Raúl Wiener
En un oficio del 18 de septiembre, el procurador público del sector Transportes y Comunicaciones, Jaime José Vales Carrillo, se dirige a la Corte de Justicia del Callao, para informar que se hará representar por 17 abogados de esa procuraduría “en los seguidos entre Lima Airport Partners LAP y Cexport Exclusive sobre desalojo…”.
Impresionante. ¿Y cuál es el interés del Estado o de la sociedad, que tamaño tropel de juristas va a defender en un viejo juicio entre la empresa que administra el aeropuerto desde hace 14 años y el pequeño módulo de artesanías que se resistió a ser desalojado del lugar donde había trabajado por muchos años, como sí se hizo con muchas otras empresas nacionales, y que ha entrado últimamente en una nueva etapa en el siempre sorprendente Poder Judicial del Callao?
¿No se suponía que el aeropuerto estaba ahora bajo administración privada, que LAP es un actor no gubernamental, al igual de Cexport, con la única diferencia de que uno mueve centenas de millones de dólares cada mes y el otro algunos miles? ¿A quién debe defender el Estado? ¿Por qué no al pequeño exhibidor que tenía contrato vigente con CORPAC, al momento de la privatización, y que alguna protección debía tener ante el ingreso de la gran empresa que se propuso acapararlo todo?
Todas esas son preguntas, pero lo cierto es que LAP tiene un poderoso equipo de abogados, con mucha influencia en esferas judiciales, y que los 17 del MTC son un refuerzo que no se sabe a título de qué, llegan para dejar sentado que el desalojo de un pequeño módulo, en el que trabajan 4 personas en forma rotativa, situado en una esquina del espigón internacional, es un interés del Estado peruano que no puede permitir que se siga agraviando los derechos de la empresa concesionaria, permitiendo que Cexport siga vendiendo artesanías típicas peruana y compitiendo con los amigos de LAP de Café Britt, que venden “artesanía peruana hecha en China”.
Claro que en la decisión del MTC de salir al ruedo por LAP, quedan flotando temas como saber si esta incursión judicial masiva responde a la política de Estado de “promover las inversiones”, que parece resumirse en que siempre hay que ponerse del lado del gran inversor, porque es el que mueve el gran billete. Nótese que el conflicto LAP-CEXPORT es entre dos privados, sin otras connotaciones que las del derecho, a saber si LAP es el dueño del aeropuerto y puede decidir quién vende o negocia legalmente dentro de sus instalaciones.
Otra cosa que queda en interrogante es cómo se carga presupuestalmente este “servicio” a los fondos públicos. Porque suponemos que LAP es un beneficiario a título gratuito de los 17 abogados de la procuraduría del sector Transporte. ¿Habrá un rubro para la defensa de empresas privatizadas, aeropuertos, puertos, carreteras, telefonía y otros, contra empresas y ciudadanos peruanos que tengan controversia judicial con ellas?
Diario Uno, 27.10.2014
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