los programas de pensiones no contributivas se aplican en Brasil (destina el 1.3% del PBI, sobre todo para ancianos en los sectores rurales); Bolivia (0.9% del PBI para un programa universal), Uruguay (0.62 del PBI) y Costa Rica (el 0.3% del PBI).
La pensión mínima universal no excluye a los sistemas de capitalización individual (AFP). En Argentina existe el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, compuesto por dos regímenes: el Régimen Público de Reparto y el de Capitalización Individual. En el primero se otorga la prestación básica universal a todos los argentinos mayores de 65 años y a las argentinas mayores de 60 años.
En Chile, uno de los principales obstáculos que enfrentó el gobierno de Bachelet fueron las AFP. Su argumento: "Si se otorga una pensión universal, entonces hay menores incentivos para seguir aportando al régimen de capitalización individual". Así, las AFP demostraron que no les interesa el bienestar de los mayores, sino simplemente garantizar que van a seguir percibiendo las comisiones que cobran a los aportantes.
La cuestión de fondo es que las reformas a los sistemas pensionarios efectuadas con el modelo chileno, si bien han logrado aumentar enormemente los fondos que administran las AFP, no han logrado ampliar la cobertura que se mantiene en los mismos niveles de antes de la reforma.
Así, por ejemplo, según el Banco Mundial (cumpliendo con la promesa de seguridad en el ingreso de los mayores de edad en América Latina, 2005, www.worldbank.org), en el Perú solo el 11% de la Población Económicamente Activa tiene acceso a una pensión, uno de los más bajos de América Latina. En ese mismo estudio, el BM recomienda un sistema de varios pilares (entre los que están la pensión mínima para la tercera edad y, también, el régimen de capitalización individual).
En el Perú, existen varios estudios sobre la pensión mínima, entre ellos algunos documentos no publicados del MEF (aunque usted no lo crea), informes de la Defensoría del Pueblo y sectores académicos. Casi todos coinciden en afirmar que sí es posible la pensión solidaria para la tercera edad, como dice el Banco Mundial. Según el último censo, en el Perú hay 1'764,000 personas mayores de 65 años (urbanos y rurales, ricos y pobres), de los cuales solo 628,000 están en la 19990 y la 20530, a los que se suman 76,000 pensionistas de las AFP. Esto hace que 1'058,000 peruanos (el 60% de los mayores de 65 años) no tenga pensión alguna. Entonces, ¿por qué no discutimos sobre una reforma integral del sistema de pensiones y sus formas de financiamiento, acerca de una pensión para los ancianos pobres, comenzando por los rurales?
¿Cuál sería el monto de la pensión? Habría que hacer números, pero podría ser, por ejemplo, medio sueldo mínimo. Pedro Francke afirma que una pensión de 200 soles mensuales para todos los ancianos pobres costaría S/. 120 millones mensuales, apenas el 0.5% del PBI (que en el 2007 fue S/. 342,000,000 millones). También puede contemplarse contribuciones extraordinarias de las empresas, con el objetivo de un Perú solidario y digno, que se ocupa de sus mayores.
Nada de eso, sin embargo, se escucha en los mensajes de 28 de julio, que hablan de un Perú que crece, crece y crece, pero en el que la riqueza se concentra más, porque no se redistribuye.
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