La controversia por el proyecto minero Conga, de la empresa Yanacocha, ya tiene meses de duración, continúa el paro regional del pueblo cajamarquino y cada vez más se sienten efectos negativos para el país.
Para empezar, como es público y conocido, el presidente Humala profundiza su cambio de opinión en lo referente a la minería en Cajamarca y en el resto del país. No solamente expresa opiniones y toma decisiones contrarias a lo que ofreció en la campaña electoral. Además de eso, ahora el gobierno moviliza la fuerza armada para que oprima a la población que se opone a la destrucción de lagunas y deterioro de tierras que preparan las mineras.
Esta conducta de ofrecer una cosa en tiempo de elecciones y hacer lo que le venga en gana una vez electo nos hace ver las limitaciones de nuestra legislación, que aún no contempla los delitos políticos; ya es tiempo de poner orden. Si entre personas el engaño o estafa es traición y delito grave, con mayor razón lo es si el engaño afecta a millones de ciudadanos que han puesto su fe y esperanza en la palabra de un candidato. En un clima de falta de valores, hoy ningún político se siente ni moral ni legalmente obligado a respetar a sus electores. No tenemos lo que entre anglosajones se llama accountable governance, esto es, gobierno o gobernanza que rinde cuentas.
Fuerza armada
Según la Constitución, el deber fundamental de la Fuerza Armada es velar por la integridad territorial del Perú y asegurar que se mantengan las líneas de frontera definidas por tratados internacionales (todas nuestras fronteras se ajustan a los tratados de límites que el Perú ha firmado con otros países). ¿Corresponde a la fuerza armada ocuparse del mantenimiento del orden interno?
Veamos. Cuando los ciudadanos se movilizan en defensa de sus derechos, como es el caso de Cajamarca y Espinar, la prevención de desmanes corresponde a la Policía Nacional, no a la Fuerza Armada. Pero ¿qué sucede en realidad? Como la oposición de la ciudadanía cajamarquina es grande ante los abusos de la minería destructora del medio ambiente, el presidente calcula que la Policía Nacional no será suficiente para que los cajamarquinos se resignen a soportar los abusos de la minería y del gobierno; entonces decide enviar militares a las zonas de reclamo popular.
Lo grave es que el gobierno utiliza a la fuerza Armada que —para defender los intereses particulares de las empresas mineras— controla abusivamente a la población civil, la cual enfrenta a la fuerza armada como a una fuerza extranjera de ocupación. Y para que las cosas sean peores, esta movilización militar ocurre flagrantemente cuando la Fuerza Armada del Perú tolera la invasión chilena de 36 000 m2 de tierra tacneña. La Fuerza Armada del Perú no ha opuesto resistencia a los chilenos, que se han apoderado de ese territorio tacneño sin disparar un tiro.
¿Qué pasa…?, ¿nuestros militares tienen ánimos, entusiasmo y bravura solamente cuando se trata de reprimir a nuestros compatriotas pero les invade el espanto cuando deben enfrentar a los rateros chilenos?
Todos los peruanos, no solo los cajamarquinos, esperamos que la Fuerza Armada del Perú responda de manera tajante, con hechos, a esta afrenta chilena contra la integridad territorial del Perú. No queremos comunicados ni declaraciones ambiguas ni anuncios de que los noruegos van a desminar territorio peruano, lo cual solo favorece al enemigo chileno: exigimos que desalojen a los delincuentes chilenos y que tiendan una alambrada del punto Concordia al hito N.o 1. Solamente esta acción de tendido de la alambrada podrá demostrar a todos los peruanos que nuestros militares cumplen su deber.
Mientras tanto, ¿qué hacen los militares en Cajamarca y Espinar dejando a los chilenos como dueños y señores de esta tierra tacneña?, ¿por qué se ponen los militares al servicio directo de la minería y de la invasión chilena? El gobierno y los militares no saben o no comprenden, no quieren comprender, que dejar el Triángulo de Tacna a los chilenos y enviar la Fuerza Armada a Cajamarca y Espinar se ve como un abandono de nuestro territorio y una huida por miedo a los chilenos. O sea que los militares peruanos son buenos para ajochar y perseguir a ciudadanos peruanos, pero se hacen los locos y salen disparados cuando aparecen los rateros chilenos que sí tienen cómo defenderse.
Personajes corruptos al servicio de la minería podrán decir “La cantidad de gente que se moviliza es muy fuerte, la población está agitada; la Policía no podría hacerlo sola”. En primer lugar, no aceptamos esa lógica, según la cual, si no puede la policía, va la fuerza armada; eso se comprende en el caso del narcoterrorismo, que son gente armada que desarrolla una estrategia militar. Pero los ciudadanos de Cajamarca y Espinar no están armados ni son una amenaza para la seguridad nacional.
¿Cómo se debe tratar la movilización ciudadana? ¿Con la Policía Nacional? No. ¿Con la Fuerza Armada? No. Simplemente esto se resuelve con respeto y justicia. De una vez que cese el gobierno de provocar a la ciudadanía, que deje de actuar como un agente armado de la minería. El pueblo eligió a Ollanta Humala para defenderse de la minería destructora; entonces, que la minería se realice solamente si un referéndum de las regiones Cajamarca y Cusco acepta la actividad minera. Eso es democracia, eso es respetar la voluntad popular.
Subversión minera del orden institucional
Vemos que por defender a la minería destructora del medio ambiente, se han movilizado los militares, sin responder a nadie por lo que pasa con la invasión del Triángulo de Tacna. En suma, la Fuerza Armada deja su función principal de mantener incólumes nuestras líneas demarcatorias de frontera y se va a mantener el orden público, que es tarea de la Policía. En esta situación de alteración de funciones, ¿están esperando que la Policía Nacional se haga cargo del cuidado de las fronteras y bote a los delincuentes chilenos?, ¿o los botará el gran bonetón?
Eso no es todo. En una muestra de desprecio a la voluntad popular, el gobierno central —experto en congelar las partidas presupuestales de las regiones y gobiernos locales que reclaman sus derechos— ha reunido el jueves 28 en palacio de gobierno a 65 alcaldes distritales de Cajamarca que, por la coerción, pasan de ser defensores de su pueblo y del medio ambiente, a defensores y chulillos de la minera.
Y habría que preguntar de dónde ha salido el dinero para pasajes y estadía de los alcaldes: ¿de una partida del gobierno central destinada a torcer la voluntad popular?, ¿de la minera destructora que se beneficia con el proyecto?, ¿del bolsillo de los mismos alcaldes?
Es obvio que los ofrecimientos de hacer pistas, obras de agua y desagüe, o construir escuelas u hospitales son una burda ofensa contra el pueblo cajamarquino, que sabe que la realización de esas obras es una obligación del estado peruano; es un derecho de los cajamarquinos (y espinareños), no un premio a la traición de los alcaldes. ¿El Perú bueno y que progresa se alza sobre la ruina moral de las autoridades serviles y traidoras? He allí el gobierno central de Lima, envileciendo a los provincianos.
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