Por Hernán de la Cruz Enciso (*)
El proyecto minero Las Bambas abarca dos provincias de Apurímac: Grau y Cotabambas. Y agrupa a las siguientes concesiones mineras: Ferrobamba, Sulfobamba, Charcas, Chalcobamba y Las Bambas de 1 al 35. En Grau se encuentra en el mismo tajo tres comunidades indígenas (Cconccacca, Progreso y Palcca Picosayhuas). En Cotabambas se encuentran las comunidades de Pamputa y Huancuire. Sobre el tajo se encontraba también la comunidad indígena de Fuerabamba pero en la actualidad esa comunidad ya no existe en Apurímac.
Vamos a remontarnos un tanto a los inicios del proyecto.
En el 2004, Xstrata Copper adquiere por 121 millones de dólares el derecho sobre el proyecto Las Bambas a través de una licitación pública internacional. En el 2008 se completa la exploración de 306.908 metros de perforación acumulados. En el 2009 se concluye el Estudio de Factibilidad. En el 2010 se realiza la audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en Challhuahuacho y se suscribe el contrato de transferencia de titularidad de las concesiones mineras de Las Bambas con el Estado. En el 2011 el Estado aprueba el EIA. En el 2013 Glencore se convierte en propietaria de Las Bambas en el marco de la adquisición de Xstrata. En el 2014, el Estado chino adquiere Las Bambas a través de un consorcio.
División de comunidades
Poco antes de que el proyecto entre a la etapa de explotación, las comunidades de Grau y Cotabambas se dividieron en dos grupos: uno a favor de la empresa china y otro grupo en contra. Fuerabamba y Huancuire estaban a favor y vendieron sus tierras. En el caso de Fuerabamba entregó el total de su territorio en canje-venta. A Huancuire la empresa le compró una parte de su territorio por 150 millones de soles.
En el grupo de las comunidades que estaban en contra de la transnacional se encuentran Pamputa, Progreso, Pallcca Picosayhuas y Cconccacca, ubicadas por encima de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Estas comunidades decidieron defender su territorio y, aparte de seguir sembrando la tierra y promoviendo la ganadería, optaron por trabajar en sus terrenos como lo venían haciendo desde siempre. Es decir, seguir con la pequeña minería (https://www.youtube.com/watch?v=fI-AzQU6pyY). No debemos olvidar que en Progreso, una comunidad eminentemente minera desde los incas (por allí pasaron los portugueses, los españoles, los alemanes), nació Chabuca Granda, cuyo padre trabajaba allí como ingeniero de minas.
Estas comunidades (Pamputa, Progreso, Pallcca Picosayhuas, Cconccacca y Chicñahui) participaron en el 2012 en paros y marchas en Abancay defendiendo su territorio, con un costo muy alto. Por ejemplo la mitad de los comuneros de Pamputa fue denunciada por el presunto delito de secuestro de policías. Y hubo muchos perseguidos políticos, entre ellos Juan Gómez Boza, comunero de Pamputa que cuando falleció el año pasado tenía libertad restringida; Mateo Palomino Vera y Américo Córdova (Progreso); Gilberto Huillca (Cconccacca); etc. En mi caso, solo por escribir sobre Las Bambas fui detenido en Palacio de Gobierno por orden de Ollanta Humala y encarcelado en el penal de Lurigancho por el presunto delito de obstrucción de vías de comunicación.
Las dos caras de la moneda
Dijimos que Fuerabamba y Huancuire vendieron sus tierras a la transnacional. Al principio todo marchaba bien para los comuneros de Fuerabamba, quienes canjearon su territorio por un terreno en las pampas de Yavi Yavi, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco). Recibieron además según unos 400 mil soles por persona y según otros 350 mil, y también casas de material noble en Nueva Fuerabamba (a veinte minutos de Challhuahuacho). A partir de esta negociación, la prensa nacional vendió la imagen de que el proyecto Las Bambas era el modelo de minería que el país requería.
A su vez las comunidades que no vendieron sus tierras (Pamputa, Pallcca Picosayhuas, Chicñahui, Progreso y Cconccacca) continuaban sus actividades en la pequeña minería, después de varias movilizaciones que modificaron las leyes de la formalización.
Y pasaron los años.
