La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación preliminar contra la fiscal de la Nación Patricia Benavides, por las sospechosas movidas que dispuso en el equipo especial Cuellos Blancos. Sin embargo, falta que la JNJ la investigue por el cambio del fiscal que investigaba a su hermana, una jueza acusada de proteger a narcotraficantes a cambio de dinero.
En lugar de respetar la decisión de la JNJ, pues todo funcionario público puede ser investigado, Benavides acusó a la JNJ de tomar una decisión ilegal y arbitraria.
“Acabo de tomar conocimiento de que, en un acto ilegal y arbitrario, la JNJ ha dispuesto abrir investigación preliminar en mi contra por hechos presuntamente irregulares como que los cambios en la conformación del equipo especial Cuellos Blancos obedecería a las presuntas comunicaciones telefónicas de mi persona. Al respecto quiero expresar a toda la ciudadanía que la resolución de la JNJ es nula puesto que como he dicho en más de una oportunidad, y se cuenta con los informes técnicos, el equipo especial Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino, al contrario, ha sido reforzado”, dijo Benavides en su mensaje.
Según Benavides Vargas, la disposición de la JNJ “constituye la consumación de los ataques iniciados desde que tomé la decisión de investigar al poder político"
Benavides se cree intocable y engaña a la ciudadanía al ampararse en una medida cautelar de la CIDH, la cual fue para brindarle protección a su integridad, es decir, protección física, pero no se trata de un blindaje para impedir que se le investigue.
Ella dice que corre riesgos “valorados por la CIDH que me otorgó la medida cautelar para garantizar mi función como fiscal de la Nación”.
“Abrir investigación a todas luces ilegal solo puede ser un acto de amedrentamiento y obstrucción a mi función fiscal. No quiero pensar que esta decisión obedece a los resultados que va obteniendo el equipo especial Cuellos Blancos en que los próximos meses concluirá con la transcripción de los audios de contenido penal. Tampoco quiero pensar que esta decisión se debe al contexto en que se ha solicitado la prisión preventiva contra el expresidente Castillo por actos de corrupción y que se investiga a altos funcionarios del actual gobierno por violación a los derechos humanos y corrupción", alega la investigada fiscal.
