La denominada novena adenda, cuarta versión del contrato de concesión de Cálidda, que el gobierno pretende firmar este 24 de febrero, NO es un ajuste técnico ni responde a una urgencia nacional.

Consultado el ingeniero especialista Antonio Gamero Márquez, dio las siguientes luces:

“Es una decisión política que especialistas y Osinergmin tildan de ilegal y además irresponsable, que compromete la real masificación del gas natural en la Macroregión Sur (+/- 6 millones de habitantes) y el desarrollo del Gasoducto Sur Peruano, debilita la Seguridad energética y consolida un esquema de beneficio extraordinario para una empresa privada, a costa de millones de peruanos del sur.

¡Turbia prórroga!

Esta adenda se pretende firmar ¡siete años antes del vencimiento de la concesión vigente (2033)!, con el objeto de prorrogarla por diez años adicionales hasta el 2043, sin debate público, sin evaluación integral y sin responder a una necesidad real del país, sin licitación.

¿Qué prisa hay? ¿Qué justifica firmar hoy una prórroga que recién debería evaluarse por lo menos dos años antes del vencimiento de la concesión?

Se pretende evitar el Concurso público y que Cálidda se asegure el negocio de Lima y Callao hasta el 2043, su principal fuente de ingresos, cautelando sin concurso la continuidad de la concesión, bajo el “argumento” que invertirá en la supuesta masificación del gas con camiones (gas virtual) en el Proyecto 7 Regiones (Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac, Ucayali, Huancayo y Huancavelica).

¿Cuál, la principal amenaza?

El Estado peruano estaría renunciando, de manera ilegal, claudicante y vergonzosa, por adelantado y sin debate nacional, a una política energética soberana para el sur del país, entregando el control del proceso de masificación del gas natural a un operador privado, cuyo objetivo principal es preservar y ampliar su negocio de manera monopólica y no desarrollar integralmente el territorio.

Adenda con trucos

No masifica el gas, administra escasez. No integra regiones, las fragmenta. No construye futuro energético, lo posterga. Bajo el discurso de “llevar gas a siete regiones lo antes posible”, se consolidaría un esquema de “gas virtual” limitado (solo 161,000 conexiones en 10 años), lento y selectivo, con tarifas hasta 2.5 veces más altas que Lima, con lo cual no se podrá transformar la matriz energética del sur peruano.

Servilismo hasta 2043
El plazo propuesto no es neutro ni técnico. Prorrogar la concesión sin concurso hasta el 2043 significa, ilegalmente, atar al país por casi dos décadas a un modelo que:

-Bloquea proyectos estructurales como el Gasoducto Sur Peruano que es la única alternativa para una verdadera masificación por tuberías como en Lima y en todas partes del mundo y condiciona cualquier alternativa futura a los intereses monopólicos del concesionario.
-Consolidará un monopolio territorial, con sus empresas contratistas, trabajadores, excluyendo a las empresas e instaladores nacionales a quienes solo entrega trabajos residuales.
-Firmar la adenda de Cálidda significará cerrar la posibilidad de desarrollar la ansiada Política de Industrialización que reclama la Macrosur, por una generación completa.

¡Soberanía del Perú!

Perú debe defender su soberanía energética para:

-Garantizar seguridad y eficiencia energética, especialmente en la Macrosur y regiones productoras como Cusco.
-Una visión de integración energética nacional, no soluciones parciales ni satelitales.
-El derecho de las regiones del sur a acceder al gas natural en igualdad de condiciones con Lima y Callao, para viviendas, comercios, transporte y ansiado desarrollo industrial.
-El gas de Camisea no es propiedad de una concesionaria. Es un recurso estratégico de todos los peruanos para también combatir el friaje que todos los años causa cientos de muertes de personas y del ganado, así como pérdida de cosechas.

Negociado

Adenda beneficia directamente a Cálidda, que asegura con anticipación, la continuidad de su negocio más rentable (Lima y Callao) y expande su control territorial con mínima inversión y bajo riesgo e ingresos garantizados por 10 años más, y no pagará por el usufructo de toda la infraestructura de su concesión que el 2033 pasará a poder del Estado peruano.

Esquemas empresariales asociados que allanan el camino para la futura adenda de TGP Extensión Sur (gasoducto costero), replicando un modelo excluyente, fragmentado y funcional al negocio privado.

Patrón se repite

-Se limita el alcance del desarrollo energético. Se justifica la supuesta “imposibilidad” de un gasoducto macroregional que ya tiene una inversión privada de +/- US$ 1,700 millones y un avance del 37%; y que llegará a 12 provincias de las 6 Regiones del Sur.
-No entienden que las Centrales Térmicas de Mollendo e Ilo requieren gas natural para producir electricidad a bajo costo, que para eso se construyeron hace más de 10 años y así financiar la construcción del Gasoducto Sur Peruano.
-Se justifica la supuesta “imposibilidad” de reiniciar el gasoducto macroregional y se impone una solución fragmentada, costosa, permanente, poco transparente y que también fue objetada por Osinergmin, Informe 284-2025-GRT-GSE-OS Ampliacion Cálidda”.