Tiempo después los problemas empezaron para los comuneros de Nueva Fuerabamba. Aproximadamente cincuenta personas provenientes de la ex Fuerabamba trabajaban para la empresa china prestando servicios en transportes y otros, pero la mayor parte de los comuneros, sobre todo los ancianos y los jóvenes, se quedaron en el aire. En la antigua Fuerabamba los comuneros sembraban y criaban animales menores pero en la Nueva Fuerabamba ni podían sembrar ni podían criar animales. Nueva Fuerabamba en realidad es un gueto, casi un campo de concentración. Yavi Yavi, donde tenían tierras, estaba a tres horas de viaje, en la región del Cusco. Entonces comenzaron los primeros problemas sociales. El poco dinero que les había dado la empresa empezaba a agotarse. Porque la negociación de Fuerabamba con la empresa fue pésima. Huancuire recibió 150 millones de soles solo por una parte de sus tierras (muy poco si tomamos en cuenta que van a perder esas tierras para siempre), pero Fuerabamba recibió una propina por el total de sus tierras, pagando un alto costo: abandonar su querencia para siempre. El responsable de este engaño a las comunidades fue Valentín Choquenaira, gerente general de Las Bambas.
Mientras Fuerabamba ha perdido su territorio, en la actualidad los comuneros de Pamputa, Progreso y Cconccacca se van convirtiendo poco a poco en pequeños empresarios sin haber negociado sus tierras, y continúan sembrando sus tierras y criando sus ganados. Esa es la otra cara de la moneda.
(La empresa china MMG Las Bambas explota 140 mil toneladas al día. Los mineros comuneros producen en total aproximadamente 200 toneladas día. Es decir, los comuneros producirán en dos años lo que MMG Las Bambas produce en un día).
¿Enclave chino?
Todo imperialismo es malo. En los últimos años, China ha montado sigilosamente enclaves estratégicos en América latina, principalmente en el Perú. En nuestro país tiene varias propiedades que son fuente de materias primas para alimentar su industria (Marcona en Ica, Chinalco en Junín, Las Bambas, Hierro Apurímac en Andahuaylas a través de Dalian Huarui Heavy Industry Group, etc.).
La actual administración del proyecto Las Bambas se encuentra en manos de las empresas MMG (empresa estatal china con 62.5% de participación), Guoxin International Investment Corporation (ahora CNIC Corporation Limited, empresa estatal china con 22,5% de participación) y Citic Metal Co (perteneciente al Grupo Citic, empresa de inversión estatal china, con 15% de participación). En resumen: Las Bambas está en manos de la República Popular China, de tendencia comunista (no debemos olvidar que China originó a Sendero Luminoso en el Perú para destruir la naciente industria y quedarse con las fuentes de materia prima).
Pero no solo la administración de este proyecto se encuentra en manos de China. Los anteriores territorios de Huancuire y Fuerabamba, que fueron vendidos por las dos comunidades (ya sea en venta o canje-venta), pertenecen ahora al Estado chino. Hay, en realidad, un enclave chino en Apurímac, protegido, paradójicamente, por soldados y policías peruanos que tienen orden de disparar si un comunero peruano traspasa la malla metálica que lo separa del resto del territorio peruano.
Según el Artículo 54 de nuestra Constitución, “el territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre”. ¿Qué pasa cuando una potencia extranjera, como el caso que detallamos, tiene no solo licencia para explotar recursos mineros no ferrosos sino también la propiedad del suelo? ¿Acaso no atenta contra la propiedad y la seguridad nacional?
Producción de cobre y otros minerales
La empresa china MMG Las Bambas procesa 140 mil toneladas de mineral al día (https://www.youtube.com/watch?v=r_tqqMYJ0ss). Y según el Ministerio de Energía y Minas, en el 2017 MMG produjo 453,000 toneladas de cobre, valorizado al precio internacional del momento aproximadamente en más de ocho mil millones de soles. En el 2018 produjo 385,000 toneladas de cobre, valorizado en más de siete mil millones de soles. Sacando cuentas, si creemos que la empresa invirtió alrededor de diez mil millones de dólares, solo en tres años, desde que Las Bambas empezó las operaciones en el 2016, el Estado chino ya habría recuperado su inversión. Porque exportaron también plata, oro, molibdeno, zinc, etc. Para saberlo se precisa de una auditoría internacional.
