La muerte de una escolar de 11 años de edad llena titulares mientras se espera el resultado de las investigaciones sobre los hechos y sobre los análisis toxicológicos, pero este hecho evidencia la ausencia del Estado para prevenir casos como éste, pues desde hace años se conoce de retos virales y de pastillas en los colegios.
Retos virales
Los retos virales son producto de la estupidez o maldad de ciertas personas que los difunden sabiendo que en estos juegos caerán personas vulnerables como menores o jóvenes desinformados o con escasa autoestima e inteligencia.
A los gigantes de internet no les interesa prohibir estos vídeos, pese al riesgo mortal y más bien se enfocan a prohibiciones políticas o de defensa de grandes intereses como las grandes farmacéuticas. Así hemos visto cómo se censuraron tratamientos exitosos contra el covid de fármacos baratos, debido al interés de transnacionales estadounidenses o europeas. Así también censuran hechos sobre la guerra en Ucrania y otros.
Por ello no se puede esperar nada bueno de estas grandes compañías de internet pues estas plataformas son usadas no sólo para retos virales, sino para la trata de personas, incluyendo menores, estafas y otros.
Inacción del Minedu
Conociendo este panorama el Minedu no tiene planes para prevenir que los escolares caigan en manos de estos retos, de traficantes de personas, de pervertidos sexuales o que adquieran drogas y otros peligros que abundan en internet.
La acción del Minedu es necesaria porque hay padres que conocen poco de esto debido a la brecha generacional en tecnología digital, sumado a que debido al trabajo se les escapa el control de los menores. La familia nunca será suficiente, por ello el Estado, que actúa con personal pagado por todos los peruanos, tiene la obligación de realizar planes de prevención.
Por ello, desde los primeros años escolares, los alumnos deben estar preparados no sólo para conocer los peligros de internet, sino para saber cómo evitarlos, mediante cursos que deben impartirse en los colegios.
Pastillas y drogas en los colegios
En los colegios, incluso desde antes de que aparezca internet, circulan pastillas y hasta drogas, sin embargo el Minedu no ha realizado acciones preventivas.
Urge desarrollar métodos para combatir estos delitos. El Minedu, junto con la Policía, deben entregar a la ciudadanía un portal y una línea para que escolares, padres o profesores denuncien cuando se haya detectado que hay estudiantes que distribuyen pastillas o drogas. También cuando se conozca de un lugar ilegal de expendio de estos productos no sólo en el colegio, sino en cualquier local o en internet.
Debe haber protocolos para que los denunciantes sepan qué hacer. Por ello, la Policía debería crear un portal de denuncia de estos casos para que, en cuanto se detecte que un alumno ha llevado estos productos a un colegio, los profesores, escolares o padres notifiquen a la Policía para que realice las investigaciones: saber qué clase de pastilla o droga es y la red de distribución que está detrás del alumno que introduce estos productos en el colegio, para llevar los casos hasta dar con los responsables en la cárcel.
Acción deficiente de la Policía y el Minsa
Desde hace décadas se conoce que hay antros como “El hueco”, “Capón center” y otros donde se expenden fármacos adulterados, sin almacenamiento sanitario debido, vencidos o sin receta médica, lo es una actividad criminal. Las operaciones de la Digemid, municipalidades y la Policía son esporádicas, pero los resultados son nulos, porque cada vez que incautan productos y clausuran un negocio, al día siguiente se abren otros similares, de modo que se requiere no solo control más seguido, sino otras medidas permanentes.
Además es necesaria mayor acción contra el contrabando. Las mafias en las fronteras, principalmente la compartida con Bolivia, son usadas para el tráfico no sólo de fármacos adulterados o prohibidos, sino de toda clase de mercadería ilegal, desde ropa usada que puede transmitir enfermedades hasta vehículo robados, droga y armas. Todo apunta a que no sólo se trata de contrabandistas, sino de mafias enquistadas entre las autoridades encargadas de dichos controles, pues deben no sólo fiscalizar los pasos oficiales, sino actuar en pasos no oficiales usados para el tráfico ilegal, principalmente en Puno.
Esperemos que este no sea un caso más de titulares del momento y después olvido e inacción.
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