Pero el Congreso (Senadores), por presión de la clase oligárquica política y militar chilena, derogó el acuerdo de la Cámara de diputados e inició la acción terrorista llamada “chilenización” contra los patriotas de las provincias cautivas de Tacna y Arica
Por Víctor Alvarado
La clase oligárquica política y militar de Chile nunca tuvo el apoyo de la unanimidad de su pueblo en la guerra de despojo de territorios de Perú y Bolivia, como lo prueba el hecho del 26 de setiembre de 1898, a solo 15 años de las ocupaciones militares de las provincias peruanas de Tacna y Arica, la Cámara de Diputados chilena acordó sus devoluciones, sin pasar por la realización de un plebiscito tal como estaba acordado en el Tratado de Ancón de 1883. Pero, el Congreso (Senado) chileno derogó el acuerdo y acto seguido dio inicio al sanguinario proceso terrorista de “chilenización”, en base a asesinatos, desapariciones y deportaciones de peruanos patriotas, con el fin de cerrar toda posibilidad de que los territorios regresen al seno de la patria peruana.
Gobernaba el Perú entonces, por segunda vez, el presidente Nicolás de Piérola (1895-1899), el mismo que en 1880 abandonó a los patriotas de Arica negándole el desplazamiento regimiento del coronel Leiva, acantonado en Arequipa, el cual de haber llegado a tiempo podría haber evitado la derrota de Francisco Bolognesi y sus heroicos combatientes.
Piérola encargó al peruano ariqueño y ex salitrero Guillermo Billinghurst, posteriormente presidente de la república, a buscar un acuerdo con Chile, consiguiendo éste suscribir en 1898 el protocolo Billinghurst- Latorre, que acordaba la realización del postergado plebiscito en Tacna y Arica, para que sus poblaciones decidan si retornan al Perú o se quedan con Chile, según bases arbitradas por la reina de España.
El protocolo Billinghurst-La Torre fue aprobado rápidamente por el Congreso peruano, seguro de que el proceso le sería favorable, pero no sucedió lo mismo con el chileno. Sin embargo, la procesión caminaba por dentro en el Congreso chileno, produciéndose inesperadamente el acuerdo de la Cámara de Diputados, pronunciándose por las devoluciones de Tacna y Arica.
PROCESIÓN CÍVICA
La noticia de que el gobierno chileno devolvería las provincias de Tacna y Arica originó una explosión popular de júbilo en Arica conforme fue narrada el 28 de setiembre por el diario peruano “Morro de Arica”, donde se puede leer textualmente:
“La manifestación hecha por el pueblo ariqueño el día de anteayer, pone una vez más de manifiesto cuánto anhela por conseguir pronto su libertad. La noticia de la aprobación del protocolo Billinghurst- Latorre por la Cámara de Diputados, en Chile... Desde ese momento, todo fue alegría, se sucedían los vivas al Perú, en medio de un atronador ruido producido por el sinnúmero de cohetes que se quemaban en toda la población, así como las campanas echadas al vuelo”.
En la noche se verificó una hermosa procesión cívica con la banda del pueblo a la cabeza y llevando una bandera peruana. Ésta terminó después de recorrer las principales calles de la población en la plazuelita que existe en la calle del 28 de julio, donde se obsequió al pueblo con vino y cerveza, hasta las doce de la noche que se disolvió”.
El alborozo popular de los pueblos de Tacna y Arica terminó en una desazón, luego de que el Congreso chileno prolongó por largo tiempo el pronunciamiento y luego de asegurarse de tener una mayoría para derogarlo, la facción de los “halcones” o “duros”, el pleno del Congreso chileno, por mayoría, aprobó el rechazo del protocolo de devolución, luego de lo cual las autoridades chilenas pusieron en práctica un plan terrorista conocido en la historia como la “chilenización de Tacna y Arica”.
De haber sido ratificado por el Congreso el acuerdo de la Cámara de Diputados, con seguridad se habrían resanado las grietas insalvables abiertas por los incumplimientos de los tratados por parte de la clase oligárquica política y militar chilena.
Pero antes de este desilusionante desenlace, hubo otros esfuerzos para hacer realidad los esperados plebiscitos en Tacna y Arica, conforme a lo ordenado por el Tratado de 1883, entre los cuales se contaron la gestión del Ricardo Ortiz de Zevallos, canciller de Piérola, quién propuso a Chile la devolución de Tacna y Arica, a cambio del pago de una fuerte indemnización para ser pagada en un plazo dado, y si este pago no se producía, las dos provincias serían devueltas a Chile. Pero, Piérola desautorizó su propuesta.
BURLAS CHILENAS
El quid del problema era determinar quiénes tenían derecho a votar en el plebiscito, si se tiene en cuenta que el gobierno chileno contaba con los votos de chilenos e ingleses sembrados deliberadamente en los territorios peruanos para lograr una victoria en las urnas, a lo que se oponía el Perú porque se trataba de personas que no tenían residencia estable y conjuradas para votar contra el retorno de las provincias cautivas al Perú.
Respecto a las indemnizaciones y ocupaciones de territorios, en un momento hubo acuerdo, luego no ratificado, en que el país que perdiera en la consulta se quedaba con alguna porción del territorio en disputa y en este caso se debía reducir el monto de la indemnización, porque no se perdería el territorio completo.
En realidad, Chile no tenía ninguna intención de convocar el plebiscito e insistía en propuestas absurdas como que el Perú renuncie a Tacna y Arica a cambio de recibir una indemnización de 14 millones de pesos más la devolución del Monitor Huáscar, y luego que si el Perú insistía con el plebiscito debía pagar además cinco millones de pesos por los reclamos hechos por chilenos perjudicados durante la Guerra del Pacífico.
Luego, Chile, en el colmo de su perjurio, amenazó abiertamente con ceder sus derechos en el Tratado de Ancón a Bolivia; más adelante, luego de la firma del siguiente Tratado de Lima de 1929, trató vanamente de concretarlo en conversaciones secretas con las autoridades bolivianas, sin conseguirlo, por la recia oposición peruana sustentada en el artículo tercero de este tratado que prohíbe cualquier cesión de territorio de Arica a terceros, sin el acuerdo de las partes.
A fines de 1890, la clase oligárquica política y militar, en vista de la presión peruana decidida para obtener la convocatoria del plebiscito, puso en práctica una sistemática acción terrorista, cuyo objetivo era imponer un plebiscito a su manera, mediante agresión y eliminación física, y las deportaciones y destrucción de bienes de los plebiscitarios, con la finalidad de que voten solo los chilenos ocupantes de los territorios.
La Razón, Lima 02-07-2013
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