Además hay un problema que es necesario visibilizar: no hay control del producto que se exporta. ¿Cuánto de zinc y cuánto de molibdeno exportó MMG Las Bambas? Esas informaciones no conocen Apurímac ni el país. ¿Y cuánto de oro (el kilo está por encima de los cien mil soles) y cuánto de plata? MMG Las Bambas informa periódicamente al Ministerio de Energía y Minas sobre el concentrado que exporta, pero no hay en la puerta de la mina o en el punto de embarque (Matarani, Arequipa) alguien que confirme qué se está llevando realmente el Estado chino. Por ejemplo qué cantidad, qué calidad de mineral, qué minerales. Para determinarlo es necesario instalar en algún punto del trayecto un espectrómetro de fluorescencia por rayos X (XRF).
Los chinos no pagan IGV ni Impuesto a la Renta
La gran minería en todo el país no es necesariamente social y ambientalmente responsable. Basándose en la Constitución de Fujimori, Alan García publicó el Decreto Legislativo N° 973 durante su segundo gobierno, ley que fue ampliada por Ollanta Humala (http://www.otramirada.pe/el-igv-de-las-bambas). Gracias a este “incentivo tributario” MMG Las Bambas no paga IGV (18%) ni Impuesto a la Renta (30%). Y no pagará según unos hasta el 2021 y según otros hasta el 2022, hasta recuperar toda su inversión. No olvidemos que el 50% del Impuesto a la Renta se traduce en canon, por lo que Apurímac no recibe ni un sol de canon de dicha empresa a pesar de que toda la región tiene grandes necesidades. Lo que ha venido haciendo la transnacional es dar un pequeño donativo llamado regalía, que es el 3% de los ingresos netos de la compañía. Es decir, se llevan 97 soles y dejan tres soles. Con esa pequeña suma solo se benefician los gobiernos locales, gobiernos regionales y universidades nacionales. ¿Y las comunidades indígenas? ¿Y la población de Apurímac?
Por eso, por falta de canon, los alcaldes han venido pidiendo préstamo para hacer obras, con altos intereses, pero el problema es que si Pamputa, Progreso y Cconccaca no firman licencia social (cosa todavía incierta por ahora), simplemente la empresa terminará las reservas de Fuerabamba y Huancuire y se marchará sin haber pagado ningún impuesto y los municipios quedarán con deudas muy grandes. Los únicos que pagan canon en Apurímac según la SUNAT son los pequeños mineros, aportando con el 50% del PBI a la región, según datos del INEI (https://www.inei.gob.pe/…/producto-bruto-interno-por-depa…/…).
¿Qué reclama Fuerabamba?
Es cierto que bloquear carreteras es delito, ¿pero quién cometió delito primero? El Estado, por atentar contra la propiedad privada de una comunidad. Aquí los comuneros se quedaron en materia legal porque después de abandonar Cotabambas nunca se consideraron comunidad nativa o indígena, sino el Estado peruano habría sido denunciado y en este momento ya estaría marchando a los tribunales internacionales.
Al respecto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, ha dicho que por la vía de 324 kilómetros (desde Chalhuahuacho hasta Matarani) el Estado peruano pagará alrededor de 350 millones de soles por compensación a un total de 38 comunidades y 53 propietarios individuales que se encuentran en el corredor (https://redaccion.lamula..pe/…/las-bambas-confl…/jorgepaucar/). Creemos que ese pago se dará además a las comunidades que se encuentran en el anillo vial de Las Bambas (Huancuire, Pamputa, Progreso, Sorcco, Picosayhuas, Progreso, Cconccacca, Huanacupampa y otras).
Algo más: Hace unos días, bajo la asesoría de un seguidor del Movadef, Fuerabamba llegó a un acuerdo con MMG Las Bambas en Lima, en presencia del gobierno y de la iglesia. En el acuerdo no tocaron lo relacionado con la propiedad por la que atraviesa la carretera. El acuerdo dice que “En el marco del reasentamiento de la comunidad de Fuerabamba, la empresa minera Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba llegaron a un acuerdo económico mutuamente satisfactorio que pone fin a toda controversia respecto al fundo Yavi Yavi”. Dice “reasentamiento”, o reubicación. O el Estado está sacando cuerpo de su responsabilidad, o simplemente dejaron el tema de la propiedad para una segunda fase de negociación.
