El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, informó que el Gobierno presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda para declarar inconstitucional la Ley N.° 31143, Ley que Protege de la Usura a los Consumidores de los Servicios Financieros, promulgada por el Congreso, también conocida como “ley contra la usura bancaria”. 
 
 

MEF

 

 
“Esta ley es bien intencionada, pero no protege a los consumidores de la usura, más bien los conduce a los usureros y es anticonstitucional. Debido a eso, el gobierno de transición y emergencia ha decidido elevar el pedido al TC para declarar inconstitucional esta ley”, indicó.
 
El ministro Mendoza, quien participó en la conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno, la cual estuvo encabezada por la primera ministra, Violeta Bermúdez, explicó que la ley aprobada por insistencia en el Congreso modifica la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), obligándolo a fijar tasas máximas de interés. 
 
Sostuvo que esta norma vulnera los derechos a la libertad de empresa, la libre competencia, la libertad de contratación y el fomento y la garantía del ahorro, debido a que cambia la facultad excepcional del BCRP de fijar tasas de interés máximas y mínimas con el propósito de regular el mercado, apuntando a fijar una tasa que sea obligatoria y de manera periódica (semestral).
 
El ministro Mendoza sostuvo que fijar la tasa de interés podría generar un efecto adverso al que se pretende lograr con la ley, pues al fijar tasas de interés bajos las microfinancieras, cajas municipales, o bancos ya no querrán otorgar nuevos préstamos, en especial a los sectores de mayor riesgo crediticio, empujándolos a estos hacia el crédito informal que cobra tasas mucho más altas que el sistema financiero. Es decir, explicó, la ley que pretende protegerlos de la usura, los llevará a las manos de los usureros.
 
El titular del MEF indicó que la evidencia internacional demuestra que los efectos de fijar topes en las tasas de interés del sistema financiero terminan siendo perjudicial sobre la calidad de vida de los micro y pequeños deudores.