Por Víctor Alvarado
En plena política de “chilenización” de los antiguos territorios peruanos, la clase oligárquica política y militar chilena ejecuta uno de los genocidios más grandes que se recuerden en la historia de la humanidad.
La clase oligárquica política y militar de Chile, en el marco de la llamada política de “chilenización” aplicada a sangre y fuego en los territorios usurpados al Perú, ejecutó el 21 de diciembre de 1910 una de las más grandes matanzas de trabajadores que se tengan memoria en la historia de la humanidad, al dar muerte en la Escuela Santa María del puerto de Iquique, ubicada en la antigua provincia peruana de Tarapacá, a 3,600 trabajadores peruanos, bolivianos y chilenos, por el solo hecho de mantener una huelga en demanda de mejores salarios y condiciones de trabajo.
El genocidio fue cometido por tropas al mando del jefe de la Primera Región Militar, general Roberto Silva Renard, siguiendo órdenes del ministro del interior, Rafael Sotomayor Gaete, durante el gobierno del presidente Pedro Montt Montt (1906 – 1910), en cumplimiento del pedido para acabar con la huelga hecho por los propietarios ingleses de las salitreras. Es oportuno destacar que estos fueron los verdaderos ganadores de la guerra del guano y salitre (1879- 1883) que lanzó la oligarquía chilena contra el Perú y Bolivia para apoderarse de sus territorios salitreros.
Los huelguistas escribieron con sus holocaustos la primera página de la unión de los pueblos chileno, boliviano y peruano, en base a sus intereses de clase, en contra de sus opresores, y en el caso chileno, contra los que utilizaron al pueblo para hacer una guerra de rapiña contra sus vecinos, cuyas secuelas hasta ahora subsisten, para apropiarse de territorios ricos en salitre y beneficiar exclusivamente a la oligarquía anglochilena.
El odio de los masacradores contra los trabajadores salitreros estuvo sin duda estimulado por la filiación peruana y boliviana del 60% de las víctimas de la matanza, sin importarles que el saldo restante, el 40% eran trabajadores chilenos y de otras nacionalidades, en porcentaje mínimo eran argentinos y españoles, entre otros.
HUELGA GENERAL
Los hechos tuvieron su punto de partida el 10 de diciembre de 1910 al decretar los trabajadores de la oficina salitrera de San Lorenzo una huelga general que se extendió a la salitrera de Alto San Antonio, por mejores salarios y condiciones de trabajo y que se conoció con el nombre de la huelga de 18 peniques, porque pedían el pago de sus salarios en base a este tipo de cambio.
Los huelguistas hicieron una marcha hasta Iquique, sede del gobierno regional de entonces, portando banderas de Chile, Perú, Bolivia y Argentina, alojándose en el hipódromo de este puerto. Al tomar posiciones en este lugar, los trabajadores de otras oficinas salitreras y del comercio y la industria de la región, resolvieron también entrar en huelga y hacer los mismos reclamos.
El 16 de diciembre de 1907, los huelguistas elevan un memorial a las autoridades pidiéndole su intervención para lograr atención a sus demandas: mejores salarios en base al cambio de 18 peniques, indemnizaciones, medidas para verificar el peso del salitre extraído por ellos, creación de una escuela nocturna para obreros, garantías y protección de sus huelgas y el pre-aviso frente a los despidos.
La huelga se extendió como reguero de pólvora y pronto miles de trabajadores de las salitreras de la región llegaron hasta Iquique para hacer un solo frente. El gobierno en lugar de buscar una salida negociada entre las partes en conflicto, resolvió derrotar la huelga por la fuerza.
LLEGAN LAS TROPAS
El 16 de diciembre llegó a Iquique el crucero Esmeralda con tropas del regimiento de artillería de la Marina y al día siguiente arribó el blindado Blanco Encalada, transportando al regimiento Aconcagua, para reforzar en las operaciones al regimiento militar que existía en Iquique.
El 20 de diciembre, mientras se celebraba una reunión del intendente de Iquique, Carlos Eastman Quiroga con las autoridades locales y los jefes militares, en la oficina salitrera Buenaventura y se acordaba el estado de sitio en toda la región, las tropas de asalto ametrallan y dan muerte a seis trabajadores por el solo hecho de intentar abandonar la salitrera y dirigirse al hipódromo a sumarse a la paralización.
El 21 de diciembre, cerca de 12,000 trabajadores salitreras dieron el adiós fúnebre a las víctimas de la masacre del día anterior y acto seguido, profundamente dolidos por esta dolorosa experiencia, realizan una gigantesca asamblea reunida en la plaza Manuel Montt y la Escuela Domingo Santa María, donde acuerdan la continuidad de la huelga e insisten en solicitar al gobierno que actúe como mediador con los patrones ingleses para solucionar su pliego de demandas.
Los patrones respondieron que no negociarían mientras los trabajadores no reanuden sus actividades en las salitreras y los jefes militares, por su parte, notificaron a los dirigentes de la huelga para que antes de las 2.30 de la tarde abandonen la plaza y la escuela y se trasladen al hipódromo, de donde serían recogidos para regresar a sus centros de trabajo.
Los dirigentes rechazaron el pedido por el temor de ser cañoneados por los buques chilenos, porque el sendero que llevaban al hipódromo se encontraba a tiro de cañón de los buques.
Ante la negativa de los trabajadores, Silva Renard les da un nuevo plazo hasta las 3.30 de la tarde para que cumplan con la orden. Solo un grupo de por lo menos dos centenares abandonaron la escuela. Vencido el plazo, la tropa ingresó a la escuela y ametralló los patios donde se concentraba la masa y luego hicieron lo mismo en las salas, donde se refugiaron masivamente ante la cortina de balas de que fueron objeto.
LA MATANZA
Los trabajadores salitreros se encontraban acompañados de sus esposas e hijos. Impotentes de responder al fuego, optaron solo por abrazarse a sus seres queridos. Las balas de los asesinos les dieron muerte sin escuchar los pedidos de clemencia que hicieron muchas de las víctimas. Los sobrevivientes fueron llevados a punta de bayoneta al hipódromo para ser embarcados por la fuerza de retorno a las salitreras.
Después se supo que los cónsules de Perú y Bolivia habían pedido a sus connacionales a abandonar la huelga y regresar a sus países, pero estos se negaron y reiteraron su decisión de permanecer unidos, pase lo que pase, hasta la victoria de sus reclamos.
Las autoridades chilenas ordenaron no expedir certificados de defunción de los fallecidos y los enterraron a todos en una gigantesca fosa común. Los restos fueron exhumados en 1940, treinta y tres años después y vueltos a enterrar nuevamente en el mismo lugar. (Mañana Capítulo XXVI: La mano homicida de los “chilenizadores” llega hasta Estados Unidos)
La Razón, Lima 21-07-2013
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