Problema central
Al margen de lo que ha pasado con la comunidad de Fuerabamba, que reclama por sus propiedades que fueron afectadas por la transnacional, el problema central en Cotabambas es otro. Muchos deben recordar la crisis de setiembre del 2015, cuando Ollanta Humala ordenó reprimir provocando la muerte de los comuneros cotabambinos Exaltación Huamaní Mío (32), Beto Chahuallo Huillca (36) y Alberto Cárdenas Challco (24) y 15 heridos de bala. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) calificó a estas muertes como "ejecuciones extrajudiciales". Nunca hubo justicia.
Lo cierto es que alrededor de Las Bambas hay muchas comunidades indígenas en el área de influencia directa (Huancuire, Pamputa, Cconccacca, Carmen Alto de Chalhuahuacho, Manuel Seoane Corrales, Quehuira, Chuicuini, Chicñahui, Choquecca, Pumamarca, Huanacopampa, Ccasa, Allahua, Ccahuarpirhua, Chumille, Huayulloc, Arcospampa, Congota, Sasahuilca), comunidades que en el futuro cargarán con el peso de la contaminación pero hasta el momento se han beneficiado muy poco con el proyecto Las Bambas. Estas comunidades se encuentran en extrema pobreza. Además hay medio centenar de comunidades en el área de influencia no directa. La llegada de la gran minería no ha mejorado la vida de los comuneros. Los chinos no compran ni papa, ni arroz, ni carne, ni chuño en Apurímac. Contratan muy poco personal en la zona. Por eso muchas comunidades realizaron paros en el 2015, y solo terminó cuando Vizcarra llegó a Cotabambas llevando un paquete de proyectos por dos mil millones para los pueblos, cosa que no se cumple aún.
Son 17 puntos dentro de los compromisos asumidos por la empresa con las comunidades. Las Bambas viene produciendo tres años ya pero ni siquiera gotea para los de abajo. Mientras no se solucione este problema social que parte de la exclusión sistemática a las comunidades vecinas, el problema no será resuelto. Solo se aplazará, y en algún momento se puede originar en la zona una crisis de alcances impredecibles.
Es más: el paro continúa en Challhuahuacho, con presencia de casi todas las comunidades de Cotabambas.
ITS, la trampa inscontitucional
En el 2014 se presenta la modificación del EIA para permitir el transporte de cobre por carretera. Se han operado cambios en promedio cada cuatro meses y medio en los últimos tres años. Estas y otras modificaciones lo realizaron con un Informe Técnico Sustentatorio (ITS). Componentes importantes como carretera o planta de beneficio, o plan de cierre, no pueden ser modificados con un ITS. Eso es inconstitucional. Una auditoría internacional puede lanzar observaciones que pueden afectar la producción y beneficio de minerales y transporte de concentrado.
Borrando pueblos indígenas
Según la lista elaborada por Iván Lanegra en el 2012, Fuerabamba era una comunidad indígena quechua, cuya resolución de reconocimiento (con el número R.D. 244-86-DR-XIX-A) data del 16 de diciembre de 1986. Sin embargo, en la base de datos de los pueblos indígenas y originarios del Viceministerio de Interculturalidad de este año (2019), en Apurímac ya no aparece ninguna comunidad con el nombre de Fuerabamba. Tampoco en Cusco. Es un pueblo que fue borrado del mapa para siempre, un crimen de lesa cultura en que la gran minería desaparece a una comunidad indígena, cuyos habitantes se convierten en parias.
Pero lo más peligroso es el hecho de que todas las comunidades que se encuentran en el entorno del proyecto Las Bambas aparezcan ahora solo como comunidades campesinas (así aparecen en la lista del Ministerio de Cultura). Alguien ha metido la mano para evitar posibles consultas previas. Los pueblos de Cotabambas descienden de poblaciones que habitaban antes de la época de la colonización, por tanto, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.
Si se tratara solamente de “comunidades campesinas”, entonces su tratamiento jurídico solo está dentro de la Constitución peruana, que prioriza la inversión, pero si se tratara de una comunidad indígena o nativa, están protegidos por leyes internacionales, por cuanto su existencia es anterior al Estado peruano.
(*) Escritor y periodista.
http://tankaramaru.blogspot.com/
