La abogada Beatriz Mejía y el economista Manuel Lajo acusan penalmente a miembros de organismo electoral por permitir candidatura de Keiko pese que cometió la misma falta que Acuña.
La abogada Beatriz Mejía presentó una denuncia penal contra los miembros del Jurado Nacional de Elecciones por lo que considera actos fraudulentos en las elecciones del 2016, y además se propone llevar el asunto hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la denuncia, Mejía sostiene que el fraude electoral comenzó con la convocatoria a las elecciones en noviembre del 2015, dando lugar a elecciones internas en cada partido, las cuales, en su mayoría, fueron simulacros de elección.
Sostiene que fueron silenciadas las denuncias de simulación, fraude y cuanta irregularidad gesta la cultura política perversa y se proclamaron a los candidatos.
Relata que el Registro de Organizaciones Políticas observó la falta de cumplimiento de los requisitos legales de la conformación del Comité Electoral Nacional del partido “Todos por el Perú”, cuyo candidato presidencial era Julio Guzmán, fue excluido del proceso electoral, pero no hizo lo mismo con el partido fujimorista Fuerza Popular.
ACUÑA Y KEIKO
Sobre César Acuña, en la demanda dice que fue excluido del proceso, por haber incurrido en entregar dinero a los electores, transgrediendo el art. 42 de la nueva Ley 30414, que constituye delito de corrupción de la voluntad electoral, tipificado por el art. 356 del Código Penal, pero por el mismo delito e infracción a la misma ley, Keiko Fujimori, fue mantenida en el proceso.
Beatriz Mejía sostiene en su amplia y detallada denuncia, que los argumentos forzados de las resoluciones de los órganos electorales para mantener en la contienda a quienes debió sacar por los mismos fundamentos legales que excluyó a otros, han expuesto la absoluta falta de imparcialidad de estos organismos llamados a garantizar elecciones libres y democráticas.
Sostiene que, por tanto, los peruanos no hemos asistido a un proceso electoral justo, sino teñido de arbitrariedades y de imposiciones de candidatos en contra del texto claro y expreso de la ley, recibiendo el lesivo mensaje, que no importa la ley, cuando de algunos candidatos se trata, los cuales gozan de protección especial.
Mejía argumenta que este proceso de dación de leyes que vulneran derechos fundamentales de todos los ciudadanos, constituyen actos flagrantes de abuso de autoridad, que tampoco el Ministerio Público investiga de oficio.
LOS DELITOS
En la demanda, Beatriz Mejía argumenta que se ha producido el delito de prevaricato al permitir la postulación de Keiko Fujimori, pese a haber incurrido en la entrega de dádivas prohibida y que motivó la exclusión del candidato César Acuña Peralta por el mismo JNE.
Explica que existe el agravante de haber cambiado el sentido de la ley, bajo la pretensión de establecer “criterios jurisprudenciales” para su aplicación acomodada a los intereses de mantener en la contienda a la candidata Fujimori. En este caso los responsables son Francisco Tavara Córdova, Jesús Fernández Alarcón y Jorge Rodríguez Vélez.
También se configura el delito de abuso de autoridad por el favorecimiento indebido a la candidata Keiko Fujimori, manteniéndola en la contienda electoral, a pesar de haber incurrido en la transgresión del art. 42 de la ley 28094 modificada por ley 30414, entregando dinero a los votantes en concursos de hip hop organizados por el partido Fuerza Popular.
Según la demanda los responsables son Francisco Távara Córdova, Jesús Fernández Alarcón, Jorge Armando Rodríguez Vélez, Manuel Miranda Alcántara, María Loayza Gárate y Edith Vargas Chojeda.
También se ha incurrido en el delito de encubrimiento real (art. 405 del código penal) por ocultar las pruebas del delito de corrupción de la voluntad electoral cometido por la candidata Keiko Fujimori, bajo la vigencia del art. 42 de la Ley 28094 modificado por la ley 30414 y art. 356 del Código Penal, haciéndolos pasar en sus resoluciones como actos de terceros no sancionables con la exclusión de la indicada candidata, como sí lo hicieron en el caso del candidato César Acuña.
Mejía explica que esta conducta tiene el agravante que la candidata Fujimori ha venido cometiendo estos delitos sistemáticamente a lo largo de 10 años, delitos que también han sido encubiertos por las resoluciones cuestionadas 310-2016-JNE y 011-2016-JEE-LC1/JNE al omitir un pronunciamiento respecto a los antecedentes de la conducta ilícita de la candidata.
Siendo los responsables Francisco Távara, Jesús Fernández Alarcón, Jorge Armando Rodríguez Vélez, Manuel Miranda Alcántara. María Loayza Gárate y Edith Vargas Chojeda.
Otro de los delitos que se imputa en la demanda es Omisión del deber de denunciar el delito, (art. 407 del Código Penal). La abogada sostiene que la corrupción de la voluntad electoral en que ha incurrido la candidata Keiko Fujimori y los demás candidatos de su partido Fuerza Popular, son hechos públicos y notorios, pues han venido repartiendo dádivas con evidente propósito de comprometer la voluntad electoral de la población en todo el país: desde hace 10 años.
La demanda dice que se advierte la decisión del máximo organismo de no excluir a la candidata Fujimori (cuando debería haberlo hecho) y solo sancionarla con el pago de una multa.
Los responsables serían Francisco Távara Córdova, Jesús Fernández Alarcón, Jorge Rodríguez Vélez, Manuel Miranda Alcántara, María Loayza Gárate y Edith Vargas Chojeda.
Miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
FRAUDE ELECTRÓNICO
El escrito fundamenta que de manera sospechosa se ha silenciado las denuncias periodísticas de ciudadanos indignados por haber encontrado que alguien ya votó por ellos en el sistema electrónico, otros que abrieron la cédula de votación y la encontraron ya marcada con el voto por Fuerza Popular.
Mejía advierte que otros delitos contra la voluntad electoral, demuestran la ejecución de un plan de defraudación, minuciosamente planificado por el partido Fuerza Popular con la complicidad de personal de ONPE, ya que coincidentemente, todos estos actos delictivos estaban favoreciendo la votación de sus candidatos.
Dicho plan que por sus características requería la colaboración de funcionarios y empleados de ONPE, revela algo que debe ser objeto también de investigación fiscal: el fraude electrónico manifiesto en la alta votación de la candidata Fujimori y de sus candidatos al Congreso, la mayoría de los cuales son desconocidos, no habiendo podido alcanzar el voto preferencial que aducen los resultados proclamados por el ente electoral.
ABUSOS
La abogada Beatriz Mejía dijo que además del evidente prevaricato, se ha producido un flagrante abuso de autoridad por el cual nos están obligando a todos los peruanos a asistir a elecciones generales fraudulentas.
Por tanto, hace un pedido al Fiscal de la Nación, para que asuma el reto de ser la garantía para 32 millones de peruanos, que actos de esta naturaleza no queden impunes.
ADEMÁS
Beatriz Mejía dijo que “los peruanos no debemos permitir que el fraude se instale como forma aceptable de convivencia social en el Perú; denunciarlo e impedirlo es nuestro deber y luchar por cambiar esta lamentable realidad”, señaló.
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