El Gobierno de España inició este martes la tramitación de la primera ley de vivienda en los 40 años de la democracia reciente del país, que pone el foco en los límites a los precios del alquiler en determinadas situaciones.
“Es una ley histórica, que servirá para combatir los excesos en el acceso al mercado inmobiliario y que va a ofrecer seguridad jurídica”, proclamó tras el Consejo de Ministros la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la socialista Raquel Sánchez.
La ministra informó asimismo que el texto se tramitará por la vía de urgencia para que, pasado el trámite de audiencia pública y consulta al Consejo de Estado, pueda llegar a las Cortes para final de año y ser aprobado para mediados de 2022.
El punto de mayor interés está en la regulación que se pretende hacer del mercado del alquiler, dado que el parque español de vivienda es uno de los de más difícil acceso de toda Europa.
El foco se pone en lo que se determinará como “zonas tensionadas”, aquellas en las que el gasto en vivienda supere el 30 por ciento de la renta de la zona y donde el alquiler haya subido un cinco por ciento por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC) de la región en los últimos cinco años.
Aquí se limitará el precio del alquiler en las viviendas que pertenezcan a los grandes propietarios -los que tienen 10 o más pisos- y se hará conforme a un índice que no aparece definido aún en el anteproyecto aprobado este martes y que se definirá en el período de negociación del texto de los próximos meses, según explicó la ministra.
Para los pequeños propietarios, los que tienen menos de 10 viviendas, no regirá este índice; pero no podrán subir la renta, a no ser que hagan reformas en la vivienda o firmen un contrato a 10 años, casos para los cuales se podrá subir el precio del arriendo un 10 por ciento.
Para este grupo, también se prevén rebajas fiscales para animar a la reducción de precios.
La ley nace con el hándicap de que la mayor parte de las competencias en la materia de vivienda pertenecen a las autonomías, entre ellas la de declarar una zona como zona tensionada, y que las Comunidades gobernadas por el opositor Partido Popular ya anunciaron que no la van a aplicar.
Con información de Sputnik
