La Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera inició una investigación preliminar contra el ministro de Defensa Walter Ayala y quienes resulten responsables por las presuntas presiones ejercidas para ascender de forma irregular a recomendados en las Fuerzas Armadas.
Además del ministro, la investigación comprende al secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, acusado por el excomandante del Ejército de haberse inmiscuido en asuntos que no le competen para favorecer a recomendados y presionar a los entonces comandante general del Ejército José Vizcarra y comandante general FAP Jorge Chaparro Pinto.
Los delitos que se habrían perpetrado son abuso de autoridad y patrocinio ilegal, tipificados y sancionados en el Código Penal.
La Fiscal de la Nación aseguró que o tomó esta decisión luego de realizar un exhaustivo y riguroso análisis de todas las declaraciones públicas formuladas por los ex altos oficiales, así como del titular de Defensa, en torno a los últimos ascensos en las Fuerzas Armadas.
El Ministerio Público es el titular exclusivo de la acción penal y la Fiscalía de la Nación está facultada para realizar investigaciones a los altos funcionarios del Estado que tienen la prerrogativa del antejuicio constitucional y que están señalados expresamente en el artículo 99 de la Constitución.
No obstante, la investigación preliminar alcanzará al secretario general del Despacho Presidencial, Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, quien, aunque no figura entre los funcionarios señalados en el párrafo anterior, ha sido incluido en este caso por el principio de unidad de la investigación, en concordancia con los principios de economía y celeridad procesal, al amparo del artículo 65.4 del Código Procesal Penal, que faculta al Ministerio Público a establecer la estrategia más adecuada para el caso.
En los próximos días, el Ministerio Público recogerá los testimonios del ministro Walter Ayala, del secretario general Bruno Pacheco, y de los ex comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú, José Vizcarra Álvarez y Jorge Chaparro Pinto, respectivamente, entre otras diligencias.
