El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha recurrido reiteradas veces al Tribunal Constitucional (TC) durante su mandato para impugnar proyectos presentados por parlamentarios de oposición, sin importar que estos hayan sido aprobados por ambas cámaras del Congreso. Y esta semana volvió a la carga.
Su Gobierno anunció que analiza impugnar ante el TC el proyecto de reforma constitucional impulsado por parlamentarios de oposición que crea un impuesto para los más ricos, con el fin de ayudar a las familias más vulnerables durante la pandemia.
Como el TC es considerado uno de los órganos más conservadores del país, Piñera ha tenido en general buenos resultados en esta instancia. Pero esa racha se frenó en abril de este año cuando intentó parar el tercer retiro anticipado de pensiones, uno de los proyectos más populares del último tiempo.
El TC le dio un portazo en la cara y no aceptó la admisibilidad del recurso del mandatario, creando una crisis política que tiene a Piñera con menos del 10% de apoyo en las encuestas.
No obstante, Piñera repetirá su jugada, argumentando en este caso que solo el presidente de la República puede redactar legislación en materia de impuestos, mientras los diputados opositores argumentan que esta no es una legislación, sino una reforma constitucional.
El camino del mandatario luce complejo. El proyecto tiene más de 80% de apoyo ciudadano (última encuesta de Activa Research) y el 21 de abril la Cámara de Diputados se abrió a debatirla con 105 votos a favor y 18 en contra. Es decir, gran parte de los parlamentarios oficialistas piensan que esta es una materia que sí puede discutir el Congreso.
Lo que Piñera no explicita es que si se aprueba el proyecto, él será uno de los 1.400 millonarios del país que deberá imponer, ya que su fortuna está considerada dentro de las cinco más grandes de Chile.
REUNIENDO MILLONES
La reforma establece que todas las personas que hasta el 31 de diciembre de 2019 tenían una fortuna igual o superior a 22 millones de dólares deberán pagar por única vez un impuesto de, 2,5% de su patrimonio neto (activos menos pasivos).
Se calcularán todos los bienes de una persona, como viviendas, oficinas, tierras, yates, aviones, acciones, joyas, objetos de antigüedad, etcétera.
Según las estimaciones de los diputados impulsores de la medida, serán 1.409 millonarios los que deberán pagar esta cantidad, y se proyecta que esto podría significar una recaudación fiscal entre 4.000 y 5.000 millones de dólares.
Ese dinero deberá utilizarse exclusivamente para ayudar a las familias más vulnerables que se vieron afectadas por la crisis sanitaria, y la idea principal es crear una renta básica de emergencia.
Aunque el presidente Piñera se ha negado constantemente a revelar la totalidad de su patrimonio, la revista económica internacional Forbes publicó este año su ránking de fortunas mundiales donde el mandatario chileno ocupa el puesto 1.064 en el planeta, con un patrimonio de 2.900 millones de dólares. Este dinero estaría anclado principalmente en el mercado financiero.
En el caso hipotético de que todo el patrimonio de Piñera esté en Chile y que la fortuna calculada por Forbes ya tenga sus pasivos restados, el jefe de Estado deberá contribuir con 72,5 millones de dólares a las arcas fiscales.
Los redactores de la medida afirmaron que pagar este impuesto no será de mayor dificultad para el mandatario ya que, según Forbes, Piñera fue de los pocos chilenos que incrementó su patrimonio durante la pandemia. Más de 300 millones de dólares creció su fortuna entre marzo y diciembre de 2020.
CONFLICTO DE INTERÉS
Para Luis Rocafull, diputado del Partido Socialista (centroizquierda) y uno de los firmantes de la iniciativa, el hecho de que Piñera acuda al TC para impugnar y que él mismo sea uno de los 1.400 afectados por el impuesto, genera un conflicto de interés directo que lo inhabilita.
"El presidente bajo ningún punto de vista puede acudir al TC en este caso porque se produciría un conflicto de interés. No nos parece que el mandatario abuse de estos subterfugios para frenar iniciativas e incluso, si insiste con esto le podría costar una acusación constitucional por notable abandono de deberes", dijo a Sputnik el parlamentario.
Rocafull explicó que la motivación para crear este proyecto nace de dos fuentes, el movimiento del estallido social en octubre de 2019 y la crisis económica y sanitaria de la pandemia del covid-19.
"El descontento social que quedó en invidencia con el estallido social responde en gran parte a la desigualdad económica. Y además, todo esto se acentúa hoy, que llevamos casi dos años encerrados. El presidente tiene que entender que si insiste en impugnar puede crear nuevas crisis sociales, y que estos recursos son necesarios para muchas personas", cerró.
El proyecto está siendo analizado actualmente por las distintas comisiones Cámara de Diputados y durante los próximos días será votado en la Sala del organismo. Posteriormente pasará al Senado y de aprobarse, se despachará a la oficina de Piñera. Desde ese momento, el presidente tendrá 10 días para decidir si lleva o no la iniciativa al TC. Con información de Sputnik
