Grupo social se redujo drásticamente en Arequipa, Lima, Ica, Tacna, Madre de Dios, La Libertad y Áncash. Más de la mitad de la clase media no cuenta con una formación académica que le permita consolidarse. Si bien alrededor del 70% de las viviendas que ocupan los hogares de clase media son propias, el 33,5% no tiene título de propiedad.
 
Debido a la profunda crisis generada por la COVID-19, un total de 6,3 millones de peruanos dejaron de pertenecer a la clase media en el 2020, representando una caída de más de 19 puntos porcentuales con relación al año 2019, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima. 
 
clase media  
Con este resultado se observa que la clase media hoy alcanza al 24% de la población, concentrando a 7,9 millones de personas.
 
En 2019, el 43,6% de peruanos pertenecía a la clase media (14,1 millones de personas), cifra superior al 17% que registraba en el 2004. En esos últimos 15 años, el Producto Bruto Interno (PBI) creció 122,4% y el consumo privado 126,9%, lo que permitió que más de 9,5 millones de personas se sumaran a este grupo poblacional. 
 
Por tanto, el crecimiento económico, acompañado de mayores y mejores condiciones de empleo e ingresos, así como una expansión del crédito privado (580%) en términos nominales para el mismo periodo, cooperaron al auge de la clase media, no solo en la costa del país, sino que se expandió en todo el territorio nacional.
 
La metodología definida por organismos internacionales y aplicada por el IEDEP considera como clase media aquellos con ingresos diarios que oscilan entre US$ 10 y US$ 50 expresados en paridad de poder adquisitivo (PPA), lo que equivale en cifras del año 2020 a un hogar de cuatro personas con ingresos mensuales desde S/ 2.149 hasta S/ 10.746.
 
Para este análisis, se empleó la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que contiene la información de los ingresos monetarios nominales netos de los hogares. 
 
EN REGIONES 
En tanto en regiones, el IEDEP identificó que la reducción de la clase media fue dispar, pues fueron más golpeadas aquellas que dependen mayormente de los sectores comercio y servicios, fuertemente afectados por las medidas focalizadas y prolongadas para enfrentar la pandemia. 
 
Entre los departamentos con mayores caídas en puntos porcentuales destacan Arequipa (-31,0), Lima (-28,9), Ica (-25,0), Tacna (-23,0), Madre de Dios (-22,7), La Libertad (-21,4) y Áncash (-20,2).
 
En tanto, las regiones con caída intermedia fueron Tumbes (-18,8), Cusco (-16,9), Moquegua (-16,1), Piura (-14,6), Pasco (-14,4), Lambayeque (-14,1), Junín (-12,9), Huánuco (-10,0) y San Martín (-10,1) y aquellas con caída baja fueron Amazonas (-6,7), Apurímac (-7,7), Ayacucho (-7,4), Cajamarca (-6,2), Huancavelica (-5,1), Loreto (-6,8), Puno (-8,4) y Ucayali (-7,5).
 
VULNERABILIDADES 
Por otro lado, el IEDEP indicó que el 69,2% de la clase media peruana, a partir de 14 años de edad, pertenece a la PEA ocupada, no obstante, el 59,8% de ese grupo tiene un empleo informal, de los cuales casi la mitad son trabajadores independientes. 
 
Asimismo, se encontró que el 68,2% de las viviendas que ocupan los hogares de clase media son propias, totalmente pagadas; pero llama la atención que, de ese grupo, el 33,5% no tiene título de propiedad.
 
En ese sentido, se identifica que aún hay espacio por parte del sector público y privado para financiar el acceso a vivienda propia y para continuar con el proceso de formalización de la vivienda (titulación). 
 
Con respecto al nivel de educación, solo el 25,3% de las personas de clase media mayores de 15 años alcanzaron nivel educativo superior universitario, el 18,2% nivel superior no universitario, el 39,4% nivel secundario y el 14,6% nivel primario. Con estos porcentajes se aprecia que un poco más de la mitad aún no alcanza una mayor formación que mejore su capital humano y que le permita consolidarse en la clase media.
 

Según el IEDEP, estas características muestran las mayores vulnerabilidades de la clase media peruana, pues al no operar en la formalidad no dispone de protección social y se dificulta su acceso al financiamiento.